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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la validez del plan B de la reforma electoral el próximo lunes, así lo decidieron los ministros en sesión privada este jueves, contrario a lo solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Después de la sesión ordinaria, los ministros optaron por agendar el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para el próximo lunes y no posponerlo como solicitó la presidencia.
La Consejería Jurídica hizo esta petición argumentando que antes se deberían resolver las impugnaciones hechas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social que aprobó la mayoría del PRI en su momento, pero que fue modificada por Morena y sus aliados en diciembre pasado.
Sin embargo, de manera unánime los ministros determinaron que no es factible atender la petición, ya que la impugnación en contra de las reformas a esa ley, así como a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son de carácter electoral, las cuales impactan de manera directa a los comicios que se celebrarán este año y en 2024.
En el caso de la Ley General de Comunicación Social ésta fija como límite que los ayuntamientos no puedan destinar más del 0.1 por ciento de su presupuesto a propaganda gubernamental, mientras que en el caso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobó la redefinición de propaganda gubernamental, lo que ahora permite que cualquier funcionario promocione ejercicios como una consulta popular o a otro funcionario “en el ejercicio de su libertad de expresión”, sin que haya controles para ello.
Debido a ello, bancadas de oposición, así como el Instituto Nacional Electoral presentaron una serie de acciones de inconstitucionalidad, la cuales fueron admitidas por el ministro Pérez Dayán, quien después de un primer análisis otorgó una suspensión provisional para que éstas no sean aplicadas en el Estado de México y Coahuila, entidades que eligen gobernantes este año.
El ministro argumentó que la aplicación del Plan B en los estados mencionados “podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados”.
Dos meses después de esa decisión, tras un análisis más completo, el ministro hizo público el proyecto respecto a las modificaciones, en el que propuso invalidar lo aprobado por los legisladores de Morena y los partidos aliados, ya que desde su punto de vista se cometieron al menos dos violaciones al proceso legislativo.
“El Decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados, y las irregularidades cometidas en Comisiones de la Cámara de Senadores impidió la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo”, aseveró en su proyecto.
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