Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Debido a que sufrieron violencia familiar y omisión de cuidados, 294 menores de edad coahuilenses fueron atendidos por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif ).
De ese total 181 fueron casos de violencia física y 113 de violencia emocional, según registros del Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas del Estado de Coahuila.
De los 181 casos de violencia física, 89 se registraron en la región sureste, 55 en la laguna, 17 en la región norte, 13 en región centro y 7 en región carbonífera.
En cuanto a los casos por violencia emocional, 46 se registraron en región sureste, 41 en la laguna, 9 en región norte, 9 en la región centro, y 8 en la carbonífera.
Paralelamente, al cierre de 2022 Coahuila registró 13 mil 120 denuncias por delitos contra la familia, y 12 mil 718 de ellos fueron por violencia familiar, según datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En 2023 Coahuila ocupa el sexto lugar nacional en llamadas de auxilio por violencia familiar. De enero a marzo de este año se registraron 7 mil 017 llamados de auxilio relacionados con violencia familiar en el estado, conforme el informe Información sobre violencia contra las mujeres: incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1 del SNSP.
VIDAS MARCADAS
La violencia familiar es definida por el Consejo Nacional de Población como el “uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar contra algún integrante de la familia, y que puede manifestarse como abuso psicológico, sexual, o económico entre personas relacionadas afectivamente dentro del hogar”.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), menciona que “la violencia familiar es una expresión del alto nivel de conflictividad social y de los cambios demográficos y sociales que hay en el país, además del impacto de la precariedad económica y el reconocimiento de violencias machistas”.
Datos de la Redim indican que seis de cada diez niños en México sufren castigo corporal en el núcleo familiar. La violencia familiar está asociada a otras formas de violencia: sexual, física o lesiones, psicológica, corrupción de menores, exposición a sustancias como alcohol, drogas o materiales propios de personas adultas, además de la pérdida de vínculos familiares y socialización.
Entre 2020 y 2021, en el contexto del confinamiento por la pandemia de covid-19, los casos de violencia familiar aumentaron 50%. De acuerdo con los registro de lesiones de la Secretaría de Salud, 27 mil 526 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales del país en 2021 por haber sufrido violencia familiar y no familiar.
“Esto se está traduciendo en divorcios destructivos o separaciones conflictivas”, en los que niños y niñas quedan en medio de procesos judiciales por temas de custodia, así como “niños y niñas que comienzan a vivir en familias distintas o con trayectorias familiares complicadas”, expresa Juan Martín Pérez García.
El director ejecutivo de la Redim expone que la violencia familiar tiene impactos psicológicos en los menores de edad: afecta su autoestima e incrementa su ansiedad, las ideas suicidas, la depresión y el aislamiento, lo que provoca a su vez afectaciones en el aprendizaje.
La violencia familiar también afecta el libre desarrollo de la personalidad de los infantes, entre ellos: la identidad, pertenencia y redes de socialización, vinculadas entre sí.
“Si mi familia vive violencia familiar, la identidad puede verse afectada con estos acontecimientos de violencia. Las redes de socialización pueden reducirse con mucha frecuencia o los vínculos de pertenencia pueden estar asociados a niveles de conflictividad”, advierte Juan Martín Pérez García.
Como consecuencia, los niños y niñas pueden generar conductas agresivas y de “acoso escolar”, pues reproducen la dinámica de la violencia como una manera de pedir ayuda externa.
“En su propia dinámica personal van a crecer con miedo, con desconfianza, con inseguridad, con dificultades de comunicar lo que viven porque la dinámica de violencia no es abierta, no es amable, y esto reduce muchísimo sus posibilidades de comunicar lo que ellos están viviendo”, subraya.
REPRODUCIENDO PATRONES
Juan Martín Pérez García, afirma que hay trayectorias familiares que suelen heredarse: “La literatura académica muestra que un niño o una niña que crece en un contexto de violencia familiar puede reproducir estas pautas de violencia posteriormente en sus relaciones de pareja.
“Además de todas las afectaciones que van a tener impacto en su salud mental, en su socialización, y en su integridad física, se va a ver trastocando su proyecto de futuro, que es la afectación en el libre desarrollo de su personalidad”, advierte.
Menciona que, en trayectorias adultas, las afectaciones se asocian con el consumo de sustancias, relaciones de pareja conflictivas, celosas y posesivas, como consecuencia de las complicaciones que vivieron durante la niñez.
“Las afectaciones en su aprovechamiento escolar generan trabajos precarios o desempleo, y lo más lamentable es que repiten la cultura machista de violencia que vivieron o aprendieron”, señala.
La Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas establece en su artículo 19 que “los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
Sin embargo, no existen políticas públicas que permita prevenir y atender de manera eficiente a los niños y niñas víctimas de violencia familiar.
Juan Martín Pérez García plantea que hay acciones fragmentadas que llevan a cabo funcionarios y funcionarias que “intentan hacer lo que pueden” desde su espacio, y que, sin embargo, “es insuficiente”.
Destaca la importancia de diferenciar la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia los niños durante un acto de violencia familiar.
“La violencia contra niños y niñas también amerita medidas específicas diferentes a las que se aplican a la mamá, pues el hecho de que se atienda a las mujeres no significa que se está ateniendo la violencia contra niños y niñas y viceversa.
“Ante todo ello lamentablemente el Estado mexicano en su conjunto no ha desarrollado políticas públicas de acompañamiento a la diversidad familiar, de afrontar la violencia familiar, que es distinta a la violencia de género, y obviamente tampoco ha aportado mecanismos para proteger a niños y niñas que están viviendo trayectorias de vida judicializadas”.
El director ejecutivo de la Redim insiste en que es necesario el desarrollo de instituciones especializadas y con personal capacitado, que pueda intervenir de manera focalizada, especialmente con niños y niñas que ya están viviendo violencia o han tenido vivencias de violencia, además del acompañamiento psicológico y psiquiátrico para que puedan resignificar esa experiencia de vida.
“El espacio ideal para poder acompañar este proceso de manera masiva sería la Secretaría de Educación Pública, que tiene las posibilidades de acompañar a más de 30 millones de niños, niñas, y personas adolescentes tanto en identificación como en información y atención para aquellos que lo requieran, pero tenemos graves omisiones de parte de la SEP en esta materia”, finaliza.
TE RECOMENDAMOS LEER:
