CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió ayer al Senado el plan B de la reforma electoral que abre la puerta a que el presidente en turno solicite el voto para no ser removido del cargo.
A casi una semana de que los diputados rechazaron su plan A, Sheinbaum optó por el Senado para este nuevo intento con el que modificará los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. La iniciativa deberá ser analizada en comisiones antes de su discusión en el pleno.
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Uno de los cambios más relevantes en este nuevo proyecto se concentra en la revocación de mandato. La iniciativa de Sheinbaum establece que la persona que ocupe la Presidencia de la República solo podrá enfrentar un proceso de revocación de mandato durante todo su periodo de gobierno.
Este mecanismo podrá solicitarse durante el segundo o tercer año de la administración y la consulta se programará el primer domingo de junio del año convocado.
Además permitirá que la persona titular del Ejecutivo federal participe en la promoción del proceso y llame al voto a su favor, bajo las reglas que establezca la ley.
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“La garantía del derecho de opinión, razonamiento y defensa de la persona sujeta al procedimiento de revocación fortalece el debate público informado y reconoce el derecho de la persona servidora pública a expresar libremente sus ideas y opiniones”, justificó Sheinbaum en la iniciativa.
El documento también propone ajustar las reglas de difusión, por lo que establece la suspensión de propaganda gubernamental desde 60 días previos a la consulta.
“La revocación de mandato se establece que puede ser o en el 27 o en el 28 y a criterio de los siguientes Presidentes. Y ahí, como está la Constitución, queda hasta principios del próximo año para poder solicitarla”, declaró ayer Sheinbaum en su conferencia matutina.
En materia presupuestal, la iniciativa contempla una reducción progresiva de hasta 15 por ciento en el presupuesto del Senado en los próximos cuatro años, tomando como base el ejercicio fiscal de 2026. Asimismo, plantea limitar las remuneraciones y prestaciones de funcionarios electorales para que no excedan lo establecido en el artículo 127 constitucional.
El proyecto también prohíbe la contratación de seguros privados, cajas de ahorro especiales o esquemas de retiro financiados con recursos públicos para altos funcionarios, incluidos consejeros electorales y magistrados.
En el ámbito municipal, se propone acotar la integración de los ayuntamientos a una sindicatura y un máximo de 15 regidurías, con el argumento de evitar estructuras sobredimensionadas y reducir costos administrativos.
Previo al envío de la iniciativa, Claudia Sheinbaum confirmó que la elección judicial se realizará en 2027 con la posibilidad de reducir el número de candidatos a elegir. “Hay algunas modificaciones a la elección judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 27. Aprovechar ya la elección del 27 para atender todo de una vez”, adelantó.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, explicó los alcances del plan B. En conferencia adelantó algunos cambios, pero aún no se plantean pues afectarán a leyes secundarias y no a la Constitución.
Por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos. La propuesta obliga a las dirigencias a transparentar sus remuneraciones y a reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado. El tope de las remuneraciones para estos entes se fija en mil 500 UMAS, equivalente al salario presidencial, y se prohíbe el uso de recursos ilícitos, aportaciones en efectivo o financiamiento proveniente del extranjero.
También las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales incluyen el inicio de los cómputos federales y locales al cierre de la jornada con la llegada del primer paquete, así como el uso de tecnologías para la fiscalización.
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