Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.– El exmagistrado Manuel Loya Valverde, quien en 2014 determinó que la minera Penmont debía restituir al ejido El Bajío el oro extraído de estas tierras al no poder acreditar su concesión, denunció que la familia Baillères, una de las más ricas del país, presionó y tuvo injerencia en el Senado para que ese mismo año no fuera ratificado en su cargo.
“Hubo la interferencia absoluta de la empresa a nivel cámara legislativa del Senado de la República. Eso me queda claro y lo percibí. Es más, yo afirmo y lo he hecho siempre, mi no ratificación no se decidió al interior del Senado de la República, mi no ratificación se decidió desde antes de que se iniciara el proceso de ratificación, es decir yo ya iba definido a que no se me iba a ratificar. Esto pues sin duda alguna, yo no lo puedo negar, hay una presión fuerte por parte de la empresa, la mina, hacia los órganos legislativos para que no se diera mi ratificación”, dijo Loya Valverde a Alejandro Páez Varela, en el programa Los Periodistas que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Desde hace más de una década ejidatarios de El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, están en pie de lucha la minera Penmont, propiedad de Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, el brazo minero del Grupo Bal de los Baillères, para que acate la sentencia de nulidad, con la cual esta empresa debe regresar las tierras a su estado previo a los trabajos que emprendió, y lo cual conlleva además que devuelva las 236 mil 709 onzas de oro que extrajo, con un valor equivalente a 436 millones de dólares.
La minera Penmont, propiedad de Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, el brazo minero del Grupo Bal de los Baillères, es acusada de haber realizado exploraciones y explotación minera en sus territorios de forma ilegal, desde los años noventa. Foto: Juan Carlos Campos Taylor/Tolvanera.
Manuel Loya Valverde recordó que él falló que el derecho lo tiene el ejido y no la mina, y a partir de este fallo no fue ratificado por el Senado de la República, aún cuando el entonces Presidente Enrique Peña Nieto lo propuso para continuar como Magistrado agrario.
Un año después el mismo Senado otorgaría la Medalla Belisario Domínguez, la máxima distinción a un ciudadano en México, a Alberto Baillères González —fallecido el 2 de febrero pasado— por instrucción de Peña Nieto, a la que se sumaron legisladores del PRI y PAN.
El galardón fue cuestionado en su momento y sentaría un precedente inédito, luego de que por primera vez desde que el Senado creó la presea —hace seis décadas—, se rompió la unanimidad, sólo un voto evitó el rechazo y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores. Algo peor: Se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de quienes se pronunciaron por honrarlo.
“Yo no tengo nada que reprocharle a la mina porque desde mi punto de vista objetivo, la mina hizo lo legítimo, quizá no lo legal, pero hizo lo legítimo en defensa de sus propios intereses […] donde hay el reproche, es de mi persona hacia las instituciones porque no se puede permitir ni admitir que si somos un Gobierno el Gobierno es uno sólo, no hay tres gobiernos en el país, son tres poderes que se distribuyen la función del Gobierno para que cada quien en su competencia lleve a cabo lo que le corresponde. En ese momento yo era parte del Gobierno. Ahí yo reprocho, con excepción al pleno de ese entonces del Tribunal Supremo Agrario, reprocho a todas las instituciones que avalando mis conocimiento y mi impartición de Justicia y la trayectoria que yo tenía, permitieron que el Poder Político sucumbiera al interés económico, que eso es lo grave que le pasa al país desde hace décadas”, denunció Manuel Loya Valverde.
El caso del exmagistrado Loya Valverde ya está como petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington esperando que en algún momento sea aprobado y pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Manuel Loya señaló que en su caso hubo errores del Ejecutivo federal, del propio Poder Legislativo así como del Poder Judicial de la Federación, errores que —sostuvo— “son imperdonables porque dejaron a un juzgador a merced de un súper poder económico que tenía la capacidad o la forma en ese momento de hacer y deshacer”.
El exmagistrado reconoció que en ese momento sólo el pleno del Tribunal Superior Agrario lo defendió, cuando sus integrantes de aquel entonces fueron hasta la Cámara de Senadores “a mostrar mi desempeño y a pedir que se me ratificara, cosa que, yo pienso, que ningún Magistrado no ratificado puede hablar de esa defensa que hicieron a mi persona”.
Manuel Loya Valverde recordó que en este caso su decisión de la sentencia de nulidad se dio conforme a derecho. “Yo encontré que el derecho lo tenía el ejido y fue por eso el sentido de las sentencias, nunca hubo una actuación en contra de la empresa minera”, recordó.
“Cuando yo estoy juzgando, primero analizo todos los contratos de ocupación que tiene la mina. Absolutamente ningún contrato reunía los requisitos de validez y como se estaba pidiendo una acción de nulidad y la encontré procedente, yo así la declaré en mis sentencias. El ejercicio de acción de nulidad cuando la sentencia la declara procedente tiene como consecuencia regresar las cosas antes del estado antes de que se cometió el acto tildado de nulo”, abundó el exmagistrado.
En ese sentido, precisó que una vez que determinó que procedía la acción de nulidad su obligación como juzgador era regresar las cosas como estaban antes, lo cual conllevó que la minera de los Baillères conforme a derecho está obligada a restablecer el medioambiente a su estado base y a regresar el oro que extrajo de esas tierras de manera irregular.
“Establecí que el oro debe regresar a las tierras del ejido o al ejido según lo que escogiera el ejido porque yo no me iba a prestar —y me viene a la mente lo que pensé en ese momento— ‘no pues al rato me van a decir fui y aventé una bolsa de color oro de polvo y ya está’, no, para eso se le concedió la oportunidad al ejido de que él eligiera para que él mismo vigilara sus intereses al momento de la restitución”.
Cuestionado, sobre por qué han pasado 8 años sin que la empresa de los Baillères restituya el oro y las tierras a su estado original, el exmagistrado señaló que “toda sentencia de un Tribunal que reconoce un derecho debe de cumplirse, toda sentencia de un Tribunal que impone una condena, debe ejecutarse […] ahora el Tribunal tiene sus deficiencias propias tanto como institución como en el aspecto personal de cada Magistrado que en su momento lo encarna”.
“Seguramente la no ratificación del Magistrado Manuel Loya Valverde pudo haber influido en magistrados subsecuentes, pues que a lo mejor vieron lo que me ocurrió a mí y ya no tuvieron el arraigo o valentía, no sé cómo llamarle, de poner en riesgo su ratificación, si es que no estaban ratificados, o simplemente el riesgo de su estabilidad como persona o como familia”.
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