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Diorvelis, Yazmín y Elba salieron de Venezuela desde hace casi un mes con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Las tres están alojadas temporalmente en la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN). Este es uno de los albergues en la Ciudad de México que, desde hace meses, está saturado por un flujo constante de personas en situación de movilidad. Además de la revocación del Título 42, detrás de esta saturación hay diversos factores que —desde 2022— están agravando la crisis humanitaria en las fronteras de México y Estados Unidos.
Aunque ninguna de las tres mujeres se conocían antes de migrar, sus razones para salir de Venezuela son muy similares y tienen que ver con la crisis económica que vive la nación desde hace algunos años. Tan solo en 2022, el país cerró el año con una inflación del 234 por ciento según declaró su vicepresidenta Delcy Rodríguez a inicios de este 2023.
“Yo soy madre soltera y el dinero no me alcanza”, cuenta Elba al respecto, quien tiene tres hijos pequeños que se quedaron en Venezuela con su madre. Yazmín, por su parte, es madre de un hijo de dos años que viaja con ella y con su esposo. El pequeño no deja de moverse sobre el regazo de su madre mientras ella cuenta que un derrumbe en Mérida (su localidad natal) dejó damnificada a su familia. Tras esto, los familiares suyos y de su pareja se fueron a vivir a la casa de ambos, y ahora esperan que los dos puedan llegar a Estados Unidos para apoyarlos económicamente.
“Eso y lo que ya se sabe: la inseguridad”, remata Yazmín. Sin embargo, esta inseguridad no se quedó atrás al salir de Venezuela. En su camino a México, a Yazmín le han robado su dinero dos veces: una al entrar a la selva del Darién y otra al entrar a nuestro país. A Elba, por su parte, le han quitado su dinero quienes se supone que deberían asistirla en su camino: las autoridades migratorias de México.
En uno de sus trayectos por Chiapas, a Elba la detuvieron agentes migratorios y una de las agentes la inspeccionó. “Dijo que todo lo que se encontrara era de ella”, recuerda; así, sin más, la agente se quedó con $400 pesos “que parecen poco” pero, cuando estás en otro país sin nada de dinero, pueden asegurarte la comida por uno o dos días.
Desde el pasado 12 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que dichas autoridades no otorgarán más permisos de tránsito para las personas migrantes que deseen alcanzar la frontera norte de México. Con ello, las opciones se ven cada vez más limitadas para esta población, la cual sabe que su situación es complicada pero que, pese a eso, opta por buscar un mejor futuro lejos de países agitados por los conflictos sociales, la violencia y la pobreza.
No solo es el Título 42: ¿qué está pasando con la migración en Norteamérica?
CAFEMIN es uno de los múltiples albergues para personas migrantes en la Ciudad de México (CDMX). Llegar aquí no es complicado: su edificio (cuya fachada está adornada con un colorido mural que contrasta con el blanco de la puerta) se encuentra a solo unos pasos de una estación del Metro al noreste de la urbe.
Cuando Cimacnoticias visitó estas instalaciones, fuera de ellas había hombres, mujeres y niños esperando que la puerta se abriera para poder descansar aquí unos días. Sin embargo, se encontraron con un letrero en diferentes idiomas en el cual se anunciaba que ya no había más cupo. CAFEMIN tiene capacidad para atender a 100 personas, pero, hasta el cierre de esta edición, había 642 migrantes albergados en la Casa de Acogida.
Este sobrecupo, desafortunadamente, no es una cuestión extraordinaria. Samantha Hernández, coordinadora del área de comunicación de CAFEMIN, explicó en entrevista con esta agencia que desde hace siete meses, ella y sus compañeros de trabajo están lidiando con la misma condición. Pero, ¿qué ha sucedido desde ese entonces?
En octubre de 2022, el gobierno de López Obrador anunció el fin de Quédate en México, un programa que obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a salir de ese país y permanecer en la República Mexicana mientras esperaban una respuesta. Con el fin de Quédate en México, se abrió la posibilidad de que quienes solicitaban protección entraran a la nación norteamericana para continuar con su proceso.
También en ese mes, Estados Unidos limitó la entrada de personas de diversas nacionalidades a su territorio. Según declaró Gretchen Kuhner (directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, IMUMI) a Cimacnoticias, estas nacionalidades eran las de El Salvador, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Haití y Venezuela. En el caso de este último país, por ejemplo, el gobierno de Joe Biden declaró que recibiría solo hasta 24 mil venezolanas y venezolanos al año.
Ambas circunstancias generaron cambios en los flujos migratorios que transformaron a la Ciudad de México en un lugar de tránsito cuando antes no estaba contemplada dentro de las rutas migratorias. O por lo menos no de la forma en la que se está viendo ahora, según ha observado Samantha Hernández.
“Estos cambios hicieron que [personas migrantes] comenzaran a asentarse en la Ciudad de México en condiciones de situación de calle”, declaró haciendo alusión a campamentos como el que recientemente fue desalojado de la Plaza Giordano Bruno, ubicada en el centro Histórico de la CDMX (uno de los sitios turísticos más concurridos del país).
Asimismo, la integrante de CAFEMIN explica que estos cambios en la política migratoria también inciden en los planes de las personas migrantes. Al respecto, Samantha Hernández trae a colación un estigma que se carga sobre los hombros de estas personas: la idea de que ellas actúan basadas en desinformación o en noticias falsas, “como si las personas migrantes no tuvieran capacidad de raciocinio”. Pero es todo lo contrario. Las situaciones límite que han vivido estas personas en sus países de origen las ha llevado a tomar agencia y buscar opciones ante las crisis sociales y económicas en América Latina. No obstante, las políticas migratorias les cierran las puertas poco a poco.
Así, esta crisis humanitaria va más allá del Título 42. Las dimensiones son muchas, afirma Hernández, y se deben mirar todas para comprender la magnitud del problema. También, para darse cuenta de que la revocación del Título 42 acentúa la discriminación, los retos en materia de acceso a derechos humanos y las limitantes de los albergues de la sociedad civil para ofrecer servicios a la comunidad migrante sin apoyo de los gobiernos locales y federales.
Cómo dar atención cuando los albergues colapsan
Diorvelis es originaria de Valencia, Venezuela, de donde partió el 1 de mayo junto con su pareja y su hija de 9 años, una niña alta y sonriente con el cabello rizado. Desde entonces atravesó Colombia, tardó tres días en cruzar la selva del Darién y después cruzó Panamá. Luego siguió el trayecto por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala para finalmente pisar el territorio mexicano.
“En México uno se aterra y se cohíbe al escuchar sobre tantas cosas de inmigración”, narra, pero aún así considera que el camino suyo y de su familia ha sido relativamente bueno, aunque no exento de dificultades. Una de ellas es la falta de dinero, que ha provocado que su familia pase hasta dos días sin comer. Pero ahora, en la Ciudad de México, está agradecida por haber encontrado un lugar donde dormir que no sea el concreto de la calle.
En CAFEMIN no solo hay camas y colchonetas: también hay servicio médico, regaderas, salones de clases, atención psicológica y cocina. La semana del 15 de mayo, esta cocina gastó más de 40 mil pesos en pollo para alimentar a las más de 600 personas migrantes que actualmente están albergadas ahí. La situación es crítica, pero pese a ello los trabajos continúan.
Samantha Hernández reconoce que parte de estos trabajos debería estar atravesada por la perspectiva de género para atender las necesidades específicas de mujeres, niñas y adolescentes, quienes están expuestas a violencias diferenciadas durante sus trayectos. No obstante, piensa: “en contextos de hacinamiento donde estamos trabajando sin apoyo del gobierno, donde estamos nosotras mismas expuestas a jornadas de 12 o 14 horas sin descansos o con descansos mínimos, parece una cosa que no se puede alcanzar”.
“En este contexto todos los cuerpos nos importan”, dice Samantha Hernández. Pero esto no quiere decir que la perspectiva de género no esté presente. La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM, de la que CAFEMIN forma parte) se encarga de documentar las violaciones a derechos humanos de manera específica para darles seguimiento particular con perspectiva de género a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia en su tránsito.
La situación de saturación por la que atraviesa CAFEMN tiene también otros rostros: el de un solo abogado disponible para más de 600 personas, el de las barreras lingüísticas y el de la convivencia de tres tipos de flujos migratorios en un solo espacio. Y es que, según detalló Samantha Hernández, actualmente hay tres grupos de migrantes en la Casa de Acogida.
El primero de estos grupos está conformado por personas migrantes que fueron desalojadas de un albergue en Tláhuac (otra alcaldía ubicada en el oriente de la CDMX) que fue desalojado la semana del 15 de mayo. El segundo grupo, por su parte, pertenece a personas que —como Diorvelis, Yazmín y Elba— acaban de entrar a México por la frontera sur. Finalmente, el tercer grupo corresponde a personas migrantes que comienzan a ser deportadas desde Estados Unidos bajo el Título 8.
Tal diversidad de perfiles se traduce también en una multiplicación de las necesidades específicas de cada sector. Samantha y su equipo intentan digerir lo mejor posible la información que deben ofrecerle a estos grupos para después traducirla de manera sencilla. Sin embargo, con la carga laboral física, el esfuerzo mental también repercute en el cuerpo.
Políticas migratorias sin derechos humanos
Yazmín reconoce que el cambio de políticas migratorias en EEUU y en México complica su objetivo de cruzar la frontera entre ambos países. Aun así, ella (como Elba y Diorvelis) intentarán llegar a EEUU tramitando su cita a través de CBP One. Esta app fue lanzada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para que quienes deseen solicitar asilo en la nación norteamericana tramiten una cita y así no tengan que seguir aglomerandose en la frontera norte de México.
Pese a las facilidades que esto supone, Samantha Hernández ha identificado un problema: mientras más lejos estás de la frontera sur de EEUU, más complicado es obtener una cita. Esto tiene que ver con una reciente restricción que el gobierno de Joe Biden impuso para el trámite de asilo: solo puedes pedir protección en Estados Unidos si uno de los países por los que transitaste para llegar ahí te negó la protección antes.
Además de esto, tal como señaló Gretchen Kuhner, la aplicación no tiene lenguas indígenas dentro de su catálogo de idiomas. De igual forma, hay que tomar en cuenta la cantidad de personas en situación de movilidad que tienen acceso a un teléfono celular o a internet durante sus viajes. Así, la app funciona como un tipo de filtro que excluye a algunos de la posibilidad de alcanzar el territorio norteamericano.
De acuerdo con Kuhner, algunas de las condiciones que te exentan de tramitar la cita en CBP One son estar en una situación grave o urgente de salud o haber sido víctima de trata de personas. Pero esto tampoco implica que el proceso de asilo sea más amigable. Cuando esto sucede, es probable que las autoridades migratorias de EEUU te detengan y tengas que hacer una entrevista de miedo creíble vía telefónica en lugar de tener más tiempo para buscar asesoría legal. Y si después de esto no acreditas tu necesidad de protección, pueden deportarte ese mismo día.
“El mensaje es: Estados Unidos tiene una nueva forma de lista de espera”, asevera Gretchen Kuhner.
CBP One únicamente permite solicitar mil citas por día. Según explica la directora de IMUMI, estos diseños de operatividad están trayendo problemas para las familias migrantes que necesitan registrarse juntas. Al no poder hacerlo, entonces optan por registrarse uno por uno pese al riesgo de separación familiar que esto pueda traer.
A esta nueva política migratoria se suman también las decisiones del Estado mexicano. En este país, el presidente de la República acordó con su vecino del norte recibir a personas migrantes venezolanas, haitianas, nicaragüenses y cubanas que sean deportadas bajo el Título 8 (el cual consiste en deportaciones aceleradas para quienes no sean acreedores al asilo político).
“Eso es muy preocupante”, asegura Gretchen Kuhner, pues tarde o temprano podría derivar en una saturación aún mayor de albergues y campamentos en el territorio mexicano, sobre todo en su frontera con EEUU. Con esta saturación también se multiplican las violencias a las que están expuestas niñas, niños y mujeres, un grupo especialmente vulnerable ante los peligros del crimen organizado, de las autoridades corruptas y de las redes de trata de personas.
El personal de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lo sabe. Dicho personal está integrado por psicólogas y psicólogos, trabajadores sociales, jurídicos y profesionales de la salud. En conjunto, estas personas están comisionadas para visitar CAFEMIN y otros albergues en la CDMX, y documentar las condiciones en las que se encuentran las infancias y adolescencias en estos sitios. Si hubo violaciones a los derechos humanos de las y los menores de edad, entonces inician un proceso de acompañamiento con ellos que incluso puede concluir en la obtención de refugio en México.
María Eugenia Bañuelos y Diana Fabiola de Aquino (dos integrantes de la Procuraduría que visitaron CAFEMIN este 24 de mayo) narran que lo han escuchado en estos días son, principalmente, historias que incluyen violencia física y sexual contra los padres y madres de las niñas, niños y adolescentes en el albergue. Estos padres se encuentran en una situación de estrés que los mantiene en un estado psicológico vulnerable que deben dejar de lado para atender las necesidades de sus hijos e hijas.
Las niñas y niños, por su parte, se encuentran casi siempre enfermos y —sobre todo— cansados, asegura Eugenia Bañuelos, quien por otra parte recuerda que estas infancias viven un rechazo de entrada por su situación de movilidad. A este rechazo se suma la criminalización. Al respecto, Samantha Hernández menciona que ha escuchado historias de niños a quienes elementos de la Guardia Nacional les han apuntado en la cabeza con armas largas.
Madres y padres, por su parte, se enfrentan a la corrupción y los malos tratos del personal del Instituto Nacional de Migración (INM). A Elba y a otro grupo de personas, este personal le mintió cuando transitaba por Chiapas. “Prácticamente nos engañaron como niños: nos dijeron que nos iban a ayudar a continuar nuestro camino y nos montaron en unas busetas en Tuxtla. Ahí según nos dan unos permisos que no nos dejaron ni leer. “Bájense y firmen”, nos dieron. Cuando vimos el papel era por tres días y decía que debíamos salir por la frontera más cercana”.
La llegada de cada vez más personas migrantes a la CDMX tiene un aporte “positivo” en este aspecto: el hecho de que haya más personas en albergues permite una mayor y mejor documentación de hechos como estos que constituyen violaciones a derechos humanos. Gracias a ello han podido observar que los constantes cambios en las políticas migratorias de EEUU y México están orillando a las personas migrantes a buscar otras opciones de cruzar al norte.
“Los exponen a peligros cada vez más estructurados como las redes de secuestros, las redes de extorsión, las redes de trabajo y prostitución forzados y las redes de trata.”
SAMANTHA HERNÁNDEZ
CAFEMIN y los otros albergues integrantes de REDODEM constantemente lanzan comunicados o hacen ruedas de prensa solicitando espacios de atención digna y acompañamiento a personas migrantes al Gobierno de la CDMX y, en general, al gobierno federal. Sin embargo, no ha habido gran respuesta del otro lado. Mientras tanto, aún con la fatiga, albergues y casas de acogida continúan ofreciendo sus muros a las y los migrantes. “Si no estuviéramos organizados, me queda claro que no habríamos aguantado siete meses saturados”, dice Samantha Hernández. Y esta organización es la que justo ahora, por lo menos en México, detiene una crisis humanitaria cuyo inicio y fin son difíciles de vislumbrar.
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