Redacción El Coahuilense
La posible destitución del personal civil de carrera del Instituto Nacional Electoral (INE) en todo el país, como parte del «Plan B» de la reforma en la materia respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendría un impacto negativo en 50 funcionarios que apoyan en la operatividad y trabajo del organismo para realizar y sancionar las elecciones.
Esta situación podría afectar los resultados electorales, señaló el vocal de la Junta Local del INE en Coahuila, José Luis Vázquez López.
El personal de carrera del INE está altamente capacitado y forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, un sistema que implica la incorporación, la profesionalización y evaluación de los servidores públicos.
Para formar parte de este sistema, los empleados deben presentar exámenes de conocimiento y ser evaluados constantemente por sus superiores jerárquicos. La eliminación del personal de carrera podría dar lugar a la contratación de personas sin la misma capacitación y experiencia, lo que podría afectar la calidad de los procesos electorales.
En Coahuila, la posible destitución del personal de carrera del INE afectaría a alrededor de 50 personas, incluyendo al vocal ejecutivo, el de capacitación, de organización, del Registro de Electores, el secretario, así como el jefe de oficina de Seguimiento y Análisis.
Vázquez López también señaló que la capacitación del personal del INE puede llevar de un año a año y medio para que comprendan correctamente los procedimientos y realicen su trabajo con calidad. Actualmente, el Servicio Profesional Electoral Nacional está conformado por cerca de 2 mil 500 personas, las cuales podrían ser reemplazadas por personal sin la misma capacitación y experiencia.
Recientemente, la ciudadanía se manifestó en defensa del INE y en contra del Plan B en una movilización social a nivel nacional. Vázquez López celebró la manifestación espontánea de la ciudadanía y señaló que indica la importancia del tema para la sociedad.
Además, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diferentes actores políticos y sociales en contra del Plan B.
Con información de Vanguardia
