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Ciudad de México.- Por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Plan B de la reforma electoral continuará sin entrar en vigor tanto en Coahuila como en el Estado de México, donde se tiene previsto que se lleven a cabo elecciones el 4 de junio próximo.
Esto quiere decir que de momento, en ambas entidades, no podrán ser aplicadas las reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que contemplan, entre otras cosas, establecer un límite de 0.1 por ciento del presupuesto de los municipios para gasto de comunicación social y modificar la definición de propaganda gubernamental.
En la discusión que se aplazó por tres semanas, derivado de las ausencias de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien era ponente en este asunto, la Segunda Sala de la SCJN determinó mantener la decisión de Alberto Pérez Dayán de febrero pasado en contra de dichas modificaciones.
Esto, porque desde su punto de vista “su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados”, ya que en ambas entidades se celebran elecciones este año.
La ministra Loretta Ortiz, proponía levantar la suspensión otorgada por su compañero de Sala, sin embargo, por mayoría de tres votos, los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y el propio Pérez Dayán, rechazaron la propuesta.
De esta manera, determinaron que el asunto ahora sea analizado por el ministro Laynez Potisek, quien hace un mes resolvió suspender indefinidamente la entrada en vigor del resto de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, y a la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobadas por el Congreso de la Unión.
Esa decisión, al frenar la reducción de la estructura del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales, la desaparición de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reducir los salarios de los consejeros electorales le generaron las descalificaciones del presidente López Obrador, quien consideró que se extralimitó en sus funciones.
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