Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
A un año del siniestro en la mina de El Pinabete, otra tragedia se desató: alrededor de las 12:30 horas del martes 18 de julio de 2023, en el ejido Mezquite, ubicado en el municipio de Sabinas, Coahuila, murieron dos mineros en un pozo de extracción de carbón, propiedad de Minera Fuga.
José Guadalupe Esparza Pérez, de 48 años, y Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29, perdieron la vida tras caer en un pocito de alrededor de 70 metros de profundidad, ubicado en la Mina Mezquite 1, debido a una falla en el equipo de trabajo y a las condiciones precarias en las que laboraban, pues se rompió el cable de acero que sujetaba la cabina en la que descendieron, lo que causó su precipitación.
El caso de Minera Fuga es el más reciente de los ocurridos en este sexenio. Entre algunos de los siniestros reportados durante la presente administración federal están el derrumbe de la mina Micarán, en Muzquiz, Coahuila, donde siete trabajadores murieron en junio de 2021, y el derrumbe e inundación por fuga de agua de la mina El Pinabete, un pozo clandestino donde perecieron 10 mineros, en agosto de 2022.
Oficio letal
En proporción a la extracción de carbón, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sumado más muertes de mineros si se compara con administraciones pasadas.
Datos de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) indican que durante la Cuarta Transformación han muerto 27 mineros para la extracción de alrededor de dos millones de toneladas de carbón anuales, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto murieron 28 mineros para la extracción de hasta 10 millones de toneladas al año.
“En proporción a la extracción de carbón han aumentado los muertos”, denuncia Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos.
La región carbonífera de Coahuila, comprendida por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, es la principal proveedora de carbón para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues posee aproximadamente 95% de las reservas carboníferas de México.
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Auerbach asegura que el incremento de las muertes de mineros derivadas de los siniestros se debe a que desde 2020 la CFE tomó la decisión de otorgar contratos de carbón a “pequeños productores”.
“La CFE entrega un mayor volumen de carbón a empresas precarias, con pozos y cuevas en malas condiciones, ya que el incentivo es muy perverso: si muestras que tienes un pozo o una cueva, te dan un mayor volumen; que si tienes una mina de mayor capacidad establecida”, denunció.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) es la responsable de la inspección de los pozos. Sin embargo, los contratos de carbón los otorga la CFE sin la intervención de la secretaría.
La OFPC expuso en un comunicado que el pozo de carbón de la empresa Minera Fuga fue inspeccionada en 2020 por el Servicio Geológico Mexicano, que, sin ser la autoridad competente en materia laboral, hizo la revisión de las minas para la asignación de contratos de la CFE.
El 18 de julio de 2023, mediante un boletín de prensa, la STyPS aseguró que el 31 de agosto de 2022 realizó una inspección de seguridad e higiene del pozo de la Minera Fuga, donde detectaron condiciones de riesgo para la vida, salud e integridad de los trabajadores, por lo que se decretó la restricción de su acceso y la limitación de su operación.
La dependencia federal aclaró que, desde entonces, no se llevó a cabo una nueva revisión ni se le dio seguimiento porque las medidas de prevención “aún se encuentran vigentes” y “cualquier operación de la mina se encuentra fuera de la ley”. Aseguró que procederá a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades.
“De agosto de 2022 a julio de 2023 pasaron meses en los cuales la CFE estuvo comprando ese carbón sin saber, o teniendo conocimiento y haciendo caso omiso, de que ese centro de trabajo estaba restringido por la Secretaría del Trabajo”, denunció Cristina Auerbach.
Mediante una publicación en redes sociales, la OFPC expuso que “no sirve el modelo de inspección de minas de carbón” actual, es ineficiente pues “los empresarios se burlan de las autoridades”.
“La Secretaría del Trabajo se lava las manos diciendo que sí la inspeccionó y que advirtió que no trabajara, y la CFE no dice nada”, agregó la directora de la organización.
Tragedias y ligas políticas
Entre irregularidades e impunidad, de 2011 a la fecha han ocurrido al menos 18 muertes en operaciones mineras ligadas al empresario Alfonso González Garza, el Mupo.
El primer siniestro ocurrió el 3 de mayo de 2011 en la minera BINSA, donde murieron 14 trabajadores y un adolescente resultó mutilado en el Pozo 3 del predio Santa María I.
La empresa Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV, (BINSA) estaba constituida por Melchor González Vélez, el Chorin, hijo de Alfonso González, y su esposa Hilda Griselda Montemayor Marines.
El Chorin operaba con la concesión minera que tenía en conjunto con su padre González Garza y su socio, el exgobernador y exdirector general de Petróleos Mexicanos Rogelio Montemayor Seguy, quienes pagaron por el título, la apertura de la mina y obras de exploración, pero que, sin embargo, no contaban con un estudio geológico.
Después del primer siniestro, Alfonso González continuó operando diversas concesiones y sumando tragedias: un año después, en mayo de 2012 en el ejido de Pueblo Nuevo, en Sabinas, falleció un minero a causa de la inundación del pocito en el que trabajaba.
En abril de 2017 un hombre de 53 años murió aplastado por rocas en la mina de El Mezquite, antes Alpha Prime, donde ocurrieron tres incidentes relacionados con piedras que cayeron del techo; una de ellas aplastó la columna vertebral de Lázaro Ernesto Villanueva Coronado, un joven de 19 años.
En ese mismo año la Secretaría del Trabajo restringió temporalmente el acceso a la mina de carbón El Mezquite. Sin embargo, poco después fue reabierta.
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De acuerdo con datos de la organización Familia Pasta de Conchos, la empresa Minera Fuga obtuvo de manera directa el contrato ADAAN-0035-2022, para la venta de 81 mil toneladas de carbón, por una cantidad de 113 millones 462 mil 337.60 pesos.
Además de ello, la organización expuso que Minera Fuga incumple en materia medioambiental, pues “dicho título no está inscrito en la Semarnat en las microrregiones que tienen autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental”.
El Mupo y su hermano Luis González Garza han gozado de diversas concesiones mineras, la mayoría en alianza con la familia del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy.
Ambos son distinguidos en la región carbonífera por sus nexos en la política, pero especialmente porque los pozos que operan carecen de las normas mínimas de seguridad para los mineros que laboran en ellos, además de omitir las obligaciones patronales.
Cancelación de pocitos
Luego del siniestro más reciente de Minera Fuga, el diputado federal Rubén Moreira Valdez insistió en redes sociales que hay una urgencia por “prohibir la extracción de carbón mediante la inhumana práctica de los pozos artesanales”.
Derivado del siniestro en El Pinabete, en 2022 el diputado presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para que los senadores movieran la minuta por la que se reforman algunas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, para prohibir la extracción artesanal en los pequeños pozos de carbón.
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Dijo que presentará un segundo Punto de Acuerdo en el que solicitará a la Comisión Permanente que se dictamine la minuta, pues el primero que presentó el año pasado se “quedó en la congeladora”.
Detalló que en Coahuila, el mayor productor de carbón, existen diversas maneras para extraer el mineral, y la que se hace en pozos pequeños “es la más peligrosa”.
Ante este escenario de accidentes, Cristina Auerbach considera que la Secretaría del Trabajo debe pasar a otra escala de actuación, pues “las empresas nunca obedecen”.
“No puede ser que cada una de las instancias se lave las manos diciendo ‘es que yo sí revisé, es que yo sí hice’, pero el resultado es que siguen muriendo los mineros en las minas de carbón”, lamentó.
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