Por Ana Castañuela
Con 6 votos en contra y 19 a favor el Congreso aprobó la reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, presentada por el diputado del PRI Eduardo Olmos Castro.
La reforma al artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso señala que la Junta de Gobierno será presidida por la diputada o diputado que designe el Grupo Parlamentario que cuente con el mayor número de diputaciones en el Congreso, siempre y cuando sea igual o mayor a una tercera parte del total de quienes integran la Legislatura.
Por lo que a partir del próximo año y durante 3 años el PRI presidirá la Junta de Gobierno pues para la legislatura entrante el partido va a contar con 10 diputaciones.
En caso de que ningún grupo parlamentario cumpla con lo señalado en el artículo 64 la presidencia de la Junta será ejercida de manera alternada y para cada año legislativo por los tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados y diputadas.
Además de ello, se reestructuró la temática de las comisiones permanentes del Congreso para reagrupar las diversas ramas con el fin de que las tareas legislativas sean atendidas y dictaminadas de forma integral.
Entre ellas destaca la agrupación de temas de la Juventud y Niñez, la creación de las Comisiones de Salud y Deporte, y Agua, Asuntos Municipales, Metropolitanos e Interestatales.
La diputada de Morena, Lizbeth Ogazón se presentó en contra de dicho decreto, pues «le quita la posibilidad a distintos partidos políticos que a través del voto que tuvieron en urnas tengan representación real dentro del Congreso» y aseguró que «se está modificando la ley a beneficio del PRI».
Por su parte, el diputado independiente Rodolfo Walls también se presentó en contra y aseguró que es «un robo de la Junta de Gobierno» para controlarla.
De igual manera, durante su intervención en contra del dictamen, la diputada Yolanda Elizondo de UDC aseguró que la modificación en la forma de dirigir la Junta de Gobierno «es una práctica totalmente antidemocrática y autoritaria», ya que «impone que el grupo mayoritario presida el órgano de Gobierno más importante después del pleno del Congreso».
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