Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.– Durante su visita al Senado a un foro sobre pueblos indígenas, José Pablo Antonio, un mixe afectado por la minería en Valles Centrales, Oaxaca, lamentó que los legisladores “no quieran abordar” una reforma a fondo de la Ley Minera, surgida en el salinismo y que durante tres décadas ha beneficiado a las empresas y pisoteado derechos humanos como recientemente se evidenció con los mineros atrapados en un pozo carbonero en Coahuila.
El colectivo “Cambiémosla Ya”, integrado por comunidades y organizaciones, lleva dos años presionando a ambas cámaras para que —tras reformar en fast track la estatización del litio— ahora sí se modifique integralmente la Ley Minera aprobada en 1992 en el marco del TLCAN (hoy T-MEC). Con reformas o derogaciones al artículo 6, 15 y 19, proponen modificar el régimen de largas e indiscriminadas concesiones y eliminar los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y al agua, entre otros puntos.
Reformar esta Ley Minera, señalan los expertos que piden modificarla, es poner un freno a minas clandestinas como las carboneras de Coahuila, y a las concesiones mineras sobre áreas naturales protegidas. También, como exigen, en vez de solo multas es cancelar concesiones causantes de desastres ambientales que han hecho millonarios a Carlos Slim (Grupo Frisco), Germán Larrea (Grupo México), a la familia Baillères (Grupo Peñoles) y a grupos extranjeros.
“La Ley Minera es anticonstitucional porque ponen a las mineras por encima del derecho a un medio ambiente sano y de nuestra libre determinación para que podamos decidir sobre nuestro territorio. Aún así, no han querido entrar al fondo del asunto pese a este tiempo de crisis climática”, dijo en entrevista José Pablo, habitante de Valles Centrales donde opera una minera de plata de Fortuna Silver Mines, que en octubre de 2018 contaminó el río Coyote con un derrame de sus jales en total impunidad. El río aledaño Santa Rosa luce rojizo (metales pesados) por otro derrame en 2020. El año pasado se le venció su permiso ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) lo renovó como “San José II”.
Tras pláticas con el colectivo, los diputados Adriana Bustamante, Joaquín Zebadúa e Irma Juan Carlos, de las comisiones de Cambio Climático, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas, preparan tres iniciativas al respecto para presentarlas cuando inicie el periodo de sesión ordinaria en septiembre. La estrategia es emitirlas por separado contra “la resistencia de cabilderos en el Congreso porque afecta intereses económicos”, detalló el Diputado Zebadúa, quien compartió haber visto estas prácticas durante la discusión para estatizar el litio y entre miembros de la Conanp del noroeste y grandes empresas como Grupo México entre 2006 y 2009, cuando trabajó en la dependencia.
“Tenemos que cambiar el artículo 6, que establece que la actividad minera es preferente sobre cualquier otra, lo que evidentemente es inconstitucional. Esa iniciativa de Ley ya la tenemos preparada y la estaremos presentando con otros compañeros. Y hay dos iniciativas más para reafirmar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación sobre sus territorios y sobre el régimen de concesiones mineras para evitar la especulación“, dijo el Diputado en entrevista.
En la Cámara Alta, los senadores Susana Harp y José Narro Céspedes presentaron en diciembre una iniciativa integral que se turnó a la Comisión de Minería, donde sigue pendiente. Su presidenta, la Senadora María González, dijo no poder atender una entrevista por estar en trabajo de campo. Y el otro Secretario es el carbonero y taurino Armando Guadiana Tijerina, quien busca la gubernatura de Coahuila en 2023.
Fuera del colectivo “Cambiémosla Ya”, la activista de Pasta de Conchos Cristina Auerbach coincidió en las afectaciones de la Ley Minera actual, ya que al abrir la extracción de minerales a privados, los caciques políticos se quedaron las minas carboneras —como el Senador Guadiana a través de una contratista— y se dividieron las razones sociales para difuminar responsabilidades al momento de incidentes como el de Sabinas en 2011, Múzquiz en 2021 y Agujita en 2022.
En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas de SinEmbargo al Aire lo explicó así:
“Qué es lo que pasa, que la mina es mía, pero el contrato con CFE lo saca Alejandro, pero quien registra a los trabajadores es Álvaro. Entonces cuando sucede una desgracia, yo salvo mi mina, Alejandro salva el contrato y Álvaro responde ante el seguro social sin ninguna consecuencia de nada y todo sigue igual. Aquí [pozo Agujita] cuando menos hay tres o cuatro nombres o razones sociales involucradas en un mismo centro de trabajo”.
UNA LEY QUE BENEFICIA A EMPRESAS
Los motivos de la iniciativa enviada en abril por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para estatizar el litio con una reforma a la Ley Minera fueron claros: “La Ley Minera expedida en 1992 estuvo diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones sin que importaran los derechos del pueblo de México”.
Tomándole la palabra, el colectivo “Cambiémosla Ya” ha solicitado a los legisladores aprobar una reforma integral a la Ley Minera para controlar las 30 mil concesiones mineras en el 60 por ciento del país que pueden renovarse hasta por 100 años (artículo 15). También les piden que la reforma contemple sanciones proporcionales a los desastres socioambientales como el causado por Grupo México de Germán Larrea en los ríos Sonora en 2014 o Pasta de Conchos en 2006.
Por derramar solución de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi —que hasta la fecha tiene a sus habitantes con plomo y cadmio en la sangre—, el segundo empresario más rico del mundo pagó una multa de 23 millones de pesos y canceló el Fideicomiso de 2 mil millones en 2017.
Concretamente, proponen estos seis cambios a la Ley salinista: 1) Eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras por encima del uso humano y agrícola; 2) Respetar el derecho a decidir de los indígenas respecto del otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios; 3) Cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones (cancelarla si violan derecho al medio ambiente sano y salud); 4) Quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas; 5) Blindar Áreas Naturales Protegidas y arqueológicos; y 6) Que las empresas mineras transparenten la información financiera y de sus actividades.
“La iniciativa del año pasado de la Senadora Susana Harp se quedó en el Senado, no ha pasado nada. Y ahorita estamos trabajando con los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, de Cambio Climático y Pueblos Indígenas, y han tenido muchísima apertura y compromiso de presentar en septiembre la iniciativa”, aseguró Leticia Merino, titular del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones que forma parte del colectivo “Cambiémosla Ya”.
La investigadora de la UNAM dijo que se necesita poner un freno a minas clandestinas como las carboneras de Coahuila, y a las concesiones mineras sobre áreas naturales protegidas, y anteponer los intereses de las comunidades a los de los grandes empresarios mineros como Carlos Slim, Germán Larrea y la familia Baillères.
“Con este destrozo de la minería que cuesta vidas, genera pobreza y enfermedad estos señores aumentan ceros a la derecha de sus chequeras millonarias y también las empresas extranjeras que son en su mayoría canadienses, pero también hay americanas y chinas, generan ganancias millonarias destruyendo todo modo de vida”, aseguró.
Hasta el momento, sin una Ley Minera que los cobije, poblados han recurrido a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) como la comunidad náhua de Tecoltemi, Puebla. Tras una lucha de años, logró que la Secretaría de Economía cancelara en julio las concesiones con que contaba la canadiense Almaden Minerals para desarrollar un proyecto de minería a cielo en el municipio de Ixtacamaxtitlán, por lo que está imposibilitada de explorar y explotar minerales en esa zona de la Sierra Norte de Puebla con el río Apulco.
Pero es un caso aislado hasta que el Poder Legislativo reforme la Ley Minera para replicarlo a nivel nacional.
“Tenemos muy avanzada la reforma al artículo 6 de la Ley Minera, estamos eliminando el párrafo donde dice el carácter preferente de la actividad minera sobre cualquier otro uso del suelo y subsuelo”, afirmó el Diputado Joaquín Zebadúa de la Comisión de Medio Ambiente. “En esa soy muy optimista en que podamos empujarla sin que renunciemos a la posibilidad de abrir la discusión sobre la especulación de las concesiones”.
Sobre si la reforma determinará cancelar concesiones si hay desastres socioambientales, como propone el colectivo, el legislador planteó que se debe establecer con claridad la duración de las concesiones mineras y las causales de revocación sin tener que pasar por litigios.
“La Ley Minera desde 1992 –y con pequeñas adecuaciones que se le hicieron posteriormente– se puso completamente a favor de las empresas mineras. No queremos que dejen de invertir, pero no podemos permitir un régimen donde todos los beneficios son para las empresas y todos los costos para las comunidades indígenas y rurales”, afirmó el Diputado.
Lee el texto original en SinEmbargo
TE RECOMENDAMOS LEER:
