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Por Katya González
Son 535 hectáreas de terrenos ubicados en Torreón. Ocupan diferentes tramos del periférico Raúl López Sánchez, principalmente a la altura de la avenida Bravo, y en ellas se encuentran fraccionamientos –como Residencial del Nazas, Residencial Las Lomas y Residencial Las Etnias–, establecimientos comerciales, escuelas y hasta edificios públicos: el Centro de Justicia federal y la Ciudad DIF de Torreón.
Pero toda esa extensión de tierra fue objeto de “un despojo” a sus dueños
originales: los ejidatarios del San Antonio de los Bravos, denuncian estos y su asesora legal Elia Estrada Macías.
La historia de este caso se remonta a 1992 cuando la reforma al artículo 27 constitucional permitió la venta de tierras ejidales y comunales. Esa reforma tenía entre sus propósitos la incorporación ordenada de tierras de uso común al desarrollo urbano. Sin embargo, también dio paso a la urbanización ilegal y a la falta de regulación en la compra-venta de terrenos.
Y ello les sucedió a los pobladores de San Antonio de los Bravos, pues dos años después, en 1994, cuando esperaban el título parcelario de sus tierras, representantes de la empresa Zela Servicios S.A. de C.V, se presentaron en el ejido para proponerles un “negocio”: urbanizar los terrenos y venderlos a buen precio en el mercado inmobiliario.
Para ello los ejidatarios aportarían 535 hectáreas y la empresa 30 millones de pesos que servirían para llevar a cabo la urbanización. Con ese propósito crearon la Sociedad Ciudad Nazas San Antonio S. A. de C. V., la cual se encargaría de administrar la venta de los terrenos. Con la urbanización, la sociedad obtendría una plusvalía importante que beneficiaría a los ejidatarios.
“Ellos tenían su engaño ya construido”, afirma María del Rosario Vargas Leos, presidenta del Comisariado Ejidal de San Antonio de los Bravos, en referencia a que los representantes de Zela Servicios se adelantaron a la entrega de los títulos parcelarios que los ejidatarios esperaban recibir.
La abogada Elia Estrada Macías, integrante de la Central Campesina Cardenista ‘C’, afirma que los representantes de esa empresa falsificaron firmas para hacer valer el quórum que dio validez a la asamblea de los ejidatarios que aprobó la aportación de tierras comunales.
Asevera que esta operación tuvo posteriormente el aval de funcionarios estatales y municipales. “Lo fraguaron, desarrollaron un plan maestro para despojar a los ejidatarios”, dice.
Según el Registro Público de Comercio, la Sociedad Ciudad Nazas San Antonio fue constituida el 25 de octubre de 1994 en Torreón, Coahuila, por un periodo de 25 años para “urbanizar, fraccionar, lotificar, comprar, vender y en general comerciar con toda clase de bienes inmuebles”.
Como accionistas figuran “miembros del ejido San Antonio de los Bravos” y la firma Zela Servicios. Aparece registrado como “administrador único” el empresario neolonés Rogelio Gerardo González Lozano.
Estrada Macías asegura que la Procuraduría Agraria no cuidó que se cumplieran y se garantizaran los derechos de los ejidatarios desde la constitución de esa sociedad mercantil, puesto que el Consejo de Administración de Ciudad Nazas San Antonio está integrado por González Lozano y sus socios, quienes “gozaban del fruto de la venta de las tierras, mientras que algunos de los ejidatarios apenas y figuran como vocales de la sociedad y sólo obtenían las ‘migajas’ de los millones de pesos que la sociedad producía, o bien, no obtenían nada”.
La asesora legal explica que, una vez constituida, Sociedad Ciudad Nazas comenzó a hipotecar hectáreas para obtener liquidez y de ello sólo daba de 3 mil a 5 mil pesos mensuales a algunos de los ejidatarios, siendo que actualmente las tierras tienen un valor de más de 10 millones de pesos, acción que, señaló, se encuentra documentada en un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario.
Ante tales hechos, los ejidatarios iniciaron protestas y acciones legales. En respuesta, afirman, fueron reprimidos y varios de ellos encarcelados.
La represión
“Tenían a varios ejidatarios detenidos, y cuando íbamos a verlos una camioneta blanca me detuvo a mitad del camino. La policía tenía una orden de aprehensión en mi contra”, comenta María del Rosario Vargas, la presidenta del Comisariado Ejidal de San Antonio de los Bravos.
Los ejidatarios aseguran que la represión en su contra ocurrió particularmente durante la administración del alcalde de Torreón, Salomón Juan Marcos Issa.
Señalan a Rogelio Barrios Cazares, representante legal de la constructora Bahi y exfuncionario en las administraciones de los gobernadores Rogelio Montemayor y Enrique Martínez y Martínez, de promover las denuncias en contra de los ejidatarios, entre ellos Rosario Vargas, para que no se opusieran al ingreso de las máquinas a los predios para realizar trabajos de construcción, tras la supuesta compra de tierras a la sociedad Ciudad Nazas San Antonio.
Fue entonces cuando la Central Campesina Cardenista comenzó a intervenir en el proceso legal que se desarrolló entre las autoridades gubernamentales, las empresas constructoras y los pobladores del ejido.
Rosario Vargas señala que tras su detención fue ingresada al Cereso de Torreón bajo el cargo de despojo. Sin embargo, días más tarde le fue otorgada la libertad provisional por lo que tuvo que acudir a firmar al juzgado por casi un año.
“En el 2000 nosotros comenzamos a intervenir como organización en las detenciones injustificadas y comenzamos a promover amparos contra las órdenes de aprehensión”, señala la abogada Estrada.
Agrega que solicitaron al entonces gobernador de Coahuila Martínez y Martínez, el cese del hostigamiento y la represión, puesto que los ejidatarios seguían siendo los propietarios de las tierras al no haber obtenido el pago por la supuesta compra.
Batalla legal
A finales de 2013 se inició el juicio 645 en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 6 en el municipio de Torreón, el cual se mantiene vigente. Establece que la asamblea de aportación de tierras violenta las formalidades que señalan la Ley Agraria en su artículo 75 y la Ley de Aguas debido a que los canales se encontraban en uso.
El juicio demanda la nulidad de la sociedad mercantil Ciudad Nazas San Antonio debido a que en su constitución no se cumplieron las formalidades para la aportación de las tierras, las cuales son de uso común. Argumenta además que no hubo un avalúo de ellas, que la asamblea se celebró sin el quórum legal y se falsificaron las firmas.
En marzo de 2014 el TUA giró un oficio al Registro Público de la Propiedad en Torreón “para que se abstenga a realizar nuevas inscripciones respecto a las operaciones de compraventa realizadas sobre terrenos de la sociedad Ciudad Nazas San Antonio, correspondiente a la escritura pública 556 del 25 de agosto de 1994, así como al presidente municipal de Torreón y el director de Desarrollo Urbano para que se abstengan de otorgar nuevas licencias de construcción de fraccionamientos y vivienda en los lotes de terreno de la sociedad mercantil aludida”.
Sin embargo, esta resolución no ha sido acatada por el municipio y las empresas constructoras, señala Elia Estrada.
La abogada dice que en el 2020 las autoridades estatales y municipales giraron órdenes de aprehensión contra ejidatarios bajo cargos de amenazas, daños y despojo. En respuesta iniciaron un juicio de amparo en el juzgado segundo de distrito en la región Lagunera, bajo la medida precautoria del juicio 645/2013.
Un punto de acuerdo… desechado
En mayo de 2023, los ejidatarios acudieron al Congreso del Estado de Coahuila a pedir su apoyo y denunciar las injusticias de las que han sido víctimas durante al menos seis administraciones municipales.
El diputado de Morena Francisco Cortez presentó ante el pleno un punto de acuerdo, en el cual explicó que los ejidatarios se vieron obligados a aportar 535 hectáreas de tierra.
Sin embargo, agregó que estos han cumplimentado con 586 hectáreas de las cuales 51 pertenecientes a canales, acequias y caminos, así como calles y avenidas, contenidas entre el segundo y tercer polígono, las cuales han sido ocultadas en los registros oficiales, por lo que aseveró que han sido robadas con la influencia del ayuntamiento de Torreón y del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).
“Se han tenido que solicitar investigaciones periciales para rectificar medidas y determinar que, efectivamente, los terrenos son parcelas, no predios urbanos, como lo ha querido hacer creer el Ayuntamiento. También fue necesario traer del Archivo General Agrario las actas de usufructo parcelario y los planos con las áreas de riego señaladas, pues los planos de Procede resultaron un engaño”, señaló.
El diputado pidió el respaldo del Congreso para solicitar al gobernador Miguel Ángel Riquelme, y a Román Cepeda González, alcalde de Torreón, que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Torreón se abstenga de realizar nuevas inscripciones de compraventa de terrenos de la sociedad Ciudad Nazas San Antonio, y se instruya a la Dirección de Desarrollo Urbano suspenda el otorgamiento de licencias de construcción en dichos terrenos, en tanto permanezca vigente la medida precautoria dictada el 7 de marzo de 2014 por el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, con sede en Torreón.
Así mismo, el punto de acuerdo solicitaba que Juana Rebeca Cortez Muñoz, magistrada de ese Tribunal Unitario Agrario, se asegure de los efectos relativos al juicio 645/2013, aún vigente, en favor de las familias del ejido San Antonio de los Bravos, y se sirva vigilar que el gobierno municipal de Torreón se apegue a la medida precautoria en cuestión.
Sin embargo, dicha solicitud fue desechada en el pleno del Congreso: obtuvo cinco votos a favor y 11 en contra de los diputados del PRI y del PAN.
El amparo que viene
“Nos atacan, nos encarcelan, nos golpean y destruyen nuestros campamentos sin ninguna orden judicial”, declara a El Coahuilense, Rosa Domínguez, habitante de San Antonio de los Bravos.
Desde inicios de 2023, los ejidatarios montaron un campamento en la calle Bravo con el objeto de impedir que las constructoras tomen las parcelas.
La abogada Estrada señala que en este mes de julio se promoverá por parte del ejido un juicio de amparo en contra de Juana Rebeca Cortez, magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, en Torreón, por permitir que se lleven a cabo acciones que violentan la medida precautoria, así como para que se revise la corrupción existente en el caso a partir de la constitución de la sociedad mercantil Ciudad Nazas San Antonio.
“Lo que vamos a hacer valer es que los terrenos del ejido son de uso común y, por lo tanto, son inalienables, imprescriptibles e inembargables según el artículo 74 de la Ley Agraria.” puntualiza.
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