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Katya González
Detrás de la mina “Las Conchitas” hay una serie de relaciones familiares y empresariales que pasan por la minería del carbón, la corrupción en el sexenio de Tomas Yarrington en Tamaulipas y en el de Rodrigo Medina de la Cruz en Nuevo León, así como por nexos con el financiamiento ilegal a la derecha guatemalteca.
Escenario de la tragedia donde continúan las labores para rescatar a 10 trabajadores que quedaron atrapados tras inundarse el pozo carbonero, opera bajo el título de concesión 221087 a nombre de la Compañía Minera El Pinabete S.A. de C.V. en cuyos accionistas están las claves del entramado político y empresarial.
Los reportes preliminaeres identificaron como el dueño a Régulo Zapata Jaime, político priísta cuya esposa, también dedicada a la política, Carolina Morales Iribarren, es la actual subsecretaria del Trabajo en la Región Carbonífera del gobierno estatal. Si bien la funcionaria no tiene relación directa sobre la minería del carbón, pues es competencia federal, su papel se concentra en la promoción de cultura laboral y el empleo.
Por su parte, ni Régulo Zapata Jaime ni su hijo Régulo Zapata Morales aparecen en los asientos registrales de la citada empresa. Pero la noche del miércoles 4, ocho horas después de los hechos, Zapata Morales se apersonó en el predio de “Las Conchitas”, ostentándose como propietario de la operación.
La Compañía Minera El Pinabete fue fundada el 18 de noviembre de 2003. Inicialmente, Minería Río Sabinas era la empresa concesionaria, sin embargo, después de varios movimientos accionarios, en 2018 asumió la representación total Luis Rafael García Luna Acuña, hijo de un matrimonio de políticos tamaulipecos que en los últimos años ha incursionado en diversos negocios privados.
Tras el evento suscitado la tarde del pasado miércoles en la mina localizada en Agujita, Sabinas, Coahuila, las autoridades se reservaron la identidad de Régulo Zapata y Rafael García Luna e inclusive el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prefirió identificar a las víctimas y omitir el nombre de la patronal.
La reserva fue tal que durante la mañanera del jueves 4, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “ya habría tiempo para investigaciones, pues lo importante era rescatar a los trabajadores”.
Los García Luna Acuña
Las familias Zapata Morales y García Luna Acuña han dejado un rastro de acusaciones de corrupción en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León en los últimos 20 años.
En el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba –actualmente preso por recibir sobornos y sentenciado en 2021 a 20 años de prisión en Texas–, la madre del propietario de la mina, Aída Aracely Acuña Cruz, se desempeñó como secretaria de la Contraloría del estado, un cargo que dejó en 2004 para convertirse en diputada local por el PRI. Como tal, fue presidenta de la comisión de Vigilancia, a través de la cuál se aprobaron las cuentas de Yarrington en 2006 y 2007.
En paralelo al sexenio de Yarrington, el esposo de Acuña, Rafael García Luna Martínez, era delegado del ISSSTE en Tamaulipas. Su paso por la dependencia se vio marcado por acusaciones de enriquecimiento inexplicable, que paradójicamente denunció el entonces diputado federal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien hoy como gobernador saliente enfrenta cargos por delitos similares.
Las denuncias resultaron en una sanción a Rafael García Luna como delegado del ISSSTE por la contratación de médicos de manera injustificada. La Secretaría de la Funcion Pública federal le impuso en 2006 una multa por 500 mil pesos e inahbilitación por 15 días. Ínfima, sólo esa sanción prosperó.
Antes de ser politico y empresario, Rafael García Luna se desempeñó como médico general y ocupó cargos menores en la estructura hospitalaria del ISSSTE, hasta que se conviritió en delegado estatal en 1999 y hasta 2005.
En la mencionada denuncia de 2006, que García Cabeza de Vaca presentó contra García Luna Martínez, detallaba además de la compra de propiedades y vehículos, el hecho de haber recibido denuncias de agentes aduanales, que se quejaron de que les había pedido dinero para realizar gestiones ante su esposa que por entonces era Contralora.
El asunto ardía en la entidad y la exsecretaria Aide Aracely Acuña Cruz fue acusada en los medios de presunto enriquecimiento ilícito de su familia, especialmente de su esposo. De hecho, la prensa local publicó que el matrimonio fungía como prestanombres de Yarrington sin que dichas acusaciones fueran probadas.
Régulo y Carolina
Durante su período como alcaldesa (2006-2009), Martha Carolina Morales Iribarren tuvo numerosas irregularidades identificadas por la Auditoría Superior del Estado por un monto de 18 millones de pesos. Sin embargo, siguió su carrera política, primero como diputada local, luego subsecretaria de Turismo y luego del Trabajo, estos dos últimos cargos en la actual administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme.
El Coahuilense, en el reportaje publicado la noche del miércoles 3, reveló que su esposo Régulo Zapata Jaime era propietario de la empresa Infraestructura Minera Catamaco así como de Minera Magenta..
Como la mayoría de los propietarios de minas y pocitos, Zapata Jaime ha participado activamente en la vida política de la región. Sus empresas acaban de obtener un contrato con la CFE por más de 50 millones de pesos, de acuerdo con la base de datos integrada por El Coahuilense sobre las recientes asignaciones contractuales de la mencionada Empresa Productiva del Estado.
Régulo Zapata es nombre de prosapia local pues el abuelo, cuyo segundo apellido fue Múzquiz, ocupó la presidencia municipal de Sabinas de 1981 a 1984; de 1999 a 2002, su hijo homónimo, cuyo segundo apellido es Jaime, ocupó ese cargo y, posteriormente, la esposa de este último, Carolina Morales Iribarren, fue alcaldesa.
La presencia familiar se extiende: Régulo Zapata Morales, hijo de Zapata Jaime y Morales Iribarren, se muestra en el registro público de comercio con la empresa Beneficios Carboneros AJ, S.A. de C.V. En tanto, Álvaro Jaime, sobrino del primero, provocó un conflicto social en la comunidad de Cloete por abrir socavones en la proximidad de zonas habitacionales, por cierto, en un fundo cuya concesión minera es del hoy senador morenista, Armando Guadiana Tijerina.
La familia Zapata Jaime ha sido favorecida del contratismo para alimentar las carboeléctricas “Carbón II” y “Plutarco Elías Calles”, localizadas en Nava, Coahuila, desde hace años, como casi todo el grupo político ligado al exdirector de Pemex y exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, él mismo y sus hermanos, con concesiones para minería de carbón.
Aunque los contratos a las empresas de Régulo Zapata fueron asignados el mes pasado, el siniestro de la tarde del miércoles hizo evidente que no se verificaron las condiciones de seguridad ni los centros de trabajo, una inspección necesaria para acceder a las asignaciones con la CFE debido a la siniestralidad de la extracción carbonera.
La relación de las familias Zapata-Morales y García Luna-Acuña, ha dejado un largo rastro de acusaciones de corrupción que se extiende por el noreste mexicano y posteriormente hasta Centroamérica.
El Caso Fundidora
Poco después de dejar la legislatura local, Aída Aracely Acuña se convirtió en funcionaria del estado de Nuevo León. En 2010, durante el sexenio del priísta Rodrigo Medina de la Cruz, fungió como contralora del Parque Fundidora, donde una vez más se vio implicada en un escándalo de corrupción.
En Nuevo León, la Secretaría de las Contraloría y Transparencia Gubernamental auditó el Parque Fundidora por el desempeño de Aida Acuña y la contratación de Ral de Noreste S.A de C.V, empresa que prestó sus servicios de asesoría y consultoría del 1 de octubre del 2010, al 31 de diciembre de 2012 por montos desde 60 mil hasta 90 mil pesos mensuales.
La nómina del Parque incluyó la evolución de Régulo Zapata Morales, de jefe de estacionamiento a director de operaciones. En tanto, se contrató a la empresa Ral del Noreste. Los hechos fueron estos:
Régulo Zapata Morales fue contratado como director de Operaciones por el director general, Francisco Morales Purón, su primo político, pues está casado con una prima hermana de Zapata. En tanto, Fundidora contrató como director jurídico a Juan Slvador García Luna Vargas, sobrino político de la entonces contralora Aida Acuña. El asunto fue desestimado porque el Jurídico no dependía ni fue designado por Acuña, además de que, como en el caso de Zapata, el análisis consideró que era parentesco de tercer y cuarto grado.
Los apellidos seguían apareciendo: Parque Fundidora contrató a Ral del Noreste durante tres años consecutivos. Por la empresa, firmó como representante legal Rafael García Luna Martínez, esposo de la contralora quien por presuntamente excusarse de conocer sobre esos contratos, quedó exhonerada.
Pese a la relación de la entonces funcionaria con la empresa de su esposo e hijo, contratada ahí, el caso fue desestimado, en síntesis, por considerar que quien realizó la contratación de la empresa no estaba bajo las órdenes de la hoy exfuncionaria ni fue quien nombró en los cargos. Pura coincidencia pues, que en un organismo hayan coincidido cuatro personas relacionadas por familia y negocios.
El expediente del caso, emitido el 18 de julio de 2012, cuya copia tiene El Coahuilense, permite observar que la relación de negocios entre las familias Zapata Morales-García Luna Acuña se remonta a más de una década.
La ultraderecha guatemalteca
Régulo Zapata Morales y Rafael García Luna Acuña se encuentran implicados en una investigación por corrupción en el financiamiento del partido de derecha guatemalteco “Vamos”, que llevó al poder al presidente Alejandro Giamattei.
Giamattei fue investigado por financiamiento ilícito de Vamos, un partido político de derecha fundado en 2017, que rápidamente llegó al poder en 2020. Ese año, una investigación de la Fiscalái Anticorrupción de ese país derivó en el allanamiento a la casa de Giorgio Bruni, exsecretario privado del presidente guatemalteco.
Tras el allanamiento en la vivienda de Bruni, el medio salvadoreño El Faro dio a conocer una investigación periodística basada en un testigo. En dicho trabajo la publicación dio cuenta de un documento confiscado por los agentes de la fiscalía durante el proceso de investigación relacionado con 122 millones de quetzales, vinculados a Bruni y a Luis Benito, ex ministro de Comunicaciones, durante el gobierno de Jimmy Morales.
En el mencionado documento aparecen las firmas de dos ciudadanos mexicanos: Regulo Zapata Morales y Luis Rafael García Luna Acuña, a quienes la fiscalía del país centroamericano consideró actores relevantes, en tanto, tenían conocimiento del “Caso Fundidora”, es decir, por haber estado implicados en casos de corrupción en México.
En el manuscrito localizado en el mencionado allanamiento, que lleva las firmas de Zapata Morales y García Luna Acuña, aparece nombrada la empresa Helicon, que está en el perfil profesional que Zapata Morales posee en Linkedin: es una empresa de tecnología especializada en sistemas y software.
Helicon ha sido la empresa clave en la investigación de la fiscalía guatemalteca, pues el documento incautado en la casa de Bruni describe el financiamiento ilegal a la campaña de Giamattei, a cambio de contratos con el gobierno que incluyen obra pública.
De acuerdo con lo publicado por El Faro, el documento incautado refuerza la hipótesis de que Bruni escondió aportes ilegales a la campaña de Giammattei: en él, a mano, el exsecretario privado escribió «Aportación a campaña (Régulo, Rafa, Ángelo)», «Efectivo 66,000 USD. Sistema de Monitoreo Electoral 3,750,000 USD» y más abajo el nombre de la empresa mexicana Helicon.
En el documento, bajo el título «Peticiones», hay una lista de ministerios a los que la empresa quería prestar servicios de software y en el reverso de la hoja más peticiones: «Construcción de Escuelas», «Construcción de Vivienda», «Pavimentación (Bacheo/Carpeteo)» o «Vender fertilizantes para los apoyos al campo del Ministerio de Agricultura y Ganadería».
Las firmas autógrafas corresponden a Régulo Zapata Morales y Luis Rafael García Luna Acuña. En tanto, el “Angelo” identificado en la investigación periodística es Angelo Raimondi, el representante de Helicon en Guatemala.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio en México, consultado por El Coahuilense, Helicon Data fue constituida en Saltillo, Coahuila, pero registrada en Monterrey, Nuevo León. Como accionistas aparecen dos razones sociales:
La primera es Smart Card Company de México, en la que aparece como accionista el político priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, relacionado con Manlio Fabio Beltrones, así como su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez. Ambos fueron imputados por la fiscalía de Chihuahua en el sexenio de Javier Corral, por el caso de la “Operación Safiro” y su presunta relación con César Duarte Jáquez. En la misma razón social aparece el capitán piloto aviador, Luis Alfredo Rayet Díaz y su empresa Jets Compartidos, conocido en la región por sus servicios de aerotaxis.
En la segunda, Desarrollos Mecatrónicos Catam, figuran como accionistas Aldo Brett Cedillo Martínez y Sonia Rodríguez Villarreal.
Respecto a Giamattei, fue postulado a la presidencia de Guatemala por el partido Vamos, una formación de “ideología demócrata progresista, al servicio de los intereses de Guatemala”, en los hechos, una fuerza política nutrida por la derecha y la ultraderecha de ese país.
Al día de hoy no existen actualizaciones con información pública de los resultados de la investigación en relación a la implicación de Giorgio Bruni. De hecho, varios de los testigos han decidido refugiarse en Estados Unidos, a la espera de que en ese país se abra una investigación transancional. Sin embargo, esto podría mostrar los vínculos del ex secretario privado de Giammattei, con actores mexicanos implicados en casos de corrupción en su país, de acuerdo con la información dada a conocer por El Faro.
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