perse
Por Álvaro Delgado
Fue la prianista Sandra Cuevas la que con vulgaridad declaró la guerra en contra de Claudia Sheimbaum -“¿A quién le vamos a partir su madre?”-, pero la idea de aniquilar políticamente a la Jefa de Gobierno la suscribe toda la oposición, incluida la que anida en Morena, cuyos sectores más fanáticos multiplicarán las prácticas sucias y hasta criminales, incluida la violencia, para conseguir ese objetivo.
No hay ninguna novedad en el empleo de la guerra sucia, de atizar el odio y fomentar el miedo, porque ya ha ocurrido por muchos años en la política mexicana. Muchos lo han deliberadamente olvidado, pero lo hizo Carlos Salinas en 1988 y lo instrumentó Ernesto Zedillo en 1994 contra el tres veces candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas.
Hace casi dos décadas, en 2004, los opositores al Presidente Andrés Manuel López Obrador se propusieron también descarrilarlo “a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles”, como lo expresó ese año Jorge Castañeda, el Canciller de Vicente Fox que es más sofisticado que Cuevas, pero igualmente ruin.
El desafuero de López Obrador como Jefe de Gobierno, que se consumó en la Cámara de Diputados en abril de 2005, fue no sólo una conspiración de los tres poder del Estado, ampliamente probada, sino una estrategia sustentada en la fabricación de mentiras y calumnias sin límite, que incluyó también el fomento del miedo en las franjas de la sociedad proclives al prejuicio y la manipulación.
“Es tan aceptable una campaña de miedo como una de alegría”, me dijo Germán Martínez Cázares, tras la elección de 2006, para justificar una de las estrategias de defraudación de Felipe Calderón, “López Obrador, un peligro para México”, de quien era confidente el actual senador que usó a Morena como hotel de paso.
Además de los spots contratados por los partidos en radio y televisión en la campaña de 2006, también se difundieron miles de spots del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de Ecología y Compromiso Empresarial (Ecoce), un organismo ligado a Coca Cola y Bimbo, así como las asociaciones Celiderh, Compromiso Joven y la Alianza Sindical Mexicana que trasmitieron imágenes perturbadoras, pese a que tenían prohibido por la ley contratar espacios en esos medios.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Copie) disponía el “derecho exclusivo de los partidos políticos” de contratar espacios para difundir mensajes orientados a la obtención del voto y ordenaba que “en ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros”.
El extinto Instituto Federal Electoral (IFE), que presidía Luis Carlos Ugalde, actuó con tal parcialidad que no impidió la difusión de las ilegales mensajes en radio y televisión de esos organismos y sólo hasta que concluyeron las campañas dejaron de transmitirse, con el consecuente daño para López Obrador y el beneficio para Calderón.
Lee el texto original en SinEmbargo
MÁS DEL AUTOR:
