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El Poder Judicial de la Federación a través de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, utiliza cerca de 149 vehículos que no brindan protección al personal asignado, puesto que desde diciembre de 2022 las unidades rebasaron la garantía otorgada por los proveedores.
Los modelos de los mismos son entre 2010 y 2017, cuyas garantías habituales van entre los cinco años para blindaje opaco (partes internas como postes, techo, puertas) y tres años para el transparente (cristales, generalmente de polímero).
Con lo anterior, se pone en riesgo la eficacia y resistencia balística de todos los vehículos blindados del Poder Judicial, ante un eventual ataque de la delincuencia. De acuerdo con normas nacionales e internacionales la vida útil de un blindaje es limitada, es decir, su efectividad se disminuye debido al uso del vehículo, cambios de temperatura y el tiempo.
Por la naturaleza de sus funciones Jueces, magistrados, personal de la dirección general de Gestión Administrativa, de Centros de Justicia Penal y funcionarios de mando superior que han tenido bajo su tutela vehículos blindados, se encuentran en entorno de riesgo ante cualquier tipo de incidente.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal disminuyó las unidades blindadas al pasar de 234 en 2019 a 149 en 2022, mismas que no necesariamente cumplen su función en lo referente a la durabilidad de los materiales, mecánicas y de protección, esto debido a acuerdos de austeridad y al retiro de medidas de seguridad a servidores públicos.
Para rehabilitar el parque vehicular, se establece regularmente un periodo de vida útil de cinco años y un porcentaje de depreciación del 20% anual, lo que supera los parámetros para el reacondicionamiento.
