perse
Alétheia
Jesús Gerardo Puentes Balderas
Después de ser reconocido con los máximos galardones por las agencias de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de ser calificado como el súper policía mexicano, de ser invitado de honor de los presidentes George W. Bush y Barack Obama y de habérsele otorgado una visa exprés para residir en ese país, hoy es enjuiciado en una corte de Brooklyn, NY.
Se le acusa de: narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones (perjurio), entre otros. Su juzgador es el juez Brian Cogan, el mismo que juzgó y sentenció a Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo Guzmán” a cadena perpetua.
Ante lo obvio, surgen los cuestionamientos: ¿Por qué ese cambio repentino del Tío Sam? ¿Por qué hasta ahora se le inicia un proceso legal en su contra?
Resulta totalmente incomprensible que, el país con las agencias investigadoras y de espionaje más famosas y “eficientes” del mundo –DEA, CIA y FBI–, no conocieran de las actividades del Sr. García Luna durante las últimas dos décadas.
Pero ¿Qué pruebas se tienen en su contra?
De acuerdo con su abogado defensor, ninguna. Salvo los testimonios de los narcotraficantes perseguidos, encarcelados y extraditados por el propio exsecretario, hoy acogidos al programa de testigos protegidos del gobierno norteamericano.
Testigos, entonces, dispuestos a decir lo que fuere -incluso a mentir- a cambio de la reducción de su condena o la propia libertad condicionada. Los mismos que acusaron al General Salvador Cienfuegos, detenido en los Ángeles, California y liberado por intermediación del presidente López.
Hasta el jueves 2 del presente, todos los testigos protegidos han declarado sobre presuntos sobornos millonarios que habrían sido recibidos por el exsecretario a cambio de protección o información privilegiada, así como sobre una supuesta relación cercana con el cártel de Sinaloa.
Es pertinente aclarar que, sin que sea intención de quien esto escribe de defender ni hablar en favor del Sr. García Luna, el suscrito comparte la visión puesta de manifiesto por diversos analistas, en el sentido de la mayor viabilidad de acusarlo de actos de corrupción que de narcotraficante.
Sin lugar a dudas, su riqueza es poco entendible y explicable. No parece ser congruente con lo que pudo haber generado durante su carrera en el servicio público como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del Presidente Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el periodo de Vicente Fox Quesada.
El juicio contra García Luna es testimonio de una guerra fallida -iniciada por ambos países y enmarcada en el “Plan Mérida”- en contra del narcotráfico, el que campea y recibe abrazos en vez de balazos en este sexenio de la llamada “Cuarta transformación”.
Su contenido y contexto nos muestran, asimismo, la incapacidad de los gobiernos mexicanos para consolidar un estado de derecho, alejado de la corrupción y la impunidad.
Resulta inconcebible e inadmisible que ninguna de las administraciones federales, tanto, en las que colaboró como las dos subsecuentes, no hubieran iniciado acciones oportunas en su contra a pesar de los múltiples señalamientos hacia su actuar durante y después de su encargo público.
Por decir lo menos, es incomprensible que una persona que demostró su falta de ética profesional y honorabilidad, al ser el autor intelectual y material del montaje en el caso de Florence Cassez, fuera después promovido a Secretario de Estado. ¿En verdad engañó por completo a administraciones enteras de éste y del otro lado de la frontera, así como a las agencias de investigación de Estados Unidos?
Dicha interrogante llegará a puerto a finales de abril. Por lo pronto, una vez más el gobierno de los Estados Unidos nos corrige la plana y exhibe por nuestra incapacidad -o falta de voluntad- para juzgar a delincuentes en nuestro país y lo han hecho en su territorio. Lo han hecho ya con múltiples miembros de la delincuencia organizada, así como con servidores públicos corruptos y no parece que pronto dejarán de hacerlo.
En Coahuila, dos exgobernadores han sido rostro de la nota policiaca: Humberto Moreira Valdez se encuentra en la lista negra de los EUA y Jorge Torres López, su interino, purga una condena de 3 años en prisión por recibir sobornos. A su vez, el Secretario de Finanzas en la administración del primero, se declaró culpable de lavado de dinero; acusó a ambos exgobernadores y actualmente se encuentra en libertad condicionada.
Continuará…
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