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Ciudad de México.- Este lunes 15 de agosto, diversas colectivas y activistas se reunieron para dar a conocer la presentación de una misiva dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de que se reconozca el conflicto armado de violencia que se vive en México, además de la exigencia para la creación de estrategias eficaces que pongan fin a los delitos que esta situación trae consigo, tales como el feminicidio y la desaparición.
En una conferencia de prensa realizada a las afueras del Museo Memoria y Tolerancia en la capital del país, colectivas como Marea Verde México, Casa de las Muñecas Tiresias, Las Brujas del Mar y Madres Buscadoras de Sonora hicieron un llamado al Gobierno federal y a la ONU para hacer frente a la violencia, a fin de detener la guerra interna de grupos armados que aterroriza a la sociedad civil en todo el territorio mexicano.
“Desde hace 14 años se comenzó a usar la fuerza armada del Estado”, explicó Renata Villarreal, integrante de Marea Verde México; sin embargo, aseguró que esto solo ha incrementado las cifras de violencia por medio de crímenes que atraviesan a las mujeres y sus cuerpos, haciéndolas incluso parte de “venganzas” y amenazas.
Pero lejos de reconocerse este y otro tipo de agresiones que se perpetran contra las mujeres y la sociedad mexicana en general, las autoridades se han dedicado a minimizar la problemática e incluso revictimizan a las familias que exigen justicia.
Así sucede, por ejemplo, con las desapariciones. En estos casos, son las y los familiares —en específico las mujeres— quienes se organizan para buscar a sus seres queridos en fosas con la esperanza de localizar sus restos y tener un lugar donde llorarles; mientras tanto, a las madres “nos revictimizan, diciendo que los desaparecidos son delincuentes” acusó Cecilia Flores Armenta, miembra de Madres Buscadoras de Sonora.
Ante este panorama de violencia, Bryan LeBaron Jones —familiar de las nueve personas asesinadas durante una masacre en Sonora el 4 de noviembre de 2019— exigió que se reconozca el delito de terrorismo al interior del país, causado por un conflicto armado entre fuerzas militares y crimen organizado que ha causado miedo en la sociedad.
“El gobierno no lo quiere reconocer, por eso estamos pidiendo a la ONU que reconozca que México está involucrado en un conflicto armado. Ocupamos la cooperación internacional para restablecer la paz que queremos. Si no llamamos las cosas por su nombre, no va a ser un éxito la estrategia”, sentenció.
En la carta dada a conocer a través de redes sociales, se destaca que como resultado de la situación de violencia, México ha tenido diversas pérdidas humanas, materiales, económicas, desplazamientos forzados individuales y colectivos en su modalidad internacional como interna, desapariciones, violaciones graves a los derechos humanos y la comisión de una pluralidad de conductas que trascienden en la paz social y seguridad nacional.
Por ello, las y los activistas solicitaron que se declare formalmente que el Estado mexicano atraviesa un conflicto armado interno, “con la finalidad de que la comunidad internacional garantice que se materialicen los fines de la ONU; que acompañe, promueva, vigile y coopere para que los grupos armados ilícitos sean juzgados de acuerdo a las leyes mexicanas para alcanzar la estabilidad interna y evitar mayores pérdidas humanas por medio de la acción local y apoyo internacional”.
El documento fue firmado por Renata Villarreal, Cecilia Flores Armenta, Kenya Cuevas (integrante de Casa de las Muñecas Triesas), Arussi Unda (Brujas del Mar) y Bryan LeBaron Jones. Cabe destacar que aunque en la misiva se incluye el nombre de María Elena Ríos —sobreviviente de violencia ácida en Oaxaca—, la también saxofonista se pronunció a través de Twitter y se deslindó del documento dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU, pues afirmó que ella fue víctima de corrupción y tráfico de influencias, no de un conflicto armado.
“Lamento el dolor de las víctimas y comparto el sentimiento de búsqueda de la justicia; pero quiero dejar en claro que NO soy víctima de un CONFLICTO ARMADO, como lo refiere dicho documento. Mi caso es de corrupción y tráfico de influencias en el que se involucra el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y al fiscal general del estado, Arturo Peimbert Calvo”, enfatizó María Elena Ríos.
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