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Ciudad de México.- La calderonista “estrategia” llamada Guerra contra el narco dejó en México más de 26 mil personas desaparecidas, una crisis forense, fosas clandestinas y grupos de madres buscadoras que rastrean cada milímetro de tierra de los lugares más peligrosos en México. Las personas detrás de estos crímenes continúan en impunidad, desde los eslabones más altos hasta los más bajos, además, poco se ha hecho por las víctimas de un país manchado de sangre y plagado de fichas de búsqueda.
Uno de los hombres responsables de esta crisis es el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, cuyo juicio ya dio inicio en Estados Unidos. Se trata de una pieza en el entramado político y criminal que revelaría los nexos que sentaron las bases para desencadenar una ola de violencia en el país.
Una ola que dejó a la desaparición como uno de los principales problemas que al día de hoy continúan siendo una tarea pendiente para el gobierno federal, pues según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNPDNO), al 17 de enero de 2023 permanecen sin volver a su hogar 109 mil 982 personas, de las cuales 27 mil 457 son mujeres.
En el informe 10 años de desaparición forzada por motivos políticos en México 2006-2016, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos destaca que durante el gobierno de Felipe Calderón las violaciones a los derechos humanos se vieron fuertemente incrementadas.
“Miles de soldados fueron sacados a las calles bajo el pretexto de combatir a grupos de la delincuencia organizada, lo cual trajo como consecuencia mayores índices de violencia, y casos de violaciones a derechos humanos derivados de la militarización de la seguridad interna”.
Durante este período la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 9 mil 228 quejas y 142 recomendaciones contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos, dos mil 126 casos de desapariciones forzadas y 24 mil 91 personas extraviadas.
Sin embargo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación indicó que en el período de Felipe Calderón desaparecieron 26 mil 112 personas, sin especificar cuántas de ellas fueron víctimas de desaparición forzada.
Fue entonces cuando inició un arduo camino para conocer el paradero y la verdad detrás de las desapariciones. Entre las personas que arrancaron la pugna contra las autoridades fueron las madres buscadoras, quienes comenzaron a desenterrar cadáveres de fosas clandestinas para dar con sus familiares o “tesoros”, como ellas les llaman.
Las mujeres recorren ciudades, pueblos, carreteras, ríos y montañas para realizar una labor que no ejercen las autoridades. No conforme con ello son criminalizadas, revictimizadas, amenazdas y asesinadas por buscar a sus familiares.
Además de la búsqueda, las madres también deben enfrentarse a la crisis forense que mantiene en México a más de 52 mil personas sin identificar. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se necesitan 120 años para identificar los cuerpos que se encuentran en fosas comunes, servicios forenses y centros de resguardo.
De ese tamaño es la responsabilidad que acarrea en su trayectoria Genaro García Luna, un hombre que ostentó el poder político y criminal para dejar al país sumido en una de sus más graves crisis, pues la desaparición de personas es una de las consecuencias más letales que provocó la Guerra contra el narcotráfico.
Guerra contra el narco provocó comunidades más violentas para las mujeres
Durante los últimos 20 años las estrategias en materia de seguridad en América Latina han tenido como eje principal ser combativas y buscar “instaurar” el poder por sobre “las amenazas”, las cuales -para ellos- van desde el crimen organizado hasta las protestas ciudadanas. Esta ideología surge de una masculinidad hegemónica que está representada en las instituciones militares.
“Estas dinámicas súper violentas con las que entran las instituciones de seguridad y las Fuerzas Armadas en las comunidades para reducir el impacto del crimen organizado, lo que generan al mediano y largo plazo son dinámicas más violentas dentro de las comunidades porque exacerban la noción de masculinidad violenta, bélica, que lo que hace es combatir a todo aquello que no corresponda a lo que a lo que ellos representan”, expresó en entrevista con Cimacnoticias la internacionalista y especialista en militarización, militarismo y empleo de la fuerza bajo estándares internacionales de derechos humanos, Daira Arana Aguilar.
Esta postura instaurada por las fuerzas armadas les dice a las mujeres que son un grupo poblacional que tiene que ser sometido, incluso en mayor medida, cuando es subversivo con el orden que ellos están estableciendo. En ese sentido, la especialista añadió que cuando las fuerzas militarizadas tienen contacto con las mujeres -sobre todo en detenciones- hay más probabilidades de que haya violencia sexual en la detención o de que se perpetre tortura.
Al hablar de la incursión de las fuerzas armadas en las comunidades, Daira Arana explicó que esto también ha repercutido en la violencia contra las mujeres, pues no solamente se desarrolló el medio para el uso de armas en casos de feminicidio, también ellas han sido sometidas a actos que vulneran su dignidad.
En ese sentido, Cimacnoticias documentó la violencia de género perpetrada en ese sexenio. Fue así como se encontró que en el gobierno calderonista incrementaron de manera desproporcionada los delitos de feminicidio y trata de personas. Y es que tan sólo en la primera mitad del sexenio (entre diciembre de 2006 a 2009) se registraron 7 mil casos de feminicidio en todo el país.
A la par de esa violencia de género que se recrudeció con la política de seguridad del Ejecutivo federal, también se agravaron la impunidad y la corrupción en las instancias federales, estatales y municipales de justicia. Situaciones que al día de hoy continúa siendo una constante para las mujeres, con quienes la justicia tiene una deuda pendiente.
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