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Chihuahua.-A 30 años de que comenzaron a documentarse las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, aún hay una deuda que no se ha saldado por parte del Estado mexicano con las víctimas y contrario a ello, en voz de las madres y defensoras quienes han caminado por más de tres décadas en una entidad repleta de cruces rosas para exigir justicia y garantías de no repetición, la situación persiste, la impunidad impera y las personas servidoras públicas siguen incurriendo en prácticas que revictimizan y criminalizan a las niñas y mujeres.
En 1993 comenzaron a documentarse asesinatos de mujeres en el norte del país, en una época en la que el delito de feminicidio aún no se contemplaba en México. Antes de este año la violencia machista también le arrebataba la vida a las mujeres, la diferencia es que no se les nombraba.
Los esfuerzos de defensoras, madres y colectivas como Esther Chávez Cano, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, la colectiva Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Imelda Marrufo, Andrea Medina, Karla Micheel Salas Ramírez, Marisela Escobedo, Marisela Ortíz, Norma García Andrade, Julia Estela Monárrez Fragoso, entre otras, lograron que las mujeres fueran nombradas y reconocidas como víctimas de la violencia feminicida y la violencia institucional de una entidad que, ni entonces ni ahora, se ha preocupado por ellas.
Fue precisamente Esther Chávez Cano quien, por medio de diversos monitoreos en la prensa local, comenzó a nombrar y colocar en el ojo público a las mujeres asesinadas, quienes, en su mayoría, eran trabajadoras de las industrias maquiladoras de compañías multinacionales que dominaban la economía de Ciudad Juárez, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes. Muchas vivían en circunstancias precarias, a veces con una familia a quien cuidar, además se veían obligadas a recorrer grandes distancias solas, caminando o en autobús.
El panorama laboral precario, la falta de transporte público seguro, el machismo instaurado en la sociedad y la impunidad, provocaron que lentamente las cifras de muertes violentas de mujeres comenzaran a incrementarse.
Así se llegó a los primeros 10 años de la documentación de casos, tiempo en que la organización Amnistía Internacional México publicó el informe Muertes Intolerables. Hasta ese momento más de 370 mujeres habían sido asesinadas, de las cuales al menos 137 presentaron violencia sexual; sumado a ello, alrededor de 70 jóvenes todavía continuaban desaparecidas.
Durante esos primeros 10 años, la respuesta de las autoridades fue minimizar la violencia feminicida. Se trató a las muertes violentas como “comunes del ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación”.
“La falta de voluntad de las autoridades, tanto del gobierno del estado de Chihuahua como de las instancias federales, de asumir su plena responsabilidad de reconocer las dimensiones de este patrón e implementar políticas públicas efectivas ha dejado a la sociedad chihuahuense sin la debida protección que le corresponde y sin un remedio efectivo para las familias que han sufrido la pérdida de sus hijas, madres y hermanas”, señaló el informe en ese momento.
A la par de estas violencias, las familias de las jóvenes desaparecidas y asesinadas se organizaron en diversas asociaciones civiles. Su presión para que se hiciera justicia y se pusiera fin al patrón de desapariciones y homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua captó la atención nacional e internacional.
“Ni una más”
En Ciudad Juárez ya se pintaban las cruces rusas y se gestaron movilizaciones entre las que ya se lograba escuchar la exigencia “Ni una más”. Sin embargo, las autoridades se mantenían en su omisión.
Pasaban los meses y más nombres de mujeres se leían en las pesquisas pegadas en las paredes, otras jóvenes eran localizadas sin vida con signos de violencia; se detenía a un hombre, dos, y las autoridades daban por “terminada” la problemática, la revictimización no terminaba y el dolor de las familias se incrementaba.
“Las mujeres que tienen vida nocturna, salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse”, refirió en 1999 Arturo González Rascón, quien era entonces el procurador de Justicia del Estado.
Además de lo anterior, las autoridades estatales tampoco mostraron interés por sistematizar la información de los casos reportados ni por crear un registro eficaz que facilitara las investigaciones, la búsqueda y la sanción de los presuntos responsables de los crímenes.
En 1998 las madres, familiares y defensoras de derechos humanos también buscaron al gobierno federal y reclamaron la atracción de los casos a la Procuraduría General de la República (PGR) y la creación de un grupo interdisciplinario especializado para atenderlos:
“Las autoridades locales han sido rebasadas por los asesinatos y desapariciones de jóvenes mujeres, por lo que se hace necesaria la atracción del caso hacia la Procuraduría General de la República. Ya no se requiere sólo buena voluntad, se requiere un grupo especializado de criminólogos, sociólogos, abogados realmente capaces que analicen las causas y las consecuencias. Mientras eso no se haga veremos los mismos resultados, las desapariciones”, refirió el Comité Independiente por los Derechos Humanos de Chihuahua.
Sin embargo, la PGR argumentó que a pesar de la “presunta falta de diligencia por parte de autoridades estatales para prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos, no podían intervenir para determinar responsabilidades debido a su falta de competencia”, recordó Amnistía Internacional.
Entonces se registró la localización de ocho mujeres sin vida en noviembre de 2001 en un antiguo campo algodonero frente a la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez (AMAC), hecho que sentaría un precedente.
Más de 300 organizaciones civiles de todo el país lanzaron la campaña “Alto a la Impunidad: Ni una muerta más” para ejercer más presión sobre las autoridades estatales y federales e incrementar la atención mundial a los asesinatos.
Entre las mujeres localizadas se encontraban Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Su ubicación sin vida se dio después de que las autoridades no realizaran labores de búsqueda y se dedicaran a revictimizar y violentar a ellas y a sus familias.
Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González, trabajadora en una maquilladora, de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. Por otro lado, Esmeralda Herrera Monreal, trabajadora del hogar de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familias presentaron denuncias por desaparición, pero no se iniciaron las investigaciones correspondientes.
Campo Algodonero
En noviembre de 2001 fueron detenidos Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, chóferes de autobuses, acusados del homicidio de las ocho jóvenes que fueron localizadas en el campo algodonero. Sin embargo, se alegó que tras sus detenciones fueron víctimas de tortura.
Según los testimonios, los agentes que los detuvieron no presentaron ninguna identificación. Fueron arrestados delante de sus familias, a quienes no se les informó ni de las razones de su detención ni del sitio al que serían trasladados.
Además, a las víctimas se les continuó revictimización y a las familias se les frenó el acceso a la verdad y justicia.
Tras diversas violaciones a sus derechos humanos y a los procesos de búsqueda de justicia, familias, acompañadas por feministas de la entidad y abogadas, llevaron el Caso González y otras vs. México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2002.
En noviembre de 2007 procedió la demanda contra nuestro país por este caso. Y finalmente la Corte IDH dictó el fallo dos años después: el Estado mexicano fue responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
De esta forma, la Corte IDH estipuló en su decisión “los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Es decir, estableció directrices para identificar cuando estamos frente a casos cuyo móvil es la violencia de género”. Esta sentencia se encuentra pública para recordar al Estado sus obligaciones ante estos casos, no solo en Chihuahua, sino en todo el país.
Pero a más de 10 años de esta sentencia, “el Estado sigue en deuda con las víctimas”, aseguró Karla Micheel Salas Ramírez, una de las abogadas que acompañó a las familias en este proceso.
Durante el Foro “Muertes Intolerables: 30 años de feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua” -realizado el pasado 10 de agosto-, Salas Ramírez recordó que las madres de campo algodonero sabían que a las autoridades no les importaban sus hijas y que ahora, esto continúa siendo una realidad.
“La sentencia nos dio la posibilidad de que las víctimas fueran escuchadas. Pero seguimos teniendo una cultura que normaliza la violencia, no contamos con un marco normativo adecuado o las personas que deben llevarlo a cabo no lo hacen”, apuntó Karla Micheel Salas.
Ciudad Juárez y Chihuahua, luego de 30 años
Norma Laguna Cabral, madre de Idali Juache Laguna, desaparecida en Ciudad Juárez el 23 de febrero de 2010 y de quien solo recuperó algunos restos óseos en 2012, asegura que actualmente en la entidad hay retrocesos en materia de derechos de las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. Idali fue una de las víctimas localizadas en Arroyo El Navajo. En el 2014, la coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo, declaró a Cimacnoticias que en este caso había una estrecha relación con el delito de trata de personas; al día de hoy, este lugar es uno más de los símbolos de impunidad.
En entrevista con Cimacnoticias, Norma Laguna recordó que de 2010 al año 2012, cuando ella junto a otras madres de mujeres desaparecidas exigían justicia, lograron algunos avances en las investigaciones y en el actuar de las autoridades a través de la presión.
“Todos los días salíamos y buscábamos con cuál estancia ir, sí hubo un avance”, recuerda. Sin embargo, al día de hoy, “solo ha habido retrocesos y no hay avances en las investigaciones”, no solo en su caso, también en otros que acompaña.
En lo anterior coincide Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) -con sede en Chihuahua, Chihuahua- quien asegura que a 30 años de los asesinatos de mujeres que se registraron en la entidad, solo hay “una diferencia discursiva”.
“Hay una diferencia en la narrativa, la violencia contra las mujeres es algo incorporado al discurso, pero en los hechos no. Ese es parte del gran problema, que los derechos de las mujeres no terminan siendo prioridad en la vida real, por más que lo incorporen en su discurso”, señala la defensora.
Destaca que, a 30 años, las autoridades pasaron de negar a reconocer la problemática, incorporar al discurso, “pero se estancó”; “no hemos pasado de ahí, porque eso no se ha traducido en acciones, o si las hay, muchas veces desafortunadamente es para simular”, refirió Ruth Fierro en entrevista con Cimacnoticias.
“Tenemos 30 años y hay leyes, está el movimiento feminista, pero nos quedamos en la superficie; se crearon instituciones e instancias, pero no nos vamos al fondo, no solo en el tema del dinero. No estamos entrando al enfoque transformador, se decía desde Campo Algodonero: la razón de fondo o lo que hay detrás, es una sociedad que tiene profundamente arraigados estereotipos que terminan de consolidar un modelo de sociedad en donde la mujer es subordinada a los hombres y esto favorece el ejercicio de violencia, esto necesita cambiar, más allá de algunos cursos simulados, necesitamos transformar nuestra sociedad, erradicar los estereotipos, pero para eso se necesita incorporar a las escuelas, cambiar los planes de estudio e incluir a los medios de comunicación, a las iglesias, artistas, debe ser algo con enfoque transformador y correctivo, mientras no pasemos a tratar de erradicar realmente todos los prejuicios que existen en nuestra sociedad, la situación no va a cambiar de fondo”, sentenció.
Lo anterior se ve reflejado en los niveles de impunidad. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, del 2018 a 2022 se registraron 37 homicidios dolosos por razones de género, en total solo se registraron 10 sentencias. Es decir, hay un 70 por ciento de impunidad en Chihuahua, refirió Ruth Fierro.
Por su parte, Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, aseguró que en Ciudad Juárez el panorama es similar.
“La incapacidad instalada en las instituciones de investigación son las que hacen que tengamos esas cifras de impunidad, porque el caudal de pruebas y de evidencia oportuna es la que les permitiría acreditar los procesos. Si bien es cierto, paulatinamente hay un avance en eso, finalmente la capacidad instalada, las capacitaciones, los funcionarios y la capacidad presupuestal es muy precaria, eso es lo que hace que los índices de impunidad estén en ese nivel”, explicó a Cimacnoticias.
“Siempre se dice: donde está el presupuesto, está el interés del gobierno. Y lo podemos ver a nivel nacional, el presupuesto no está en fiscalías especializadas en tratar violencia contra las mujeres, no está en los institutos que se encargan de la política de igualdad en el estado, no está en los programas para prevenir la violencia contra las mujeres, no está ahí”, añadió Ruth Fierro.
¿Qué hace falta? Para Guadalupe Morfín Otero, ex comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez (creada en 2013 y que siempre careció de presupuesto, de acuerdo con la documentación que realizó Cimacnoticias en 2007), “falta mucho para que sea efectivo el acceso a la justicia”.
“Falta romper el pacto patriarcal. Falta que se asuma un pacto por las mujeres, que operen bien protocolos Alba, análisis de contexto, comenzar a sancionar casos ejemplares de personas con poder para enviar el mensaje de no impunidad, faltan protocolos periciales”, aseguró Morfín Otero respecto a la situación que enfrentan Ciudad Juárez y Chihuahua.
En Ciudad Juárez y Chihuahua hay “arrogancia e incapacidad”, refiere. Las pruebas, los testimonios y las cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que continúan colocando a Juárez como el municipio más violento para las mujeres, no mienten.
Tan solo de enero a junio de 2023 el Secretariado ha registrado 124 casos de muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente 24 se investigan como feminicidio, de estos casos, 15 se perpetraron en Juárez.
Mientras tanto, los clavos en la Cruz (colocada en 2001 frente al puente internacional como una forma de protesta) ya no son suficientes para contabilizar las vidas de las mujeres que fueron arrebatadas por la violencia machista.
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