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Ciudad de México.- Cinco días tardó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en reunir “pruebas” para responsabilizar a María Ángela de su desaparición, cuando durante las primeras horas de su ausencia su familia acusó no recibir respuesta alguna por parte de las autoridades.
Nuevamente la FGJCDMX dio muestra de la rapidez con que pueden criminalizar a una mujer y la lentitud con que trabaja en casos donde debería brindar justicia. Y es que tras la localización con vida de María Ángela, la Fiscalía aseguró que se trató de una ausencia voluntaria y que la joven de 16 años no fue víctima de ningún delito.
En un mensaje a medios de comunicación, el vocero general de la FGJCDMX, Ulises Lara López, expresó que, por medio de videos, entrevistas, dictámenes periciales y recorridos en campo, se pudo determinar que María Ángela llegó por su propio pie al municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde fue localizada el 21 de enero envuelta en una bolsa negra.
Lara López añadió también que la adolescente de 16 años se acercó a la colectiva Fénix Libertas en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, quienes la habrían acompañado durante el tiempo que permaneció ausente.
Cabe recordar que la familia de María Ángela refirió que, tras acceder a cámaras del C5, se pudo observar que un hombre tomó a la joven del brazo y se la llevó. Sin embargo, no se tuvieron más imágenes al interior del paradero debido a que comerciantes se negaron a mostrarlas, situación en la que no intervino la FGJCDMX.
Además, el día que Ángela fue localizada, refirió a una policía de tránsito de Nezahualcóyotl que fue privada de su libertad y que en el domicilio donde se mantuvo cautiva habían otras mujeres, entre ellas una niña de 11 años.
Pese a lo anterior, la FGJCDMX respaldó la versión de que Ángela se ausentó por voluntad propia, cerrando así un caso que puso especial atención en las distintas violencias que enfrentan las mujeres en los paraderos de transporte público ubicados a las afueras de las estaciones del Metro. Dejando además reclamos y violencia en redes sociales hacia la familia de la joven y a ella misma.
Revictimización, la constante práctica de la FGJCDMX
Tras dar a conocer la versión “oficial” sobre la desaparición de María Ángela, la Fiscalía puso de manifiesto que su objetivo no es brindar justicia, sino rechazar la violencia que se vive en la Ciudad de México y revictimizar a las mujeres.
Esta no es la primera vez que esta práctica protagoniza un caso de violencia. Así ocurrió durante la investigación por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, perpetrado el 3 de mayo de 2017.
Y es que luego del asesinato registrado frente al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJ) difundió que el día de los hechos, Lesvy y su pareja “se reunieron con varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose” y que la joven de 22 años de edad no formaba parte de la institución desde 2014 ya que “dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias”.
Sumado a lo anterior mostraron una teoría en la responsabilizaban a Lesvy de su propia muerte, asegurando que ella tomó un cable del teléfono para suicidarse frente a su ex pareja, sin que él la detuviera.
Posteriormente las autoridades rectificaron; sin embargo, la familia de Lesvy Berlín enfrentó señalamientos y violencia tras la versión revictimizante de la PGJ.
Caso similar ocurrió en 2019, cuando una joven de 17 años refirió haber sido víctima de violación por parte de cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hechos que derivaron en una serie de protestas feministas que fueron criminalizadas y tachadas de “provocación” contra el gobierno de la CDMX.
Entonces la declaración de la víctima no fue suficiente y la PGJ se dedicó a demostrar que sus dichos eran falsos, argumentando que había inconsistencias en los hechos y los dichos de la joven. Incluso en un mensaje a medios, Ulises Lara “invitó” a la familia y a la propia víctima a aportar elementos que fortalecieran la investigación.
La FGJCDMX comparte esta práctica con sus homólogas de todo el país. Vemos casos como el de Luz Raquel, a quien la Fiscalía de Jalisco culpó de prenderse fuego sola el pasado mes de julio de 2022, ignorando el contexto de violencia que sufrió por parte de sus vecinos. O la Fiscalía de Nuevo León, que en un primer momento refirió que Debanhi Escobar cayó sola a una cisterna en el Motel Nueva Castilla, sitió donde ya había sido buscada durante los primeros días en que se registró su desaparición.
Organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) han destacado la obligación de se sancione a funcionarios y funcionarias que incurran en prácticas revictimizantes y de violencia institucional contra mujeres y familias de personas desaparecidas; sin embargo, las Fiscalías continúan perpetuando acciones contrarias a los derechos humanos de niñas y mujeres del país.
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