Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
En 2014 se anunció la instalación del tercer Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (Cimari) en México en un complejo de aproximadamente 500 hectáreas en el ejido de Noria de la Sabina, municipio de General Cepeda, Coahuila.
Tras conocerse sobre el establecimiento del confinamiento de residuos tóxicos, alrededor de 22 asambleas ejidales aledañas a Noria de la Sabina manifestaron su oposición al basurero de residuos tóxicos.
Solicitaron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al ayuntamiento de General Cepeda y a las oficinas del gobernador que se le negara el permiso a la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, SA, (SEMNSA), de Grupo Ecolimpio, para la instalación del confinamiento.
Los inconformes aseguraron que las normas en la materia prohíben la instalación de depósitos de desechos tóxicos en zonas habitacionales.
En 2016, el Cimari, propiedad de SEMNSA, comenzó sus operaciones luego de la acreditación de la Profepa y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su funcionamiento.
Derivado del establecimiento del Cimari, en General Cepeda surgió el colectivo “Sí a la Vida”, integrado por ejidatarios, ambientalistas y el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, quienes desde 2014 han denunciado el riesgo y las afectaciones de la empresa en el estado.
El colectivo asegura que en 2014, con base en engaños, la empresa hizo promesas a campesinos de la zona respecto del tipo de proyecto que se proponía establecer, y se dieron incentivos con el fin de “ganarse la buena voluntad de la comunidad”.
Los manifestantes expusieron que, en “complicidad” con autoridades medioambientales, federales, estatales y municipales, la empresa logró instalar un confinamiento de residuos industriales tóxicos y peligrosos.
Asimismo el colectivo cuestionó al Centro Mexicano para la Filantropía por haber reconocido al Grupo Ecolimpio como “Empresa socialmente Responsable 2023”.
De acuerdo con los ejidatarios inconformes, Daniel Calvert Martínez, propietario y accionista principal de Grupo Ecolimpio –en 2016 fue vicepresidente nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social–, posee amplias relaciones con exgobernadores y miembros del gabinete estatal.
Detallan que para imponer el vertedero también contó con el apoyo del entonces alcalde de General Cepeda, Rodolfo Zamora Rodríguez.
Aval federal
Entre mayo y julio de 2014 SEMNSA consiguió las autorizaciones en materia ambiental que le faltaban para operar, como el cambio de uso de suelo forestal que la zona tenía, competencia de la Semarnat, y el cambio de uso de suelo y permiso de construcción, responsabilidad del ayuntamiento de General Cepeda, pese a que las autoridades correspondientes no habían realizado el trabajo de campo necesario.
Debido a las denuncias públicas y la presión social, la Profepa y la Conagua realizaron en 2015 diversos estudios técnicos, instruidos por el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán.
En un comunicado, ambas instancias federales acreditaron que el proyecto de obra para la construcción del Cimari en Noria de la Sabina cumplía con lo necesario y establecido en la ley ambiental, y aseguraron que su ubicación era una zona geológica adecuada para esa clase de obra.
La Profepa expuso que, de acuerdo con las investigaciones a cargo de funcionarios de la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, las actividades iniciales del proyecto estaban de acuerdo con lo establecido en el Oficio Resolutivo No. SGPA UARN/0389/COAH/2015, emitido por la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Semarnat.
La procuraduría ambiental dio a conocer que el proyecto contaba con la Autorización de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que permitía la construcción, instalación y operación de un lugar para el confinamiento, reciclaje y tratamiento controlado de residuos peligrosos.
La Conagua, a su vez, expuso que el confinamiento se encuentra en un área geológicamente de baja permeabilidad, y que hay poca probabilidad de que un eventual flujo pluvial provoque una inundación.
Orden de clausura
Ante las resoluciones de las instancias ambientales federales, el 3 de febrero de 2016 el colectivo Sí a la Vida interpuso el primer juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El tribunal declaró “nula para efectos” la autorización en materia ambiental que acordó la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.
La sentencia no fue ejecutada, y en 2017 los manifestantes interpusieron un segundo juicio de nulidad ante el mismo tribunal. En 2020 se dictó sentencia de nulidad contra la autorización en materia ambiental acordada por la dirección general de impacto ambiental.
Sin embargo, tampoco fue ejecutada, con el argumento de las condiciones especiales que trajo consigo la pandemia por el covid-19.
En ese contexto, SEMSA presentó una tercera MIA y la dirección general de impacto ambiental de la Semarnat le negó autorización.
En 2020 la Profepa ordenó la clausura definitiva del confinamiento tóxico; no obstante, la empresa continúa operando.
Posterior a la clausura, la procuraduría ambiental aprobó dos solicitudes para SEMSA: concluir los contratos de recepción de residuos que tenían firmados; y, una vez terminados, se les permitiera procesar lo que ya habían recibido.
El colectivo Sí a la Vida advirtió que la Profepa autorizó informalmente que los confinamientos de la región (Mina, Ramos Arizpe y General Cepeda) recibieran y confinaran suelos contaminados con mercurio, procedentes de dos fábricas de armas, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional y que la institución castrense desmanteló por obsolescencia.
“De manera confidencial un agente de la Profepa nos confesó que, por órdenes superiores, ordenaron que los confinamientos de la región (Mina, Ramos Arizpe y General cepeda) recibieran suelos contaminados de la Sedena”, explicó José Luis García, uno de los miembros del colectivo Sí a la Vida.
Afectaciones
“El olor es insoportable; la peste del basurero tóxico alcanza 14 kilómetros
a la redonda y (el vertedero) sigue operando”, denuncia Eduardo Alonso, ejidatario de la Noria de la Sabina y también miembro del colectivo Sí a la Vida.
Eduardo hace un recuento de las comunidades afectadas por el basurero tóxico: Noria de la Sabina, Pilar de Richardson, San Antonio del Jaral, La Hedionda, La Rosa, Jalpa, Porvenir de Jalpa, Estación Marte, Tanque San Vicente y Santa Inés, principalmente porque son las ubicadas en un radio de 15 kilómetros al confinamiento.
Pese a las diversas manifestaciones que los ejidatarios han hecho desde 2014, no han logrado que el vertedero cierre.
“El basurero es tóxico e ilegal; se hicieron muchas manifestaciones de distintas formas y al último ganamos una sentencia definitiva, pero no ha habido quién las ejecute. Siguen operando y trabajando como si no pasara nada”, lamenta Eduardo.
“No sabemos qué tipo de materiales son, pero son altamente peligrosos, no dejan acercarse a nadie, tiene uno prohibido acercarse al basurero tóxico”, detalla.
Entre las afectaciones causadas por el confinamiento, denuncian los ejidatarios, son los daños a la vista de las personas, problemas respiratorios y en la piel. En cuanto al medio ambiente han observado plantas marchitas o secas en las inmediaciones.
“No hay médico que se atreva a decir que las afectaciones sean una consecuencia directa de las emanaciones del confinamiento, judicialmente no tenemos manera de probar que sean consecuencia de esa causa”, lamenta José Luis García.
Los ejidatarios expusieron que, ante el “funcionamiento clandestino” del vertedero de desechos tóxicos, tienen miedo de que se llegue a contaminar el agua de los mantos y que resulte en una tragedia mayor.
El colectivo Sí a la Vida y los ejidatarios inconformes se encuentran en el proceso de recurrir a instancias internacionales contra el vertedero clandestino.
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