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CDMX.- Fue en 2006, cuando la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), colaboró en el aseguramiento del primer laboratorio clandestino para producir fentanilo, en el municipio de Lerma, Estado de México, según un documento confidencial de esa institución fechado en julio de 2019.
En ese lugar se decomisaron precursores para la confección de dicho opioide sintético. En ese entonces el titular de la PGR era Daniel Francisco Cabeza de Vaca, segundo procurador del expresidente panista Vicente Fox Quesada (2000-2006).
Once años después, en noviembre de 2017, el órgano que en ese entonces estaba encabezado por Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, también participó en el desmantelamiento de un narcolaboratorio para el acondicionamiento de tabletas de fentanilo, en Culiacán, Sinaloa.
En septiembre de 2018, se reportó otro aseguramiento más en Mexicali, Baja California, y en diciembre de ese año uno más en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. En ambas cocinas para producir droga sintética también se realizaba el acondicionamiento de pastillas de ese opioide ilegal.
De acuerdo con el documento titulado Coordinación de métodos de investigación del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), del cual El Sol de México tiene una copia, en total se registraron ocho aseguramientos de sitios clandestinos para producir fentanilo.
El informe de la FGR —que tiene como fuentes a la Coordinación de Métodos de Investigación (CMI) de la Fiscalía y al Cenapi— puntualiza que los datos son del Diagnóstico situacional de laboratorios clandestinos del 1 de diciembre 2012 (primer día de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto) al 30 de junio de 2019 (séptimo mes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador).
En abril de 2019, ya con Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, fuerzas federales desmantelaron otro narcolaboratorio para el acondicionamiento de tabletas de fentanilo, en Culiacán, Sinaloa, y en mayo de ese mismo año se registró otro aseguramiento en Melchor Ocampo, Estado de México, donde se preservaron precursores de ese opioide.
También en mayo de 2019, en los municipios de García, Nuevo León, y Salvador Alvarado, Sinaloa, se desmantelaron narcolaboratorios para la producción de dicho narcótico. En el primero se localizaron “síntesis” (precursores) para la elaboración de fentanilo y en el segundo, instrumentos para el acondicionamiento de pastillas.
En la conferencia matutina del 16 de marzo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “en México no se produce fentanilo, aunque se troquelan ilegalmente pastillas color azul”.
“Es una materia prima que se trae de Asia. Sí hay laboratorios en México, pero esa materia prima es lo que se hace aquí y no es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos”, indicó el tabasqueño.
Para el 13 de abril, el titular de la Oficina de Control Antidrogas del gobierno de Estados Unidos, Rahul Gupta, dijo que en México sí se producía ese opioide sintético.
En la Unión Americana sabemos —añadió el funcionario estadounidense— que “los componentes químicos de China están llegando a México. Sabemos que el fentanilo se está produciendo en México. Sabemos que hay transbordo en la frontera y rutas tanto aéreas como marítimas”.
El reporte de la FGR destaca que en cuanto al aseguramiento de precursores químicos para la producción de fentanilo se decomisaron, en ese periodo, sustancias como 1-fenil-2-propanona, cloruro de bencilo, ácido fenilacético, fenilpropanolamina, fenil-2-nitropropeno, 4-aminofenol, 2-fenilacetamida, 2-fenilacetato de etilo, fenilacetato de amilo, fenilacetato de isobutilo y fenilacetato de isoamilo.
Algunos de los problemas detectados por la FGR en el aseguramiento de narcolaboratorios, de acuerdo con el documento, eran que se presentaba una “destrucción in situ (de lo encontrado en estas cocinas de drogas), sin conocimiento por parte de los agentes del Ministerio Público Federal”, además de que “no hay certeza de la naturaleza, cantidad de drogas y químicos encontrados”.
También se alertó sobre los riesgos de “publicación en medios (de comunicación del aseguramiento de estas cocinas de droga) antes del conocimiento de las autoridades; diferencia de lo hallado y lo reportado a la autoridad; solicitudes internacionales sobre investigaciones posteriores” y que “el Estado pierde información que puede ser utilizada para la identificación de otros laboratorios clandestinos”.
De hecho, el reporte indica que cinco por ciento de los productos hallados en dichos laboratorios clandestinos permanecían “sin registro”, mientras que el 95 por ciento restante fueron “puestos a disposición” de la Fiscalía.
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