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Por Teresa Jiménez
El trato que se dio a la masacre de 303 chinos en Torreón, Coahuila, en 1911 es una muestra tanto de la manía del gobierno y la sociedad mexicana de culpar a las víctimas –que aún prevalece– como de esa costumbre de echar al olvido lo que incomoda de la historia e incluso de la capacidad para adecuar los hechos a conveniencia.
Y es que entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, en pleno apogeo de la Revolución Mexicana, fueron asesinadas 303 personas que conformaban aproximadamente la mitad de la comunidad china que se había asentado en Torreón, una ciudad fundada cuatro años atrás, que llegó a albergar al único banco chino del país y a ser sinónimo de prosperidad.
Los migrantes chinos, la mayoría cantoneses, son considerados como “los primeros mojados” que cruzaron desde México hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, según lo plantea el escritor mexicano Julián Herbert, autor de La Casa del Dolor Ajeno y quien argumenta que la sinofobia fue el resultado de una mezcla entre el desprecio de las élites de Coahuila y de los sindicalizados, que se veían desplazados por mano de obra más barata.
Sobre la masacre, las versiones orales y de los historiadores se centran en que no fue propiamente un acto de xenofobia, sino que, en un arrebato de violencia salvaje, una masa amorfa que iba detrás siempre de los revolucionarios se ensañó contra los chinos por considerarlos diferentes. Así se justificó la ejecución de cientos de personas con disparos en el pecho y la cabeza o simplemente macheteadas; en las huertas o en sus casas.
De las cuatro investigaciones que se iniciaron al respecto, la primera fue encargada a Macrino J. Martínez, un soldado maderista de Torreón nombrado juez militar a pesar de no tener formación para ello. A finales de mayo de ese año, sus pesquisas apuntaron que los chinos habían combatido del lado de los porfiristas cuando las fuerzas revolucionarias comandadas por Emilio Madero entraron a la ciudad.
No obstante, esto fue desmontado con la última investigación, que fue llevada a cabo por el gobierno chino con asesores estadounidenses y que, tras diversos recorridos por las huertas, concluyó que la comunidad china, desarmada, había sido perseguida sistemáticamente.
Las otras dos investigaciones fueron las de Jesús Flores Magón, que incluía 10 órdenes de aprehensión de presuntos culpables y la ordenada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue dirigida por el diputado Antonio Ramos Pedrueza y que dio origen a la tradición oral e histórica de que la barbarie fue cometida por una masa enfurecida.
Este episodio genocida, que la prensa de entonces tardó varios días en sacar a la luz, continúa siendo un tema incómodo para la sociedad torreonense, sepultado a tal punto que ni siquiera está representado en el Museo de la Revolución, que en 1911, cuando era un chalet de un respetado médico chino, fue el escenario en el que los maderistas violaron a la hermana del dueño, Walter J Lim, sobreviviente a la masacre.
A pesar de ello, en 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia para pedir perdón a la comunidad china en nombre del Estado mexicano y en ella sentenció que “el racismo que han padecido por siglos los habitantes de China es igual o peor que el que han sufrido indígenas mexicanos o africanos”.
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