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Por Christian Luna
Durante la jornada electoral del 4 de junio hubo deficiencias e irregularidades que provocaron la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) en las elecciones del Estado de Coahuila.
La más grave de ellas: un “error de configuración” en las urnas electrónicas que se iban a instalar en 74 casillas.
La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales (COTSPEL) del INE determinó cancelar el voto electrónico en la totalidad de esas casillas que forman parte de esta modalidad en la prueba piloto vinculante en el proceso electoral de Coahuila.
La decisión se hizo pública el 30 de mayo, después del procedimiento de verificación previsto en el conjunto de medidas de seguridad que permitió identificar dicho error de configuración en el instrumento, lo que dio lugar a la intervención del INE, el cual determinó la cancelación de la prueba piloto.
Estas casillas fueron diseñadas por el propio IEC, el cual las ha presumido en otras partes del mundo como ejemplo de tecnología para garantizar la seguridad del sufragio.
El modelo de Coahuila también fue utilizado en las elecciones de Tamaulipas sin presentar fallas y durante 20 años se han puesto a prueba para agilizar los procesos electorales, señaló Gabriela de León, exconsejera presidente del IEC.
Desde su cuenta de Twitter, De León calificó de “desorden” lo que ocurría en el Instituto en vísperas de la jornada electoral del 4 de junio y lo achacó a la “incompetencia y notable negligencia” de los actuales responsables de organizar la elección local.
En entrevista con El Coahuilense, la exconsejera, quien ahora forma parte de la organización Transparencia Electoral –organismo que vigila el desarrollo de la democracia a nivel internacional—, recordó que “en Coahuila, desde hace 20 años, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana inició la investigación” y desarrollo de este programa de urnas electrónicas. Dice que este sistema de votación fue solventado “con recursos públicos” y que “ha sido utilizado por muchísimas personas en elecciones universitarias y en elecciones internas de los partidos políticos, como el PAN”.
“El desarrollo de las urnas electrónicas fue realizado por la institución. No participó ninguna empresa externa en su diseño, lo que garantiza que no cualquiera les pudiera meter mano. Estas urnas fueron referentes nacionales e internacionales y expuestas en varios países del mundo”, señala.
Añade que entre las ventajas de utilizar este tipo de urnas se encuentra la reducción de costos en la compra de material y en capacitación.
PREP, gasto millonario
Gabriela De León aprovechó para cuestionar la contratación de proveedores en meses previos a las elecciones por montos superiores a los que se utilizaban con antelación para realizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que se utiliza para dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral, según la descripción del INE .
Después de que el 2 de noviembre de 2022 De León anunció su renuncia, su sucesor Rodrigo Paredes Lozano la acusó de haber incurrido en irregularidades en su desempeño como consejera presidenta del IEC.
El 31 de enero Paredes dio a conocer en diferentes medios de comunicación que al asumir el cargo encontró irregularidades de la titular anterior en el PREP, las cuales pusieron en grave riesgo las anteriores elecciones que hubo en la entidad ya que se contrataban capturistas, desarrolladores y programadores que nadie sabía quiénes eran ni desde dónde estaban operando.
Con la llegada de Paredes Lozano, el IEC contrató a Grupo Proisi para realizar el PREP. Lo hizo a través de una licitación pública por un monto superior a 30 millones de pesos, aunque al final el costo por ese servicio fue de 24 millones de pesos.
Esta empresa ha realizado el PREP en varias elecciones estatales. Según su acta constitutiva, fue fundada el 13 de mayo de 1996 por Carlos Treviño Ramírez y Abel Treviño Martínez. A partir de 2007, el primero aparece como apoderado legal único.
Al respecto, De León asegura que el PREP o “preconteo” lo realizaba el propio Instituto. Y tacha las acusaciones en su contra como una forma de justificar la contratación millonaria de Proisi por el doble del costo en comparación con el periodo en que ella fue consejera presidenta.
“Esas acusaciones son falsas. El IEPEC siempre se caracterizó por tener sus sistemas informáticos propios. Por desarrollar tecnologías como las urnas electrónicas (…) No se puede utilizar un sistema de un día para otro porque no son los mismos parámetros.
“Yo lo que creo es que es una campaña de difamación en mi contra para justificar los retrocesos informáticos porque el IEC y el IEPEC siempre se habían caracterizado por ellos mismos hacer sus sistemas informáticos por gente especializada en el tema”, señala.
“Ahora que se contrató una empresa. No se entiende la decisión si se tenía la capacidad del desarrollo propio (…) Nosotros gastamos entre 11 y 13 millones. Yo creo que iniciaron esta campaña de difamación para justificar una licitación de 24 millones”, dice De León.
Hasta ahora, según De León, ninguna autoridad judicial ha notificado alguna investigación en su contra y acusa violencia de género.
Rodrigo Paredes no accedió a una entrevista para fines de esta información.
Sin promoción de voto
Hasta el 7 de junio, el porcentaje de participación del electorado reportado por el PREP en la jornada del 4 de junio era de 56.3 %, distante del 60.5% de 2017 y del 62% de 2018. Dicho porcentaje también se encuentra por debajo de la media nacional.
En torno al tema de la promoción del voto, al menos dos candidatos de oposición para la gubernatura mencionaron la poca promoción que hubo para que la ciudadanía participara en las elecciones.
Ricardo Mejía Berdeja (PT), entre la lista de irregularidades observadas desde su actividad electoral, señaló directamente una nula promoción del voto por parte del IEC.
Lenin Pérez (UDC), en su declaración después de la jornada electoral señaló que no se permitía la participación ciudadana y anunció que acudiría a la Suprema Corte de Justicia para interponer una denuncia por esta irregularidad.
“No se promociona la participación ciudadana cuando hubo un presupuesto destinado para eso. No nos gustó tampoco el tema de las urnas electrónicas. Sigue siendo muy cara la democracia. Nosotros vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia. La gente tiene el derecho de enterarse de todos los candidatos”, expuso.
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