Redacción El CoahuilenseSaltillo, Coahuila.- El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso de Coahuila dos denuncias de juicio político en contra del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, y del Auditor Superior del Estado, Manuel Ramírez Briones.
El legislador afirmó que ambos funcionarios han incurrido en diversas conductas que, a su juicio, encuadran en la mayoría de los ocho supuestos que establece la ley para proceder con este tipo de mecanismo de responsabilidad política.
Señaló que el juicio político no busca el desafuero, sino la destitución o inhabilitación del funcionario público cuando se acreditan violaciones previstas en la ley.
Explicó que su denuncia será turnada primero a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que deberá determinar si existe materia suficiente para iniciar el procedimiento. Posteriormente, la Comisión Instructora y el Pleno del Congreso serán quienes valoren el fondo del caso.
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En el caso del alcalde Román Alberto Cepeda, la denuncia señala presuntas violaciones graves a derechos humanos, omisiones en la gestión pública, irregularidades en materia de transparencia y actos atribuibles a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Entre los hechos presentados se incluyen el ocultamiento de información relacionada con el operativo de seguridad del partido Santos–Monterrey en el Territorio Santos Modelo, la negativa reiterada a cumplir resoluciones del ICAI, la violencia documentada contra mujeres durante la marcha del 8M de 2024 —que derivó en la Recomendación 12/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos— y el operativo en el ejido Nuevo Mieleras donde un elemento del Grupo de Reacción Torreón privó de la vida a Rolando Medina Puentes, señalado en la Recomendación 07/2025.
En su denuncia, el legislador afirmó que existe un patrón de información reservada sin fundamento, firmas irregulares en documentos oficiales y un uso reiterado de argumentaciones insuficientes ante solicitudes de acceso a la información pública.
También señaló que el Ayuntamiento ha incumplido disposiciones constitucionales y legales al no acatar resoluciones del ICAI ni garantizar el derecho a la protesta en el caso de la marcha del 8 de marzo.
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Respecto al Auditor Superior del Estado, Manuel Ramírez Briones, Attolini Murra denunció omisiones graves en la promoción de sanciones por faltas administrativas de carácter grave y posibles delitos vinculados con abuso de funciones.
De acuerdo con la denuncia, la Auditoría Superior no ha remitido expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar irregularidades detectadas entre 2017 y 2023, lo que, según argumentó, ha derivado en la prescripción de responsabilidades y en la ausencia total de sanciones por actos que involucran recursos estatales y municipales.
El legislador afirmó que esta situación ha permitido que se acumulen más de 2,500 millones de pesos en observaciones no solventadas en el municipio de Torreón entre 2019 y 2023, sin que exista denuncia administrativa o penal alguna.
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Agregó que este comportamiento configura un encubrimiento institucional y un incumplimiento sostenido a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
Attolini Murra sostuvo que ambos expedientes serán turnados la próxima semana a las comisiones legislativas correspondientes, donde espera que se sustancien conforme a derecho.
Subrayó que su papel como legislador es velar por la rendición de cuentas y que los hechos expuestos cumplen, dijo, con los requisitos que establece la normativa estatal para iniciar un juicio político.
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