Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
“A veces se me va el sueño, estoy muy alterada, y luego luego pierdo la paciencia. Uno de mis familiares desarrolló una enfermedad autoinmune debido al estrés crónico”, cuenta Silvia Garza, víctima de la Masacre de Allende.
Hace 12 años, el 21 de marzo de 2011, Silvia Garza se vio obligada a huir junto con su familia, de Allende, Coahuila, para salvar sus vidas, pues “los Garza” eran el objetivo principal del grupo criminal Los Zetas durante la Masacre de Allende.
Derivado de este episodio en 2011, Silvia perdió 12 familiares, y en 2012 otros cinco que fueron secuestrados cuando decidieron regresar a Allende, entre ellos un hermano, su padre y la esposa de éste y sus dos medios hermanos.
Tras la Masacre de Allende, Silvia Garza y sus familiares se han dedicado a la búsqueda de sus parientes desaparecidos, y a la par han luchado en la búsqueda de reparación de daños a la que se comprometieron las autoridades federales y estatales, y que después de 12 años no han cumplido.
Silvia recuerda que antes de empezar el proceso de la reparación de daños primero comenzaron el duelo y la depresión. “Después de eso siguió pelearte con una institución, lo cual es muy desgastante, demasiado, no hay día que no pienses en eso y que no hables de eso; no te permite cerrar el ciclo y eso es necesario para poder avanzar.
“Ya sabemos que nunca va a ser lo mismo y siempre vamos a tener esa cicatriz”, confiesa.
Menciona que un familiar, viuda de uno de sus primos, quien “la acompaña en esta lucha”, desarrolló una enfermedad autoinmune que aún no está diagnosticada con un nombre, pues “los estudios son caros y no tiene dinero para saber qué es”.
“Es parecido al lupus. No le saben decir exactamente, pero el tratamiento es carísimo. Su inflamación es derivada de un estrés crónico, y además tiene un diagnóstico de estrés postraumático”, lamenta.
“A mí me da depresión; a veces ni yo misma me soporto, estoy muy explosiva, y me ha afectado mucho en mi carácter (…) Se me va el sueño, no estoy feliz, no sé ni cómo explicarlo, pero procrastino mucho. Es una depresión producto de los hechos y del gobierno porque son muy cínicos con nosotros”, dice Silvia.
Expone particularmente que algunos de sus familiares han muerto de cáncer derivado de los hechos de Allende, y considera que el actuar de las autoridades ha causado la revictimización de las familias.
Mucha burocracia, pocos recursos
Hasta 2021 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) abrió dos expedientes (CEAV/CIE/149/2020 y CEAV/CIE/003/2021) relacionados con la reparación integral del daño por la Masacre de Allende.
Silvia Garza denuncia que la CEAV no ha cumplido eficientemente con su compromiso, pues a las víctimas no se les ha brindado asistencia psicológica y psiquiátrica a la que tienen derecho, además de no cubrir el total de los gastos en medicamentos.
“La CEAV siempre es muy lenta en los recursos. Uno tiene que estar pagando por adelantado y ellos te lo reponen, pero a veces no traemos dinero suficiente”, explica.
El artículo octavo de la Ley General de Víctimas establece que la CEAV es la encargada de brindar “ayuda provisional, oportuna y rápida” a los familiares de las víctimas de desaparición.
Entre sus obligaciones con las víctimas la CEAV debe “atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimiento, atención médica y psicológica, transporte y alojamiento a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos”.
Además la ley establece que las víctimas de delitos o violaciones de derechos que atenten contra la vida, libertad, y la integridad; así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada.
Silvia Garza segura que las causas de dicho incumplimiento son burocráticas, y que, además, las instituciones gubernamentales se escudan bajo el argumento de que “tienen el presupuesto recortado”, y que por esta razón no hay fondos en el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade) que emitió el Ejecutivo de la entidad en mayo de 2017.
“Los recursos del Profade siempre los tienen limitados. Yo solicité una psicóloga y me dijeron que los tratamientos no pueden pasar de 20 mil pesos. Me dijeron que me tenía que atender con un psicólogo de la CEAV, pero sinceramente no quiero porque me van a dar un diagnóstico en favor de ellos”, asevera.
Recuerda que una de las psicólogas de la CEAV le dijo a su familiar que “nunca iba quedar dada de alta” y, “según sus estudios, nunca va a poder concluir un tratamiento”.
María Eugenia Arriaga, portavoz del movimiento Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), asegura que las personas de la CEAV que brindan la ayuda médica y psicológica han llegado a ser muy insensibles y en ocasiones, incluso, invalidan a las víctimas.
Continúa que, a veces, los que han asistido por ayuda médica son desacreditados, pues les han dicho que “sus enfermedades no son resultado de la desaparición, y que desde hace tiempo las tenían”.
Reconoce que la atención psicológica ha mejorado, pues anteriormente ésta no respondía adecuadamente a la situación que vivían las familias, y en ocasiones caían en la revictimización.
“Cuando las compañeras de Fundec acudían a la CEAV, muchos de los psicólogos querían que empezaran a trabajar en el duelo, pero obviamente los familiares se enojaban porque no se puede trabajar un duelo cuando no hay un cuerpo, y para ellos era muy ofensivo”, comparte.
Heridas invisibles
Tras la búsqueda de sus seres queridos, y derivado de la angustia y la impunidad de la que son víctimas, los familiares de los desaparecidos padecen enfermedades o se agudizan las que ya tenían.
“La desaparición es una grave violación a los derechos humanos y es una tortura constante desde el momento en que se los llevan. Las familias no tienen paz, siempre están en constante angustia pensando en qué le estarán haciendo, cómo estará viviendo, si come o si no come”, expone María Eugenia Arriaga. Ella asegura que todas las personas que viven la situación de la desaparición generan algún tipo enfermedad.
“Tenemos una lista de quienes se han ido por distintas enfermedades que se agudizaron después de la desaparición de algún familiar; algunas ya venían enfermas, pero su situación agravó cuando comenzaron a vivir la desaparición”, dice.
Entre las enfermedades más comunes se encuentran las crónicas, como hipertensión y diabetes. Algunas víctimas también manifiestan afecciones en la piel, derivado del estrés en el que viven constantemente.
“La hipertensión es la enfermedad más común, además de los dolores de rodillas y espalda, migrañas constantes, gastritis y colitis”, detalla.
Explica que muchos de los familiares padecen de insomnio y depresión, e incluso algunas personas han muerto por cáncer.
“La cuestión de los desaparecidos es algo muy profundo”, pues “es algo que los familiares no ven venir, lo que provoca un efecto grande en su estado emocional y de salud”, explica Gonzalo Villanueva Ibarra, psicólogo y maestrante en Investigación Social por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
La vivencia de tener un familiar desaparecido puede enmarcarse en los criterios de “trastorno de estrés postraumático, que ocurre cuando una persona se encuentra ante algún evento que puede ser llamado traumático, lo que trae varias consecuencias”, entre ellas las físicas.
Gonzalo Villanueva explica que la cuestión de la desaparición es “un sufrimiento de muy largo aliento”, pues los familiares nunca, o difícilmente, tienen una respuesta certera, y es complicado reconciliar a las personas con herramientas psicológicas para que el proceso sea llevadero. “Incluso hay un montón de casos en los que nunca saben qué pasó con sus familiares”.
Precisa que, ante cualquier evento simbólico que les recuerde a su familiar o la desaparición, las personas suelen padecer un malestar intenso que puede derivar en reacciones de agresión o en reacciones fisiológicas, pues el cuerpo trata de manifestar ese malestar y “dependiendo de la persona depende la respuesta”.
“Los síntomas se agravan porque (los familiares de las víctimas) no tienen una respuesta sencilla, no tienen cómo sobrellevar ese evento, pues es un episodio muy crítico y naturalmente provoca mucho estrés”.
Además –puntualiza–, socialmente se enfrentan a un sistema y al Estado que, a partir de la burocratización, corrupción y disfuncionalidad entre los diferentes entes de gobierno, más dificultan la búsqueda de las víctimas.
“Si ya de por sí es feo que no veas a tu familiar, es fea la incertidumbre, y quien te debería ayudar no está bien articulado ni capacitado para lograrlo, pues se hace más difícil y estresante la situación; y la estabilidad mental de los familiares se ve sumamente afectada por estos eventos”, agrega.
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