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Por Valeria López Luévanos
Comienzo por rememorar dos episodios: Primero, el pasado miércoles 20 de julio recibí un reporte de la instancia municipal de la mujer en Gómez Palacio. Se trataba de una situación de violencia física en la pareja contra una chica que reside en Gómez, pero que es originaria de Matamoros, Coahuila. Su pareja, aparentemente adicta al cristal, la golpeó. En su cuerpo se observaban las marcas de los varillazos que testifican la violencia.
Al recibirla en la instancia y realizar el reporte correspondiente para darle atención, la mujer (quien al parecer también consume cristal) manifestó tener una pequeña niña de dos años que se queda a cargo de su abuela en el ejido Solima de Matamoros y que aparentemente está siendo víctima de abuso sexual y violación. Al saber de la situación, inmediatamente se avisó al DIF de Matamoros y a PRONNIF (la Procuraduría de los niños, niñas y la familia). La investigación sigue su curso y la menor fue retirada del domicilio y actualmente se encuentra a cargo de familiares cercanos.
El otro es un caso distinto: a principios de año un compañero me informó sobre una mujer de aproximadamente 30 años y sus hijas, quienes estaban siendo víctimas de violencia por parte de su ex pareja. Según su testimonio, el sujeto estaba tratando de entrar a su domicilio para quitarle a sus dos hijas, de 6 y 10 años aproximadamente.
Me anexaron fotografías y, en efecto, se observaba a las dos pequeñas niñas abrumadas por la situación, sentadas en un sillón que obstruía la puerta de la entrada junto a unas sillas apiladas. El Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Matamoros (CEJEM) dio atención al reporte, se enviaron unidades a realizar la investigación, pero nadie atendió en el domicilio pese a que nos comunicamos antes.
Por la noche, alrededor de las 11:00 pm, la joven madre se comunicó conmigo para decirme que iba en camino, junto con sus hijas, al domicilio de un amigo. Reporté la situación nuevamente al CEJEM por el riesgo que implicaba para las menores estar en un domicilio ajeno y donde, además, no podían recibirlas.
Una unidad del Centro de Justicia fue entonces por ellas para trasladarlas a la casa de transición de la institución. Al realizarles los cuestionarios y revisar las pertenencias de las menores para su ingreso formal, el personal del CEJEM se dio cuenta de que tanto las menores como la mamá portaban bolsitas de cristal.
Parte de la investigación determinó que la mujer era consumidora de cristal y que lo más probable es que la mayor de las niñas fuera usada para vender droga. Hasta donde se me informó, la mujer fue puesta a disposición del ministerio público para ser vinculada a proceso. Repito: la víctima de violencia que se acercó a la justicia terminó por ser vinculada a proceso.
Doy como ejemplo el terrible caso de esta pequeña de dos añitos que no cuenta siquiera con un registro oficial, y el caso de estas dos menores y su madre, para evidenciar la terrible cadena de violencias que se recrudecen con el consumo de cristal que, sin embargo, muchas veces se usa como un problema comodín para evadir una serie de problemas sociales que se esconden detrás.
Según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, en su Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México 2021, Coahuila junto a Durango, Colima, Michoacán y Jalisco, por mencionar algunos estados, han aumentado su consumo de ETA (estimulantes de tipo anfetamínico) conocidos coloquialmente como cristal, en un 218% de 2013-2020, dejando muy por debajo el consumo de alcohol y marihuana.
Parte de la información recogida señala que el 43% de la población consumidora cuenta con estudios de primaria, mientras que el 37% indica no contar con un empleo.
Estos datos llevan a pensar que el cristal es una droga accesible para la población que cuenta con menos recursos económicos que es, a su vez, también parte de grupos potencialmente vulnerables.
Cuando se toca el tema del consumo de drogas o de sustancias psicoactivas en la población en general e incluso en los grupos de especialistas y sus campañas de prevención, se suele estigmatizar a la población consumidora. Se habla siempre de las consecuencias del consumo, pero nunca de las causas de origen que llevan a este. Se pasa de largo la repetición de los ciclos de violencia estructural bajo la que han vivido, la repetición y exposición a patrones violentos, la pobreza, marginación y desgraciadamente el venir de hogares donde sus vínculos primarios, mamá, papá, o ambos, son consumidores.
En hogares como estos, las y los niños son siempre los más afectados. La omisión de cuidados, el abuso sexual y la violencia suelen acompañarlos desde la primera infancia. Algo que, si no se atiende oportunamente, suele acompañarles por el resto de sus vidas.
En la mayoría de los casos de mujeres que sufren violencia y que son adictas al cristal o algún otro tipo de droga, es poco probable que las acepten en un refugio para mujeres, ya que se considera que pueden poner en riesgo a otras mujeres, a sus hijos e hijas. Esto sucede tanto en los refugios que pertenecen al estado como a los de alguna asociación civil: no hay un lugar para ellas, en los peores casos el lugar es la prisión que en vez de ayudar castiga y profundiza las carencias familiares de los menores.
Esta falta de perspectiva sobre la problemática y la estigmatización de la población consumidora ha llevado al estado a no tener la infraestructura necesaria para atender integralmente los casos que cito: la violencia estructural que viven las mujeres y el resto de la población consumidora y el aumento del consumo de cristal.
Cualquier propuesta seria implicaría, además de las formas tradicionales de trabajo social, un esquema que le permita a quienes consumen sustancias poder tener acceso a la salud mental, algo que es cada vez más necesario y que desafortunadamente se ha convertido en un privilegio para unos cuantos.
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