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Por El Coahuilense
El caso de Jaime Bonilla, senador y exgobernador de Baja California, es un ejemplo de la contradicción que se expresa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto de los compromisos y promesas de más de dos décadas, afirma Jaime Martínez Veloz.
Porque, añade, Bonilla –el legislador que abandonó su escaño para ocupar una gubernatura de dos años y regresó al Senado– intentó extender su mandato en Baja California violando la Constitución; y sólo por la recia oposición y la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pudo evitar que el personaje se eternizara contra cualquier noción democrática.
En entrevista con El Coahuilense, Martínez Veloz habla de su más reciente libro, El Impostor. Crónicas de un infiltrado del FBI.
El volumen fue presentado en Saltillo el 29 de julio último, a invitación de esta casa editorial y los comentarios del periodista Carlos Alberto Arredondo.
Un juramento a la Constitución estadunidense, así como a la del estado de California, que habría pronunciado Bonilla como funcionario de ese país, sirve de arranque para repasar la historia de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y uno de los protagonistas de la llamada “Cuarta Transformación”.
En su portada, el volumen muestra foto de prontuario en la que aparece el senador morenista de frente y de perfil, identificado como el preso no. 13380, fichado por un fraude al Infonavit.
Se trata de un primer episodio de una carrera de claroscuros que ha llevado a Bonilla a enfrentar problemas con la justicia en México y en Estados Unidos. Esa y otras historias forman parte de un expediente documental reunido por el autor, Jaime Martínez Veloz; muestran, por si lo anterior fuera poco, la manera en la que, en medio de acusaciones de corrupción, Jaime Bonilla logró un acuerdo de infiltración en el Distrito de Otay, en San Diego, con el propósito de que el FBI investigara un caso de corrupción en la localidad.
Impreso en junio pasado, El Impostor contiene las investigaciones realizadas por Martínez Veloz, político que hasta 2019 participó en Morena y quien decidió disputarle a Bonilla la gobernatura de Baja California en 2019 por el PRD, partido en el que actualmente milita.
La trayectoria política de Martínez Veloz va de los movimientos universitarios y la militancia en partidos de izquierda en Coahuila al servicio público en gobiernos emanados del PRI, por el que fue diputado y, como tal, partícipe de la Comisión para la Concordia y Pacificación en Chiapas en los noventa; una ruptura con el PRI (por incumplir los Acuerdos de San Andrés) lo llevaron al PRD y, finalmente, a su integración al gobierno peñanietista como Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.
A partir de 2018 regresó de lleno a la política de Baja California con su mencionado paso por Morena, y luego como opositor a Jaime Bonilla.
Denuncias y megaproyecto
La participación política de Jaime Bonilla en Estados Unidos es pública y ha sido objeto de polémicas desde siempre por su ciudadanía que lo imposibilitaría para ocupar cargos públicos en México, pero también por los escándalos que han rodeado su desempeño en ambos lados de la frontera.
En Estados Unidos, donde Bonilla se postuló al Distrito de Agua de Otay, en San Diego California, fue denunciado por rebasar topes de gastos de campaña sin transparentar el origen de los recursos.
En 2001 enfrentó no sólo el escándalo de sus gastos, también acusaciones por corrupción que devinieron en una destitución por nepotismo, además de la contratación de un despacho que facturó 120 mil dólares en un breve periodo y que fue objeto de auditoría.
Martínez Veloz revela que Bonilla se convirtió en informante del FBI. Como tal, grabó numerosas conversaciones con un cabildero de nombre Art M Gastélum, al momento de ofrecer sobornos, según consta en expedientes judiciales de 2003.
El caso se abrió por el intento de consumar un contrato de obra de electricidad, por el cual Gastelum entregaría un millón de dólares a Bonilla y a otro miembro de la Junta de Agua. La investigación quedó irresuelta entre el desinterés de la Corte local, pues la causa era federal, y las prioridades del FBI que por entonces se centraron en terrorismo.
Para entonces, Jaime Bonilla formaba parte del Partido Republicano, dentro del cual apoyó la candidatura de John McCain a la Presidencia de Estados Unidos, también la de Duncan Hunter, el congresista sionista de San Diego California que propuso invadir México, así como a Bob Filner (exalcalde de San Diego por el Partido Demócrata), cuya carrera política terminó al declarase culpable de tres casos de acoso sexual que involucraba a 17 víctimas.
Militante y donante republicano, la influencia de Jaime Bonilla en San Diego creció –de acuerdo con el libro de Martínez Veloz– al extremo de intentar en años recientes impulsar una desalinizadora en territorio mexicano para abastecer de agua a San Diego.
Fue en el periodo del gobernador Kiko Vega y en el del propio Bonilla cuando el proyecto de la desalinizadora (para la cual el Distrito de Agua de Otay gastó cientos de miles de dólares en estudios) tuvo su mayor empuje.
Conocido por el intento de ampliar su periodo de dos años –para los que fue electo– a cinco, Bonilla escondía, según el autor, la verdadera intención de la extensión del mandato:
“Dicho proyecto, impulsado por Jaime Bonilla y Kiko Vega, terminó siendo abortado por deficiencias en la planeación, el ocultamiento del verdadero propósito de la planta desalinizadora. Sin embargo, le heredó a la actual administración de Baja California una deuda millonaria por concepto de pagos por incumplimiento de contratos (…)
“Estos eran los intereses que estuvieron detrás de la ampliación del mandato del gobierno de Baja California de 2 a 5 años”, escribió
Corrupción en México
El Impostor cuenta la historia de un personaje, Jaime Bonilla, que de ser empleado de maquila se convirtió en poderoso radiodifusor, político en Estados Unidos, y encumbrado en México por la 4T que, al hacerlo senador y luego gobernador y dejarlo regresar al Senado, se hizo de la vista gorda sobre sus antecedentes.
De acuerdo con lo documentado por el libro de Martínez Veloz, esa trayectoria la hizo mintiendo. Entre otros ejemplos: el senador asegura haber estudiado ingeniería en la UNAM, pero no existe cédula profesional que lo avale, en tanto el periodo de estudios que presume es el mismo en el que estuvo preso en Tijuana.
Además, Martínez Veloz refiere diferentes casos de corrupción durante el gobierno de Bonilla, en particular un esquema de extorsión mediante una empresa, Fisamex, que habría recaudado por un impuesto de agua alrededor de mil 800 millones de pesos.
La firma cobró al estado 20% del monto, unos 354 millones de pesos, de acuerdo a las conclusiones de la Auditoría Superior del Estado, publicadas en febrero último.
Destaca un capítulo dedicado al asesinato de Lourdes Maldonado, exreportera del grupo de emisoras de Bonilla, que causó revuelo porque, tiempo antes de ser asesinada, se presentó en la mañanera de López Obrador para denunciar presiones, hostigamiento y amenazas del entonces gobernador.
Sin ambages, Martínez Veloz sostiene que “todos los caminos conducen a PSN (nombre del conglomerado mediático de Bonilla)”.
Durante la presentación en Saltillo, realizada en el Museo del Desierto, Carlos Alberto Arredondo destacó los múltiples documentos y la historia que, por todos los vericuetos acreditados, supera las posibilidades de la ficción.
En tanto, el autor se refirió ampliamente a las experiencias obtenidas durante sus primeros años en la política y el movimiento social coahuilense, como la escuela en la que obtuvo las herramientas de la resistencia política.
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