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Por Katya González
Ejidatarios de San Antonio de los Bravos, municipio de Torreón, Coahuila, denunciaron a las afueras del Palacio del Congreso ser víctimas de despojo, violencia, encarcelamiento y amenazas por parte de elementos municipales y estatales que respaldan a empresarios de “Ciudad Nazas San Antonio, S.A. de C.V”, empresa que ha llevado a cabo acciones para la toma de las tierras “sin ningún tipo de acreditación”.
La licenciada Elia Estrada Macias, abogada de la Central Campesina Cardenista C, señaló que desde hace aproximadamente 30 años, cuando en 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución general que permite la venta de suelo ejidal y comunal para evitar su venta ilegal, los ejidatarios de San Antonio de los Bravos han sido víctimas de un predominio del mercado libre de suelo apoyado por las administraciones del gobernador Miguel Angel Riquelme y el presidente municipal Roman Alberto Cepeda.
“Pedimos al Gobierno del Estado, que también ha sido cómplice, que respeten una medida cautelar dada por un Tribunal Agrario Federal donde se les dice que se abstengan de dar licencias de construcción al municipio; y al Registro Público de la Propiedad que no se haga ningún tipo de inscripción hasta no concluya el juicio. Ha sido violentado ese derecho que nos otorga el tribunal agrario”, señaló Rosa Dominguez, ejidataria de San Antonio de los Bravos.
Ante ello, el diputado por Morena Francisco Javier Cortés, presentó un punto de acuerdo en apoyo a los ejidatarios, exhortando a las diversas instancias gubernamentales que acaten las disposiciones derivadas del juicio 645/2013 del Tribunal Unitario Agrario.
El legislador señaló que los productores de San Antonio ”han padecido una década de vejaciones, invasiones, extorsiones, chantajes, encarcelamientos y hasta secuestros, mediante los cuales se les obliga a vender sus tierras a precios ridículos” desde hace seis administraciones municipal que han actuado en contubernio con empresarios del ramo inmobiliario y funcionarios del sector agrario.
Explicó que el juicio responde precisamente a que en la asamblea de aportación de tierras en 1994, no se cuidan las formalidades que señalan la Ley Agraria, la Ley de Aguas, ni la propia Constitución y señaló que los empresarios de Ciudad Nazas San Antonio S.A de C.V. actúan en complicidad con la Procuraduría Agraria, luego que la gente se opuso al proyecto inmobiliario.
“El problema es que todavía es fecha que esos predios no pueden ser escriturados, debido a que aparecen registrados como tierras ejidales”, mencionó.
Agregó que, para su defensa, los ejidatarios han actuado a través de recursos legales y han protestado en El Zócalo de la Ciudad de México. También han solicitado investigaciones periciales para rectificar medidas y determinar que, efectivamente, los terrenos son parcelas, no predios urbanos y han extraído del Archivo General Agrario las actas de usufructo parcelario y los planos con las áreas de riego señaladas, pues los planos de PROCEDE resultaron un engaño.
Cortes Gomez solicitó, a través del punto de acuerdo, al presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, instruya a la Dirección de Desarrollo Urbano a fin de que suspenda el otorgamiento de licencias de construcción en terrenos de la sociedad mercantil que es correspondiente a la escritura pública 556 del 25 de agosto de 1994 del ejido en cuestión en tanto permanezca vigente la medida precautoria dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito.
Así mismo, pidió al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que en función del juicio 645/2013, vigente en el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, en Torreón disponga lo necesario, a efecto de que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Torreón, se abstenga de realizar nuevas inscripciones respecto de las operaciones de compraventa realizadas sobre terrenos de la sociedad mercantil Ciudad Nazas San Antonio S.A. DE C.V., correspondiente a la escritura pública 556 del 25 de agosto de 1994, hasta en tanto no concluya la medida cautelar dictada en tal sentido por la autoridad agraria; y a la Lic. Juana Rebeca Cortez Muñoz, magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, en Torreón, se asegure de los efectos relativos al juicio 645/2013, aún vigente, en favor de las familias del ejido San Antonio de los Bravos, y se sirva vigilar que el Gobierno Municipal de Torreón se apegue a la medida precautoria dictada el 7 de marzo de 2014 para que se abstenga de otorgar nuevas licencias de construcción, fraccionamiento y vivienda en los lotes de terreno, macro lotes o solares urbanos de la sociedad mercantil en cuestión, sin embargo esta fue desechada con 5 votos a favor y 11 en contra y turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
