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Ciudad de México.– Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron el martes acoger a más migrantes de manera segura, pero la región carga desde hace años con el pendiente de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes que viajan solos o con sus familias en busca de mejores condiciones de vida.
Factores como la falta de coordinación entre autoridades y los recursos limitados con los que operan las instancias encargadas de atender a esta población a su llegada a México dificultan el cumplimiento de los acuerdos entre estos países, alertaron organizaciones.
Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada en la Ciudad de México el 10 de enero, los mandatarios se comprometieron a impulsar una migración “segura, ordenada y humana” bajo la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles —firmada en junio de 2022 por 20 gobiernos del continente—, para ello prometieron ayudar a las comunidades de acogida y promover la integración de migrantes y refugiados, además de brindar protección a la población vulnerable y fortalecer la capacidad de asilo en la región.
“Nos preocupa la ausencia de un mecanismo transnacional de protección a la niñez. Es decir, que así como hay coordinación para cuestiones del libre comercio, uno de los temas que más le importó a los tres mandatarios, y atendiendo al principio del interés superior de la niñez, se pueda generar también un mecanismo de coordinación regional concretamente con los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica, para poder garantizar la protección de una manera continuada, es decir, garantizar que los derechos de niñas y niños viajen con ellos”, expuso Tania Ramírez Hernández”, directora de la Redim.
En el discurso, los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá promueven el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, pero ello no coincide con la realidad. Un ejemplo es que en Estados Unidos aún está vigente la restricción conocida como Título 42, que permite a funcionarios federales seguir expulsando con rapidez a familias de migrantes a las fronteras, lo que deja en condiciones vulnerables a las y los menores de edad.
Canadá, por su parte, siguen sin hacer oficiales acuerdos que agilicen la permanencia de la niñez migrante con familiares en ese país.
“No han costado tanto los casos que han sido reunificaciones familiares hacia Canadá, pero en términos de relaciones internacionales todavía no existe un acuerdo bilateral oficial en donde diga: ‘las niñas y los niños que están solos en México y tienen a un familiar que pueda fungir como su tutor en Canadá, pues que se vaya’. Es decir, evidenciar la ruta, hacerla explícita, y lo otro es seguir abriendo las puertas del de la protección internacional en Canadá”, mencionó Rosalba Rivera, coordinadora de infancia migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
En México, aunque desde noviembre de 2020 se reformaron artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para prohibir la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes; visitas e informes de organizaciones civiles y personas defensoras han documentado que se siguen cometiendo.
El procedimiento para la atención de menores de edad no acompañados ordena al Instituto Nacional de Migración (INM) canalizarlos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, pero en la práctica siguen siendo resguardados al interior de estaciones migratorias, donde las condiciones de alojamiento, alimentación, higiene y atención médica no respetan el interés superior de la niñez.
“El gran argumento que se está utilizando ahora es que no están siendo detenidos, sino que están en una oficina de canalización mientras encuentran un espacio, o mientras se decide a dónde van, pero esa oficina es la propia estación migratoria, lo que cambia es que no es la celda donde están las otras personas. En algunos casos han construido espacios improvisados, por ejemplo en los estacionamientos de las estaciones migratorias, pero siguen estando dentro de las estaciones”, agregó la defensora Rosalba Rivera.
Una investigación publicada el año pasado por la Universidad Iberoamericana (Ibero) evidenció las condiciones deficientes en que menores de edad y mujeres migrantes viven en centros migratorios de Puebla, como ejemplo denunciaron el caso de una niña centroamericana de menos de 12 años de edad que llevaba dos meses y seis días detenida en un estacionamiento del INM Puebla sin compañía de familiares. Según este reporte, el espacio no contaba con baños o regaderas, las luces permanecían encendidas las 24 horas, en el lugar se acumulaba basura y las personas dormían amontonadas sobre colchonetas y sábanas sucias que se turnaban para seguir usando.
“¿Por qué una niña de 12 años sin familiares pasaría más de dos meses y seis días, estos últimos sin poderse bañar y usando la misma ropa, en una estación migratoria y no en un albergue del DIF?”, cuestionaron investigadores en el estudio “Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021”.
Organizaciones civiles también han alertado que esta población sale de sus países para protegerse de los altos índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado de pandillas y la pobreza, pero al llegar a México siguen siendo víctimas de estas violencias y de violaciones a sus derechos humanos.
Tania Ramírez recordó el caso de Sofía, una niña nicaragüense que desapareció en en mayo de 2022, cuando tenía tres años de edad. Su madre falleció intentando cruzar el Río Bravo, a la altura de Piedras Negras, Coahuila, pero ella sigue sin ser localizada.
“No ha sido encontrado su cuerpo, por lo cual se le tiene que buscar con vida, pero nos preocupa que pueda ser víctima de trata de personas”. Por este hecho, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Fiscalía General de la República abrió desde el año pasado una carpeta de investigación.
En este contexto, las defensoras Tania Ramírez y Rosalba Rivera coincidieron en que preocupan las condiciones en las que las niñas, niños y adolescentes son acogidos en México.
Los últimos datos de la Secretaría de Gobernación muestran que de enero a noviembre de 2022 se contabilizaron en el país 60 mil 020 migrantes irregulares de entre 0 y 17 años.
A ello se suma que las autoridades mexicanas siguen sin implementar estrategias especializadas que consideren las situaciones específicas de cada niña, niño y adolescente migrante. De acuerdo con lo que ha observado el IMUMI, el personal que atiende a estas poblaciones no está capacitado ni cuenta con las herramientas para responder a cada caso según sus particularidades, pues varios de ellas y ellos, expuso Rosalva Rivera, padecen afectaciones a la salud mental, sufren adicciones o llegan a México embarazadas.
“Esto hace falta, apostar por cuidados alternativos, modelos diferenciados por género, por condición de edad también y sobre todo hacer mucho hincapié en que estas niñas, niños y adolescentes lo que necesitan es una transición, un apoyo para la transición a la vida independiente. La mayoría de ellos no quieren quedarse institucionalizados en México”, mencionó.
Además, aunque las repatriaciones desde México a países de Centroamérica registraron una disminución de 61.5 entre enero y noviembre de 2022 respecto a los mismos meses de 2021, las autoridades también tienen pendiente garantizar la seguridad de estas infancias y adolescentes que regresa a sus países, una cifra que alcanzó los 8 mil 528 en 11 meses de 2022; el 93.9 por ciento son de América Central, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, señalan datos oficiales sistematizados por la Redim.
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