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Ciudad de México.– El Plan B de Reforma Electoral será discutido en los próximos días en el Senado de la República, instancia en donde la oposición ha adelantado que votará en contra y en donde el coordinador parlamentario de Morena, el Senador Ricardo Monreal Ávila, ha manifestado en más de una ocasión su rechazo hacia este conjunto de reformas legales en la materia que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual decidió no respaldar en diciembre y que prevé que el Poder Judicial realice modificaciones.
La reforma se encuentra en espera luego de que el Congreso realizara distintos ajustes al dictamen y lo aprobara en el último día del periodo ordinario de sesiones de diciembre pasado. Una vez que Morena y aliados la aprueben en el Senado —para lo cual requieren una mayoría simple con la que sí cuentan— pasaría al Ejecutivo para su promulgación. Frente a ello, la oposición y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) han llamado a impugnar el Plan B a través de recursos legales.
Esa misma ruta ha previsto el Senador Ricardo Monreal, que no ve con buenos ojos la propuesta del Presidente. La noche del 14 de diciembre, por ejemplo, al dar a conocer que no respaldaría el dictamen, aseguró que no era un asunto de carácter personal sino que se trataba de “respetar la Constitución”, una postura con la cual ha coincidido con la oposición. “Estoy convencido del voto que emití. El problema fundamental de la democracia es persistir en ella, defenderla y asumir con todas sus consecuencias el que seas un hombre de leyes, que defiendas la Constitución, que defiendas el Estado de Derecho”, aclaró posteriormente sobre por qué votó en contra.
En días pasados, el coordinador de Morena volvió a señalar sus dudas sobre la reforma y adelantó que las cuatro leyes que faltan por aprobar de ésta serán impugnadas y resueltas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Yo tengo mis dudas, con toda seriedad, de que estas normas que se aprobaran por el Congreso se mantuvieran intactas”, expresó Monreal el pasado 25 de enero previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la que, señaló días después el presidente del Senado, Alejandro Armenta, “se acordó someter en la primera semana” a discusión el Plan B. Monreal aclaró que una vez que la Corte admita los recursos “revisará desde el debate hasta los votos particulares”, ante lo cual descartó “cabildear” e indicó que dejará que la Corte decida.
“Dejaré que la Corte decida y esperaré a que este máximo tribunal de justicia se pronuncie y observaremos de lo que él resulte”, dijo Monreal al señalar que la Corte tendrá que resolver de manera pronta ante el proceso electoral de este año.
El 27 de diciembre pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya fueron impugnadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Faltan por ser aprobadas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Previo a la discusión, el INE lanzó un resumen ejecutivo en el cual aseguró que “la renovación pacífica y periódica de los poderes a través del voto libre y secreto pueden correr el riesgo de verse lesionadas”. Incluso este fin de semana, el Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello —quien ha sido acusado de ser parcial al mantenerse en un confortamiento público con el Presidente Andrés Manuel López Obrador— instó a los ciudadanos a ampararse para que se anule la Reforma Electoral, porque el Poder Judicial “está para molestar” al Poder Ejecutivo.
“El Poder Judicial está para molestar, para ser incómodo al poder, no por vocación, sino por función. Y creo, desde este punto de vista, que hay que ponerles sobre la mesa a los jueces constitucionales, a la Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los insumos, todos los argumentos que sean necesarios para que puedan tomar una decisión que salvaguarde el orden constitucional”.
LAS CRÍTICAS DE MONREAL
“Es un asunto de carácter personal y no debe ofender a nadie”, dijo la noche del miércoles 14 de diciembre el Senador Ricardo Monreal Ávila al anunciar su voto en contra del Plan B de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos, no soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es que se respete la Constitución”, sostuvo luego de anunciar un paquete de 300 reservas que fueron rechazadas por Morena, el partido al que lidera en el Senado y con el cual se ha ido distanciado por decisiones como esta que asumió.
Ricardo Monreal manifestó no ser parte del bloque de la oposición a pesar de que presentó su voto en contra y negó que su decisión haya sido orientada a buscar un espacio político. Asimismo, afirmó tener muy clara su posición dentro del Grupo Parlamentario. “Mi motivación es la defensa de la Constitución, estrictamente”, sostuvo.
Días después, el 19 de diciembre, y ya finalizado el periodo ordinario de sesiones, Monreal publicó un video en el que defendió el haber votado en contra. “El problema fundamental de la democracia es persistir en ella, defenderla y asumir con todos sus consecuencias el que seas un hombre de leyes, que defiendas la Constitución, que defiendas el Estado de Derecho”.
“El voto particular difiere de la mayoría por el momento particular por el que pasa, pero no es un asunto político, oportunista o coyuntural, es la acusación, es la Constitución y en eso me sostengo”, expuso en esa ocasión luego de que su rechazo a la propuesta presidencial llevara a que voces dentro del partido lo llamaran a definir su postura con respecto a la llamada Cuarta Transformación.
Un mes después, en la antesala de la discusión que se prevé tenga lugar en el Senado, Monreal además de prever las impugnaciones que tendrán lugar en contra de este Plan B, cuestionó algunas de las disposiciones que contiene el dictamen como es el adelgazamiento de la estructura del INE, la cual ha sido cuestionada por los costos que implica.
“No creo que sea correcto (que se haga un recorte de personal en áreas del INE), porque el Estado mexicano ha invertido mucho en su capacitación. Yo estoy del lado de los trabajadores del INE y ojalá y pudieran mantener su trabajo. Siempre que una persona pierde su trabajo me da tristeza y obviamente cuando son cientos y que son capacitados y formados con recursos del Estado me da más tristeza. Mi solidaridad con los trabajadores del INE. Yo estoy seguro de que se resolverán las cosas de manera correcta y justa de acuerdo con la Constitución y la Ley “, indicó.
El día de ayer, Monreal fue cuestionado sobre el llamado del INE a presentar amparos contra el Plan B, ante lo cual señaló: “Es una decisión de ellos, es una decisión de los ciudadanos y el INE tiene derecho a decir lo que quiera”.
¿QUÉ DISCUTIRÁ EL SENADO?
El Senador Alejandro Armenta, que preside el Senado, señaló que el tema prioritario del próximo periodo ordinario de sesiones será la discusión del Plan B electoral. “Se acordó (en la Jucopo) someter en la primera semana, revisar esta parte que nos regresan las y los diputados, y que tiene que ver con la Reforma Electoral”.
Se trata de las cuatro leyes restantes del paquete de reformas contenidas en un mismo dictamen que fue modificado en la primera quincena de diciembre en la Cámara de Diputados, en donde se eliminó un artículo que permitía la transferencia de votos entre partidos políticos, algo que no contenía la iniciativa original y que fue criticado por el Presidente López Obrador ante los señalamientos de que se beneficiaba a los partidos satélites como son los aliados de Morena en el Congreso.
Es decir, en los próximos días los senadores sólo discutirán un artículo del paquete de reforma a cuatro leyes, el que tiene que ver con la llamada “cláusula de vida eterna” a los partidos políticos pequeños, el cual fue eliminado en San Lázaro y que permitía la transferencia de votos entre partidos para ayudar a las fuerzas políticas como el PVEM, el PT o el PRD a mantener su registro.
Se trata del Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Una vez que el Senado avale estos cambios podrá ser remitida al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su correspondiente entrada en vigor, para la cual la oposición y el mismo INE han llamado a la presentación de recursos legales que lleven a esta Reforma hasta la Suprema Corte.
LA CAMPAÑA DEL INE
Este fin de semana, el Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova llamó —durante la presentación del libro La democracia no se toca, que escribió junto con el Consejero Ciro Murayama— a los ciudadanos a presentar recursos ante el Poder Judicial, porque se trata de una reforma que no sólo afecta al INE, sino al derecho de los ciudadanos.
“Si se afecta al INE, se afectan las condiciones de autenticidad que deben tener las elecciones. Déjenme decirlo así, y no estoy dando sugerencias, pero se me ocurrió a mí: Yo tengo derecho como ciudadano, todos tenemos derecho como ciudadanos, a votar, sí, pero no es votar otra en cualquier elección, es votar como dice el artículo 41 constitucional, en elecciones libres y auténticas, y si no están garantizadas las condiciones con autenticidad, se afecta el derecho de cada ciudadana y ciudadano. Y este es el momento en que los ciudadanos, en lo individual o de manera colectiva, pueden y deben, si queremos defender a la democracia, prestar todos los recursos dentro de los cauces legales”.
“Porque sí, la Ley es la Ley —no juguemos a que ‘no me vengan con eso’—, dentro de los cauces legales para ponerle en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestros jueces constitucionales, todos los eventos y argumentos que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control que la Constitución les da”.
La postura de Lorenzo Córdova se suma a lo trazado por el resto de los consejeros electorales, quienes la semana pasada cerraron filas y anunciaron que interpondrán todos los recursos jurídicos necesarios para detener el “Plan B” de la Reforma Electoral, una vez que sea aprobada en el Congreso de la Unión.
Los consejeros presentaron un informe sobre el impacto y riesgos de la Reforma Electoral, en que se alertó sobre un supuesto riesgo para la elección de 2024. Córdova Vianello incluso aseguró que los mexicanos deberán estar listos para semanas de conflictos postelectorales.
“Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral de la elección más grande de nuestra historia”, acusó.
El INE dijo que de las dos mil 571 plazas que conforman actualmente la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema del INE, las reformas contemplan mantener solo 396, por lo que alrededor de un 84.6 por ciento se quedaría desempleado.
Según el Consejo del Instituto, una sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección como el concurso público para el ingreso al SPEN, “no permitirá garantizar la independencia, profesionalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional”.
También apuntó que con este recorte se estaría afectando los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por “concurso público, que es evaluado, formado y capacitado de forma permanente”.
Lo cierto es, que a lo largo de la actual administración, se ha pedido al INE ajustar su presupuesto como lo han hecho otras dependencias y a los consejeros respetar lo establecido en la Ley de Remuneraciones, contra la cual se han amparado para poder ganar más que el Presidente. Este diferendo, a la par de la confrontación con el Presidente y el protagonismo del que han sido acusados Córdova y Murayama, ha escalado cada vez más y polarizado la discusión en torno a este Plan B, el cual surgió ante la falta de consenso y diálogo para sacar adelante la Reforma Electoral constitucional.
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