AgenciaSaltillo, Coahuila.- Familiares de víctimas de violencia contra las mujeres y colectivas acudieron a los juzgados del Poder Judicial de Coahuila para solicitar que cinco casos sean investigados bajo el protocolo de feminicidio. Durante la movilización, acusaron que algunas carpetas de investigación han sido reclasificadas con otros tipos penales, lo que, afirmaron, impide que los hechos se registren como feminicidios.
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La protesta se realizó durante la mañana del miércoles. Como parte de la manifestación, las asistentes colocaron siluetas color rosa en la entrada del edificio para recordar a las mujeres que han perdido la vida y demandaron una respuesta de las instituciones encargadas de procurar justicia.
En el posicionamiento leído por las familias, Sandra Soto, hermana de Serimar, sostuvo que la Fiscalía General del Estado de Coahuila evita tipificar algunos asesinatos de mujeres como feminicidio. Entre los expedientes que mencionaron figura el de Laura Cadena, en Ciudad Acuña, el cual, señalaron, las autoridades buscan reclasificar como matricidio.
También citaron el caso de Luisa Fernanda, en Saltillo, del que aseguraron permanece bajo la hipótesis de suicidio. A esa lista sumaron el feminicidio de Silvia Aracely, en Monclova, donde la familia rechazó esa línea de investigación al recordar que existían denuncias previas y reportes de acecho contra el presunto agresor.
Las familias dirigieron además un llamado al gobernador Manolo Jiménez Salinas para que intervenga en la atención a las víctimas indirectas. Señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha dado respuesta a las necesidades de quienes enfrentan estos procesos y solicitaron que cesen las omisiones que, aseguraron, persisten.
Como ejemplo, Sandra Soto expuso el caso de Diana Marina. Indicó que el cuerpo permaneció varios días en el Servicio Médico Forense porque, dijo, la CEAV no activó el apoyo inmediato para cubrir los gastos funerarios. “Si no van a hacer su trabajo, mejor desaparezca esa institución y dejen de pagar sueldos a funcionarios omisos”, expresó.
Las manifestantes también cuestionaron las declaraciones oficiales sobre el avance de las investigaciones. Afirmaron que, en distintos casos, las familias han tenido que recopilar información y dar seguimiento a las indagatorias para impulsar la localización de los presuntos responsables.
Al término de la protesta, una comisión de funcionarios del Poder Judicial recibió a las representantes de los colectivos y escuchó sus planteamientos. De acuerdo con las manifestantes, las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a las solicitudes presentadas.
Con información de Vanguardia
