En Coahuila, hay carbón guinda para todo el sexenio

julio 13, 2022
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Ana Castañuela y Katya González

Desde la emisión de la convocatoria, el pasado primero de junio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empleó un eufemismo para anunciar la compra de carbón que alimentará las carboeléctricas de Nava y garantizará la actividad económica del norte del estado: la compra de carbón fue convocada a través del Concurso Abierto Nacional para la Adquisición de Combustible Alterno Flama Abierta, un procedimiento identificado CFE-0700-CAAAN-0013-2022.

Concurso y eufemismo, sin embargo, fueron cancelados intempestivamente el 24 de junio, pues la CFE decidió realizar una adjudicación directa para comprar carbón durante los próximos 3 años por un volumen de 2 millones 270 mil toneladas.

A través del “Dictamen de Excepción al Concurso Abierto” de la subsidiaria CFE Generación IV, la empresa productiva del estado realizó 35 cotizaciones con personas morales de la Región Carbonífera, entre las que destacan aquellas vinculadas con políticos morenistas, que en conjunto recibirán 144 millones 391 mil 250 pesos.

Uno de los beneficiados es Minerales Don Chilo, empresa de Antonio Flores, hermano de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores. Se trata del procedimiento contractual CFE-0700-ADAAM-0040-2022, por el que recibirá 57 millones 572 mil 500 pesos.

Otra de las empresas beneficiadas es la Operadora Industrial Minera representada por Oscar Luis Fuentes Yáñez, quien además opera en predios que corresponden a concesiones mineras de Materiales Industrializados, el corporativo propiedad del senador morenista Armando Guadiana Tijerina.

En este último caso, la CFE otorgó el contrato a través del procedimiento contractual CF-0700-ADAAN-045-2022, por el que obtuvo una asignación de 86 millones 818 mil 750 pesos.

De las dos anteriores, el expediente de contratación de Minerales Don Chilo expone una irregularidad: conforme a los parámetros de contratación, el predio del que se pretende sea extraído el mineral, debe someterse a revisión por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), pero en el expediente, la revisión de la dependencia federal no corresponde al lugar donde se supone se extraerá el carbón.

En realidad, el SGM revisó carbón térmico de un predio en el municipio de Nava y no en la Cuenca de Sabinas, donde Minerales Don Chilo declaró el punto de extracción.

El contacto Guadiana

La Operadora Industrial Minera es la empresa señalada en la Recomendación Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificada con el número 67/2018. El análisis y resolución de dicho instrumento jurídico fue por la destrucción de una zona habitacional en la comunidad de Cloete en el municipio de Sabinas, Coahuila.

En diciembre de 2018, el senador Armando Guadiana Tijerina dirigió un mensaje en Facebook contra el periodista Arturo Rodríguez, director general de El Coahuilense, por la información publicada al respecto en la revista Proceso. El argumento reiterado por el senador morenista es que la empresa no es suya.

En efecto, la empresa Operadora Industrial Minera no es de su propiedad, pero trabaja en terrenos que corresponden a las concesiones de las empresas de los hermanos Armando y José Luis Guadiana Tijerina.

La mencionada recomendación de la CNDH establece que “la ubicación del centro (o centros) extractivo de referencia implica un riesgo para la seguridad, integridad física y propiedades de los pobladores del sector este de la Colonia Altamira”, haciendo referencia al “Cloete sur”. Las reporteras consultaron el Registro Público de Minería, en el que se identifica que el título de concesión es 161543, a nombre de Materiales Industrializados cuyo fundador y accionista mayoritario es Armando Guadiana Tijerina.

Por otra parte, Minera Zapalinamé obtuvo un contrato en Pasta de Conchos al ganar un concurso de obras de recuperación en la mina, convocada por la CFE de la que Guadiana negó ser propietario y aseguró que es de un sobrino político.

El representante de la empresa es Osvaldo Garza, yerno de su hermano José Luis Guadiana. Sin embargo, Minera Zapalinamé aparece como subsidiaria de Minsa, el corporativo minero que preside Armando Guadiana, según se puede observar en el Directorio del Sector Minero, de la Secretaría de Economía.

Los Flores, ganadores del sexenio

La manera de operar de las mineras carboneras consiste, primero, en el registro de empresas a nombre de distintos miembros de una minera familiar. De manera que, al obtener un contrato de proveeduría con la CFE, las minas ilegales quedan con poca o nula vigilancia, permitiendo de esta manera el escape de controles.

Como ejemplo, Antonio Flores es propietario de Minerales Don Chilo, mientras que su esposa, Mariana Marroquín es propietaria de Minerales Amarani; en tanto Tania Flores, alcaldesa de Múzquiz, es poseedora de la Minera Flores de la Carbonífera.

Tania Flores aspira a la candidatura por Morena al gobierno del estado en 2023, una posibilidad que se abre si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba el dictamen que forzaría la postulación de mujeres en la votación prevista para el 4 de julio.

Sin embargo, la Minera Flores de la Carbonífera ya no es de su propiedad: días antes de concluir su campaña electoral municipal en 2021 transfirió sus acciones a Isabel Ortega Benavides, dueña de un gimnasio, hija de un síndico perteneciente al mismo partido político sin experiencia en la minería del carbón ni registro de contar con recursos para incursionar en el ramo.

Esa información fue publicada por Luis Carlos Plata en el diario Zócalo Saltillo, en donde también estableció, con base en información pública, que en lo que va de la dirección de Manuel Bartlett en la CFE, esas empresas han obtenido contratos por mil 508 millones de pesos, acaparando el 51% de los contratos de carbón.

El artículo identifica además la existencia de razones sociales que han ganado contratos carboneros, creadas en un mismo día y en una misma notaría, con indicios de ser “factureros”.

Aunque los montos obtenidos en este paquete de contrataciones son menores a lo que ambos grupos han ganado en otros momentos, les garantizan ingresos multimillonarios para lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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