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CDMX.- Aprueban diputados federales en fast-track la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, esto se logró con 257 votos a favor y 208 en contra. Las modificaciones fueron enviadas al Senado de la República para efectos constitucionales.
Luego de apenas haberse realizado dos de los siete parlamentos acordados por las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Educación, se aprobó en fast-track la reforma del presidente López Obrador que transforma el Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación y lo define como el articulador de la política pública en la materia.
La reforma establece también la creación de una Agenda Nacional de Investigación enfocada en “atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana”, uno de los cambios que más preocupación generó en la comunidad científica.
Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE)-CINVESTAV, dijo en una entrevista con El Sol de México el 14 de abril que el ceñir la investigación a una agenda centralizada “pone en riesgo el desarrollo de la ciencia”, por lo que se pronunció a favor de concluir los siete parlamentos para dialogar más sobre el proyecto de ley, sin embargo, su petición y a de decenas de investigadores no fue escuchada.
Durante la discusión, el diputado priista Brasil Acosta advirtió que la nueva Ley elimina la obligación de destinar al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la ciencia y ahora se sujeta a la disponibilidad presupuestaria de la federación, las entidades, los municipios y las entidades federativas.
“Esas son muestras de que la nueva ley es nada más retórica, si quieren realmente demostrar que quieren hacer la ciencia debe haber recursos y ustedes no los están dando”, acusó.
También establece que el acceso universal a las becas —uno de los puntos más importantes de la reforma— estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, advirtió que el proceso carente de diálogo con la comunidad científica va “a traer problemas de legalidad y una serie de litigios” y acusó que “un gobierno que le teme a la inteligencia, es un gobierno enfermo», acusó.
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