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Sabinas, Coahuila.- Miguel Tinajero Martínez, abogado de dos familiares de los mineros que fallecieron en El Pinabete, le dio la razón al juez de control que decidió que no se procediera en contra de los dueños de la mina ya que fueron imputados por un delito equivocado: explotación ilícita de bienes nacionales.
“Desde un inicio yo hablé con mis clientes que la posibilidad de que ellos obtuvieron su libertad y así fue, todavía que había mostrado documentos donde se estaban pagando ellos un contrato de exploración y explotación del carbón, así mismo el dueño de la concesión estaba pagando sus impuestos, y en ese sentido por ese delito yo lo consideraba que había un auto de libertad, yo sentí que ellos no debieron haber llevado de esa forma el proceso, sino que era otra la forma”, dijo el entrevistado.
El detalle aquí, continuó, es que el gobierno federal omitió la cuestión de las medidas de seguridad en contra de los mismos que trabajan para el gobierno federal y del estado, la protección en relación con el trabajador en sus medidas de seguridad ese es el delito de omisión de cuidados.
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Destacó que desde un principio les hizo de su conocimiento a sus clientes, que lo que la autoridad estaba haciendo no era lo correcto en la forma de proceder jurídicamente contra los acusados.
“Los jueces hicieron un buen trabajo que hicieron resolver el caso con base en los documentos de prueba que les presentaron, y al juez no le puedes pedir algo que no existe, ellos vieron los documentos los analizaron y por ello otorgaron el auto de libertad, aquí hay que ver cómo está la investigación por parte de la fiscalía que por cierto ya solicité copia de la carpeta y no me la han hecho llegar, a mi criterio existe el delito de homicidio y hay que ver qué tipo”, dijo.
Agregó que lo viable es que los patrones se acerquen a las familias para realizar la reparación del daño, cosa que no han hecho.
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Se presentó denuncia penal y dos quejas contra el juez de control de Coahuila José Luis N., en relación al caso de la mina “El Pinabete”, el juez decretó la no vinculación a proceso de dos imputados por el delito de explotación ilícita de bienes nacionales.
El 7 de julio de 2023 decretó el sobreseimiento en favor del acusado Luis N., socio de la empresa minera, quien se encontraba vinculado a proceso.
El Ministerio Público solicitó al juez se excusara de conocer del caso por intereses personales, situación que fue reconocida por el tribunal de alzada.
El 16 de agosto 2023, dicho tribunal de alzada determinó que un nuevo juzgador retomara el caso.
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