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Sinaloa.- En la última década en Sinaloa cuatro de cada 10 casos de feminicidio se perpetraron con arma de fuego, de acuerdo con cifras de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En la entidad, además, mujeres son reclutadas con base en engaños como jornaleras, para laborar con abusos y maltratos. Este panorama pinta en el estado donde, de acuerdo con últimos reportes, se prohibió a la ciudadanía salir a las calles por diversos enfrentamientos entre el crimen organizado y el Ejército mexicano.
Este 5 de enero las personas en Sinaloa estuvieron hacinadas, sin poder laborar o acudir a escuelas, mientras en las calles se desató el caos. “Se suspenden las labores en su totalidad, se recomienda mantenerse en sus hogares”, fue el mensaje que compartió el gobierno del estado en sus redes sociales, causando indignación y el retumbar de la pregunta ¿en qué país vivimos?
Este panorama ha sido una constante para la ciudadanía de Sinaloa, donde en 2021 se perpetraron 636 homicidios dolosos, mientras que para 2022 la cifra fue de 494, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, el gobernador de la entidad Rubén Rocha Moya, reportó que durante el último año únicamente se perpetraron 157 homicidios dolosos.
La disparidad en las cifras también se refleja al hablar de feminicidio, pues mientras el gobierno de la entidad minimiza el delito, el SESNSP registró 28 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 17 se investigan como feminicidio, lo anterior pese a que en 2017 fue declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad.
Explotación laboral contra mujeres jornaleras
A las problemáticas anteriores se suman las malas condiciones laborales en las que se encuentran decenas de mujeres jornaleras en Sinaloa. Desde 2013 Cimacnoticias reportó que mujeres migrantes son atraídas a estos trabajos con base en engaños, para instalarse en puestos donde prevalece la violencia, hacinamiento, maltratos y abusos.
En un recorrido que realizó esta agencia de noticias en la zona de Villa Juárez, que pertenece al municipio de Navolato, se pudieron observar los interminables surcos que son trabajados por cientos de mujeres migrantes jornaleras que viven en condiciones que distan mucho de ser lo que les prometieron, pues son llevadas a unas “cuarterías”, es decir bodegas en las que son alojadas durante las noches para luego ser trasladadas a las 4 de la mañana a los campos, los cuales están incluso hasta a dos horas de camino.
Al día de hoy estas condiciones continúan siendo una realidad, tal es el caso de Silvia, quien es originaria de una comunidad indígena de Chiapas, pero a los 10 años salió de su hogar para laborar como jornalera, fue así como llegó primero a Baja California y posteriormente a Sinaloa, detalla el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Actualmente renta un cuarto donde vive con su hijo Manuel de 13 años, Lucio de 9 y Alicia de 6 años. A la semana entre el salario de Silvia y el de su hijo, llegan a tener entre 600 o mil 500 pesos, depende de las horas que trabajen. Con esos recursos paga la renta, su despensa, compra algunos productos para sus hijos e hija y cubre los gastos cotidianos como el agua, gas”.
Silvia es parte de los 2 millones 330 mil 305 personas que laboraron como jornaleras agrícolas en México, a quienes los salarios que perciben no compensan el uso de su fuerza de trabajo que es abaratada por un mercado que coloca a las mujeres como asalariadas sin garantizarles mejores posibilidades laborales, y se agudiza cuando son migrantes, indígenas, madres solteras, no cuentan con una red de apoyo familiar, y todo aquello que asegura que los productores dispongan de su fuerza de trabajo porque no tienen otras alternativas.
A esto se suma la variable del crimen organizado, el cual, acusa el Centro de Derechos Humanos, ha tomado el control de las rutas de los jornaleros agrícolas y “se ha posicionado dentro de este campo de trabajo para hacer de la migración jornalera un negocio”.
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