Ethel ArredondoPor Ethel Arredondo
Torreón, Coahuila.- Las organizaciones Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero A.C., ProDefensas del Nazas A.C. y Encuentro Ciudadano Lagunero (ECL) acusaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de intervenir en un proceso judicial relacionado con la protección del acuífero principal de la Comarca Lagunera, al señalar que la Consejería Jurídica de la Presidencia envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un oficio en el que plantea criterios para modificar los alcances de una sentencia que ordena frenar la sobreexplotación de esta fuente de agua.
Mediante un boletín informativo difundido este martes, las agrupaciones sostienen que el pasado 24 de marzo de 2026 la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta, actuando en representación de la titular del Ejecutivo Federal, remitió un documento al presidente de la Suprema Corte relacionado con un recurso promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y vinculado directamente con el cumplimiento del Amparo en Revisión 543/2022.
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De acuerdo con los colectivos, dicho amparo derivó en una sentencia emitida en marzo de 2023 por la Primera Sala de la Suprema Corte, la cual ordenó a las autoridades responsables garantizar la preservación y protección del acuífero principal de la Región Lagunera, considerado la principal fuente de abastecimiento para más de un millón de habitantes.
Las organizaciones señalaron que el máximo tribunal decidió atraer el asunto mediante el Recurso de Queja 11/2026, mismo que fue turnado a la ministra Lenia Batres para su resolución. Según su postura, la relevancia del caso radica en que la Presidencia habría expresado previamente su posición sobre la forma en que debe resolverse el recurso.
En el boletín, los promoventes afirman que desde que fue emitida la sentencia del amparo, la Conagua y grandes concesionarios del agua han impulsado diversos recursos e incidentes legales con el propósito de limitar sus efectos o modificar su alcance. Aseguran que estas acciones forman parte de una estrategia para impedir el cumplimiento pleno de la resolución judicial.
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Las organizaciones destacan que el oficio enviado por la Consejería Jurídica solicita a la Suprema Corte delimitar nuevamente los alcances de la ejecutoria emitida por la Primera Sala, establecer que no puede paralizarse la actuación de la Conagua y fijar criterios que permitan reactivar los trámites de prórrogas de concesiones y asignaciones de agua suspendidos por orden judicial. Asimismo, sostienen que se busca una resolución favorable a los intereses del Ejecutivo Federal y de los concesionarios involucrados.
De acuerdo con fragmentos del documento citados en el propio boletín, la Consejería Jurídica argumenta que el estado actual del cumplimiento de la sentencia ha impedido a la Conagua ejercer plenamente sus atribuciones como órgano técnico rector de la administración y uso de los recursos hídricos, particularmente en lo relacionado con las prórrogas de concesiones del acuífero lagunero. Las organizaciones consideran que esta postura privilegia los intereses de los grandes usuarios del agua sobre la protección del recurso.
Los colectivos calificaron la actuación del Ejecutivo Federal como una violación a la independencia judicial y señalaron que ningún poder del Estado debe influir en la forma en que la Suprema Corte resuelve un asunto sometido a su consideración. Añadieron que modificar el alcance de una sentencia relacionada con el derecho humano al agua podría tener consecuencias directas para el futuro del acuífero y para el abastecimiento de la población lagunera.
Asimismo, afirmaron que existe una contradicción entre el discurso público de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de derecho humano al agua y las acciones descritas en el oficio. En el documento sostienen que mientras públicamente se ha expresado el compromiso de garantizar este derecho, al mismo tiempo se impulsan medidas para limitar una sentencia que ordena frenar la sobreexplotación del acuífero.
Las organizaciones señalaron que durante años los habitantes de la Comarca Lagunera han enfrentado problemas de escasez, tandeos, dependencia de pipas e incertidumbre sobre el suministro de agua debido a la sobreexplotación del acuífero. Por ello, anunciaron que continuarán documentando y denunciando cualquier acción que, a su juicio, busque debilitar la sentencia emitida por la Suprema Corte.
Finalmente, los colectivos manifestaron que defenderán la resolución judicial obtenida mediante el amparo y mantendrán vigilancia sobre el proceso que actualmente analiza la Suprema Corte, al considerar que su desenlace tendrá implicaciones directas para el futuro hídrico de la Región Lagunera.
