Redacción El CoahuilenseHace justo dos años, las denuncias de la diputada morenista Delia Hernández contra Edgar Sánchez Garza, entonces candidato de Morena a la alcaldía de San Pedro de las Colonias, no tuvieron eco partidista.
El 17 de mayo de 2024, El Coahuilense Noticias daba seguimiento a un reportaje sobre los casos de violencia política en razón de género, concretamente en el caso sampetrino con la siguiente redacción:
“A pesar de las denuncias por amenazas y violencia política de género, el partido no ha tomado medidas”.
En el siguiente párrafo la legisladora explicaba que había denunciado a Sánchez Garza, por amenazas y violencia política contra ella y sus hijos. Consiguió una orden de restricción de la Fiscalía del Estado, pero urgía al partido a pronunciarse antes de las elecciones que serían el primer domingo de junio de aquel año.
El caso es paradigmático de la violencia de género en su secuencia: una denuncia; una serie de llamados de auxilio; una serie de omisiones y, finalmente, la agresión infame que, en este caso, plantea dos interrogantes:
La primera es sobre las condiciones en que estaba la orden de restricción o si esta ya había prescrito; la segunda es sobre la forma en que procedió Morena, partido que por entonces omitía el asunto a todas luces protegiendo al agresor por motivos electorales.
Lo anterior es de interés público porque permitiría esclarecer cómo llegamos a los hechos del sábado, en tanto se advierte una animosidad cuyo origen es partidista pero también una probable violación a la orden de restricción.
El uso político de la violencia
Apenas el viernes, este espacio consignaba lo deseable de un proceso electoral en paz, para partidos, candidaturas y sociedad. Lo ocurrido en San Pedro de las Colonias es inadmisible, como también lo es el intentar sacar raja política del asunto.
Como se sabe, la primera reacción de los dirigentes de Morena, Diego del Bosque en el estatal, Ariadna Montiel en el nacional, fue acusar violencia del PRI-UDC, sin hacerse cargo de los antecedentes, es decir, de la omisión del partido en las amenazas precedentes y de que lo ocurrido tuvo un origen político intra partidista en Morena.
Hace un par de semanas, Sánchez Garza dijo que regresaba a UDC y que apoyaba a Cristina Amezcua, una postura que tenía el propósito de ir en contra de la designación de Delia Hernández. Sin embargo, el mencionado sigue apareciendo en el padrón de Morena como militante, esto quiere decir que no hubo sanción ni expulsión pese a las denuncias de la diputada.
Sobre Delia Hernández hay que decir que es poco proclive al conflicto, suele estar dispuesta al diálogo y no se le conoce antecedente de desbordamiento como sí ocurre con Edgar Sánchez.
Morena ha establecido una agresión a su diputada y candidata a la reelección, inclusive denunciando tentativa de feminicidio. Pero lo que se logra observar en los videos no es eso.
La condena indiscutible es a la violencia en general, a la violencia política por supuesto y, destacadamente a la que se ejerce en razón de género. Pero también debe serlo al uso político de la violencia, especialmente cuando en el pasado se protegió al agresor hasta que este presumió cambiar su simpatía política y, entonces sí, de una riña incidental se pasa a señalarlo de feminicida en potencia. O sea, la hipocresía y la desmesura que ni siquiera corresponden –ya no digamos lo obvio sobre los hechos– con el perfil de su candidata.
Ágape en la Sección 38
Muy alegre se vio a la profesora Isela Licerio Luévanos, dirigente de la Sección 38, durante un evento realizado el sábado por la noche en el minirecreativo sindical en Torreón.
Hubo concierto de Nicho Hinojosa y ahí, custodiada por los no menos alegres profesores Xicotencatl Hernández y Eduardo Botello, los tres (o sea Isela y los dos últimos, no Nicho) implicados en las negociaciones para reducir el predio del recreativo a un décima parte y vender las restantes 4.5 hectáreas.
Tal parece que a la profesora Licerio no le incomoda aparecer en público cuando el ambiente es controlado pero, desde hace unos 10 días, sigue sin presentarse en actividades públicas ni explicar la operación inmobiliaria.
La franquicia de MC
Ya hace unos días que la lista de representación proporcional, es decir, los famosos plurinominales de los partidos, quedó firme y, sin embargo, llama la atención el caso de Movimiento Ciudadano, cuya lista quedó integrada aunque poco analizada.
Resulta que en partido naranja, postularon en la primera posición a Patricia Alejandra de la Peña Villarreal, quien es hermana del dirigente estatal, Alfonso Danao de la Peña.
El acto de nepotismo y la política de género, mandó a la segunda a Michel Márquez, el comunicador saltillense que actualmente es regidor con licencia en la capital de Coahuila y quien, lleva como suplente a Jaime Martínez Veloz, uno de los políticos más experimentados y con la trayectoria más asombrosa de lo que contienden este año por MC.
Si fuera por meritocracia, al Jimmy se le hubiera asegurado una posición, pero en las circunstancias actuales es evidente que MC no es más que una franquicia cuyo usufructo está endosado a Poncho Danao.
Se oficializa el cambio
En las próxima horas se espera que sea oficial la llegada de Beatriz Fraustro Dávila, a la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, luego de que Luz Elena Morales Núñez decidiera irse a campañear por su reelección con licencia, actitud esta muy decente a la que no todos en el Legislativo estuvieron dispuestos.
Los lunes las y los legisladores suelen inscribir los asuntos que habrán de abordar en la agenda de la sesión ordinaria que se lleva a cabo al día siguiente. En ello, la Junta de Gobierno tiene un papel importante por la inscripción y el armado de la agenda.
Fraustro Dávila, quien posee una muy conocida mano izquierda, llega con la aprobación de todos los grupos parlamentarios. Le corresponderá conducir los trabajos legislativos antes de llegar al pleno. Lo hará en un período álgido pues las próximas cuatro semanas serán de resonancia legislativa de las incidencias electorales.
Y ahora, el huachicol de agua
La tarde del viernes, una serie de denuncias en redes sociales llevaron al Simas Torreón, que dirige Bobe Escalante, a localizar un domicilio en la colonia Mayrán, donde dos pipas estaban cargando agua de manera ilegal.
Una crisis como la hídrica que padece Torreón suele dejar al descubierto los espacios sucios de las instituciones y de quienes lucran con un problema.
Muy agradecido, Bobe Escalante explicó que la vivienda llevaba mucho sin pagar por el servicio y pidió a la ciudadanía que siga colaborando con ese tipo de denuncias que, por lo demás, lo dejan en evidencia: por un lado, la falta de sistemas de detección de fugas; por el otro, la falta de un sistema para identificar deudores y, finalmente, la omisión en la responsabilidad institucional porque un esquema de huachicol de agua como el mencionado no puede funcionar sin la corrupción del sistema.
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