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CDMX.– Jalisco es uno de los nueve estados que está llamado a las urnas en 2024 para renovar su gubernatura, que actualmente encabeza Enrique Alfaro, un mandatario que enfrenta una crisis de desaparecidos en la entidad, señalamientos de abuso policial y de poder, y quien además buscar ser el aspirante de Movimiento Ciudadano (MC), su partido, en la elección presidencial pese a que las encuestas no lo colocan entre los principales aspirantes.
El estado de Jalisco fue la primera conquista de MC en solitario. El partido incluso presume la gestión de Alfaro como parte del modelo de lo que autodenominan “la tercera vía”. Lo cierto es que la entidad pasa por un problema de violencia que ha sido señalado por opositores, organizaciones y analistas, y al mismo tiempo minimizado por el Gobernador.
En días recientes, por ejemplo, ha tenido lugar la desaparición de 8 jóvenes trabajadores de un call center en Zapopan, un caso por el cual la ciudadanía salió a exigir justicia en medio de un fuerte despliegue policiaco que fue criticado y que representa el más reciente episodio de la gestión de Alfaro, quien ha sido señalado de “indolente e insensible” y hasta de “represor” por los ciudadanos y la sociedad civil.
Enrique Alfaro se ha caracterizado por minimizar los señalamientos en su contra —aún cuando ha sido captado en video confrontándose con ciudadanos que le han reclamado su conducción como Gobernador— así como que Jalisco pase por un problema de inseguridad.
Los datos dicen otra cosa. Desde 2019, esta entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas. Hasta el 7 de junio, el estado reportaba al menos 14 mil 984 casos de personas de las que se desconoce su paradero. De este total, el 49.78 por ciento (7 mil 460) se registraron en la administración de Alfaro.
Es decir, en su administración hubo un crecimiento de al menos un 35.41 por ciento en los reportes de personas desaparecidas y no localizadas con respecto al Gobierno del fallecido Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas desaparecidas, alimentado con la información que cada una de las fiscalías estatales entrega.
Además, Jalisco es una de las entidades con un alto número de fosas clandestinas localizadas. Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda en su Mapa Nacional de fosas clandestinas, actualizado hasta el 30 de enero de 2023, dan cuenta de cómo en el estado se han realizado al menos 317 hallazgos desde el año 2006.
Víctimas, expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos han observado con preocupación el recurrente posicionamiento del Gobernador, quien mantiene una postura de negación ante esta evidencia.
“La postura del Gobernador ha sido en muchas ocasiones preocupante y lamentable. Se ha observado una falta de reconocimiento de la problemática, con intentos de minimizar la situación de desaparición de personas y la crisis forense en Jalisco. Se ha utilizado información estadística de manera manipulada y se han difundido narrativas oficiales que no reflejan la realidad que vive la población jalisciense. Cualquier persona podría ser víctima de desaparición en cualquier momento, pero se ha intentado deslindar la responsabilidad frente a estos hechos, justificándolos por la participación de grupos del crimen organizado. Esta falta de reconocimiento pleno del problema ha obstaculizado la generación de acciones o medidas contundentes y pertinentes. Además, se ha observado una postura poco empática y sensible hacia las víctimas, con actos de descalificación directa por parte del gobernador”, señaló en entrevista con SinEmbargo, Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Ceci Flores, reconocida activista y madre buscadora de Sonora, coincidió en el tema, pues señaló que a lo largo de su camino de búsqueda, fue en Jalisco donde los colectivos encontraron mayores dificultades y obstáculos para el rastreo y búsqueda de personas desaparecidas, además de recibir negativas por parte del Gobierno estatal.
“Jalisco fue el estado donde encontramos más trabas en el camino para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de nuestros desaparecidos porque siempre tuvimos que ir solas con alguna autoridad de los municipios… Al principio, el Gobernador (Alfaro) cuestionaba quiénes éramos y a qué íbamos. En algunas ocasiones nos dio seguridad, pero luego nos empezaron a quitar esa seguridad. Jalisco fue el estado en el que hubo más peligro para las familias de desaparecidos en la búsqueda, donde más corrimos riesgos y fuimos perseguidas”, recordó la madre buscadora.
Y añadió: “Alfaro nos mintió al decir que nos iba a dar todo el apoyo, cuando en verdad no lo tuvimos”.
El pasado lunes 5 de junio, Reforma publicó una encuesta que revela que Movimiento Ciudadano lidera las preferencias de voto con cualquiera de sus posibles competidores. El sondeo señala que el posible candidato Pablo Lemus, Alcalde de Guadalajara, está la cabeza de las preferencias con un 45 por ciento, por delante del posible candidato de Morena, Carlos Lomelí, que tuvo un 28 por ciento. Por otra parte, la aprobación de Alfaro se situaba en un 56 por ciento.
Pero en otra medición, ésta del diario El Informador, se daba cuenta de cómo un 77 por ciento de los jaliscienses consideraba “pésima” la labor del Gobierno de Alfaro en la localización de desaparecidos, y un 17 por ciento refería que era “insuficiente”. La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI señalaba que la Percepción Social sobre Inseguridad Social en Guadalajara, bastión emecista, era del 81.7 por ciento, por encima de la media nacional del 62.1 por ciento.
ASOLA INSEGURIDAD A JALISCIENSES
Lo cierto es que la inseguridad en Jalisco se ha destacado recientemente debido al alarmante número de personas desaparecidas y fosas clandestinas en la región. En cuanto a los homicidios dolosos, durante el mes de abril del presente año, Jalisco ocupó el quinto lugar a nivel estatal en cuanto al mayor número de casos, según el último informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública.
Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de abril de 2023, Jalisco ha registrado al menos 10 mil 407 víctimas de homicidio doloso durante la administración de Alfaro. En los primeros cuatro meses de este año, se han reportado 672 víctimas; 2 mil 070 en 2022; 2 mil 373 en 2021; 2 mil 621 en 2020 y 2 mil 671 en 2019.
Aunque se ha observado una disminución en el número de víctimas en comparación con 2019, fue precisamente durante ese primer año de gobierno de Alfaro que se produjo un aumento del 10.50 por ciento en los casos de homicidios dolosos en comparación con el último año de gobierno de Aristóteles Sandoval, quien registró 2 mil 417 casos. En 2017 se reportaron 2 mil 430 casos, en 2016 fueron 2 mil 285 y en 2015 se contabilizaron mil 969 casos.
El incremento más significativo en los casos de desapariciones ha sido durante el gobierno emecista de Enrique Alfaro. Durante los primeros dos años de su administración, desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2020, Jalisco ha liderado en el país en cuanto al número de reportes de personas desaparecidas, con un total de 3 mil 724 casos de los 16 mil 875 registrados a nivel nacional que había en ese entonces.
Esto representa el 22.6 por ciento del total, es decir, una de cada cinco desapariciones a nivel nacional ocurrió en Jalisco durante ese periodo.
LA CRISIS DE DESAPARECIDOS
Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, recordó que mientras en los años 2016 y 2017 se reportaban entre dos mil y tres mil personas desaparecidas en la entidad, actualmente se estima que la cifra se sitúa entre 14 mil y 15 mil, debido en parte a la actualización de los registros sobre el tema.
De acuerdo con la experta, este incremento en las desapariciones se debe principalmente a la falta de medidas de prevención por parte del estado, que no garantiza la seguridad y la integridad física de la población de Jalisco.
“Ante la gravedad del contexto de desaparición de personas en Jalisco y la situación generalizada en la entidad, donde ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de desaparecidos, es imprescindible tomar medidas urgentes y extraordinarias. Es necesario reconocer y abordar de manera efectiva esta problemática, en lugar de minimizarla o ignorarla, como ha ocurrido hasta ahora por parte de las autoridades, incluido el Gobernador”, destacó.
La impunidad también juega un papel relevante en los casos de desaparición en Jalisco. A pesar de haber logrado 17 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, la falta de justicia en la mayoría de los casos es alta.
“Se requiere una implementación efectiva del marco normativo en materia de desaparición, así como una atención más humana, sensible y empática hacia las víctimas, en lugar de criminalizarlas y reprimirlas. Es urgente revertir los esquemas de impunidad, desmantelar las redes de macrocriminalidad existentes y combatir la complicidad por parte de las autoridades. Estas acciones son indispensables para abordar las causas y los factores que contribuyen a las desapariciones”, expuso Karolina Chimiak.
La presencia de distintos grupos del crimen organizado en Jalisco también contribuye a este problema. Además, se han detectado redes de macrocriminalidad que operan en la región. “Es especialmente preocupante la evidencia de connivencia entre los grupos del crimen organizado y las autoridades. En diversas ocasiones se ha demostrado la colusión entre ambos”, ahondó la experta.
Un ejemplo destacado, abundó, es que el propio Gobernador después de las desapariciones forzadas el 5 de junio de 2020 admitió que el crimen organizado había capturado el principal aparato de procuración de justicia del estado, la Fiscalía del Estado de Jalisco. “Esta infiltración de los grupos criminales en las estructuras de seguridad y justicia evidencia una grave problemática que requiere una respuesta urgente”, subrayó la especialista.
La trata de personas, tanto en forma de explotación sexual como de trabajo forzado, es otra dinámica delictiva presente en la región que contribuye a las desapariciones en Jalisco.
“La dinámica delictiva de trata de personas ha sido una preocupación particular en Jalisco. Se han descubierto diversos campamentos de trabajo forzado, y también se han generado mecanismos para desaparecer a las personas a través de anuncios en redes sociales que ofrecen empleo. Este patrón ha estado presente a nivel estatal”, agregó la experta.
No obstante, pese a las quejas y reclamos por la seguridad de los jalisciences, el Gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, recurrentemente opta por compartir en sus redes sociales contenido alegre, de futbol. Un ejemplo reciente es que mientras las familias de los jóvenes desaparecidos en el call center exigían respuestas del estado, el Gobernador compartía fotografías donde se le veía disfrutando de la final del futbol mexicana con su familia y con su homólogo neoleonénse, Samuel García, también de Movimiento Ciudadano.
ACUSAN “REPRESIÓN”
Las organizaciones de derechos humanos se preocupan por la gestión de Alfaro, ya que a su decir ha habido un trato indolente e insensible, falta de reconocimiento al problema, represión y persecución, según afirma la experta.
“También han atacado a personas que siguen de cerca la problemática, como periodistas o defensores de derechos humanos. Durante este año, también reprimieron acciones durante las protestas de los familiares de personas desaparecidas, quienes exigen el derecho a la verdad, la justicia y la presentación con vida de sus seres queridos. Incluso intentaron destruir estos actos o eliminar los resultados de estas acciones, como en el caso del antimonumento que recordaba los hechos del 5 de junio de 2020”, expresó Chimian.
Eliminar los actos en memoria ha sido una práctica recurrente en el Gobierno de Jalisco, recordó la especialista. Por ejemplo, también quitaron las fichas de búsqueda que los familiares de personas desaparecidas colgaban en diversos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos meses.
El colectivo “5 de Junio Memoria” denunció que el Gobierno de Jalisco quitó el AntiMonumento de la Plaza de Armas de Guadalajara durante la madrugada de este martes. Este monumento se instaló esta semana para recordar que hace tres años la Fiscalía General del Estado (FGE) reprimió y secuestró a jóvenes que se manifestaban por el asesinato de Giovanni López, quien fue ejecutado extrajudicialmente el 4 de mayo de 2020 por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, después de detenerlo por no usar un cubrebocas durante las medidas tomadas en la pandemia de la COVID-19.
El grupo señaló que el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara apuestan por el olvido, sin embargo, en sus redes sociales publicaron que seguirán resistiendo y organizándose frente a los abusos de las autoridades.
En cuanto a la respuesta de Enrique Alfaro, nuevamente fue indolente, ya que afirmó el martes por la mañana que los quitó porque está “prohibido” colocar monumentos en el Centro Histórico de la capital. “Imagínense ahora que cualquier persona llega y pone un monumento en el Centro, qué absurdo es eso. No funciona así y no va a funcionar así”, dijo el mandatario.
…Y ADEMÁS CRISIS FORENSE
En relación a la situación forense, Jalisco se ha convertido en uno de los estados con mayor cantidad de cuerpos recuperados de fosas clandestinas en los últimos años. Se han encontrado decenas e incluso cientos de cuerpos en estas fosas conocidas como “mega fosas” o “macro fosas”.
La experta también recordó la importancia de destacar que en estos hallazgos, desde septiembre de 2019, se han descubierto cuerpos fragmentados y segmentados dentro de bolsas de plástico, llegando incluso a haber hasta 20 partes en una sola bolsa.
“Esta sofisticación en las técnicas criminales busca dificultar la identificación de los cuerpos, lo cual ha generado desafíos en los procesos de identificación y entrega digna sin demoras”, dijo.
Otro de los factores que empeoran la crisis forense son las dificultades que las familias enfrentan para recuperar los cuerpos completos. “Las familias han tenido que esperar hasta 3 años después de enterarse del fallecimiento de sus seres queridos. Estos desafíos en el ámbito forense han sido una realidad dolorosa para Jalisco, especialmente en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se teme la acumulación y saturación de cuerpos”, agregó la experta.
Según Ana Karolina, la gestión del Gobernador Alfaro y la crisis de desapariciones en Jalisco requieren una respuesta urgente y efectiva para garantizar los derechos humanos de las víctimas y brindar justicia y seguridad a la población.
Por su parte, en medio de un contexto marcado por reclamos debido al elevado número de desaparecidos y fosas clandestinas, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó este miércoles que los delitos en el estado han disminuido, lo cual se refleja en una reducción de los homicidios y feminicidios. Estos datos, dijo, sitúan a Jalisco por debajo de la media nacional en términos de incidencia delictiva, ocupando el lugar 19 de 32 estados, con un índice de 496.8 puntos, en comparación con la media nacional de 545.7.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Enrique Alfaro aseguró que no se esconde para hablar, pero que el tema de seguridad ha sido utilizado políticamente, como en el caso de los jóvenes que trabajaban en un centro de operaciones en Zapopan.
“Son días difíciles para Jalisco. El brutal asesinato de 8 jóvenes a manos de la delincuencia organizada es un hecho que nos ha afectado profundamente a todos los jaliscienses. No obstante, también es lamentable que haya quienes, a raíz de estos sucesos, quieran aprovechar políticamente una tragedia, difundiendo mentiras y difamaciones que generan temor en la población y, sobre todo, inquietud entre los jaliscienses”, declaró en un video.
Respecto a los datos de seguridad, señaló que los homicidios en Jalisco bajaron 17.4 por ciento y los feminicidios 31.6 por ciento. En cuanto a otros delitos como robo a negocios, robo a viviendas, robo de vehículos, robo a personas, robo a cuentahabientes, robo de vehículos de carga pesada, robo de motocicletas y robo a bancos, la reducción en el periodo de enero a mayo de 2018, en comparación con el mismo periodo de 2023, es del 58.7 por ciento.
Esto significa que, según explicó, mientras que en el periodo de enero a mayo de 2018 se cometieron 27 mil 794 delitos de este tipo, en el mismo periodo de 2023 se registraron 11 mil 488. Además, el gobernador aseguró que estas cifras son proporcionadas por el Gobierno de la República a través del SESNSP y que la entidad no tiene injerencia en su elaboración.
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