Redacción El Coahuilense
Por El Coahuilense
Cuando la protesta de personal judicial llegó a Saltillo procedente de juzgados y tribunales de la Laguna, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila había iniciado, a través de su Oficialía Mayor, una serie de maniobras para la inhibición de los inconformes y el amago de represión laboral.
Con la circular No. OM-01/2023, emitida por el oficial mayor Manuel Gil Navarro y fechada el pasado 20 de septiembre, el Poder Judicial dictó una directriz en la que establecía que cualquier falta no sustentada en una incapacidad expedida por el ISSSTE sería considerada injustificada.
La circular es la acción represiva más reciente atribuible a Gil Navarro y otros funcionarios cercanos a Mery Ayup y, si bien es cierto que es legal, fue comunicada el 26 de septiembre, justo el día en que personal judicial se manifestó en las oficinas del presidente del Tribunal.
Esto último fundado en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo para el Gobierno del Estado de Coahuila, por la precariedad de instalaciones y condiciones laborales que padece el personal en Torreón.
Dos magistrados y cuatro jueces consultados por El Coahuilense confirmaron que los problemas en el TSJ tienen que ver con numerosos casos de acoso sexual, hostigamiento laboral, deterioro de instalaciones y equipos y una precariedad presupuestal al tal grado de no contar con agua potable ni papel sanitario.
Injusticia institucional
Entre los funcionarios señalados por arbitrariedades y abuso de autoridad destaca Beker Rodríguez Ganem, administrador de los juzgados penales orales, quien inclusive, de acuerdo con los denunciantes, ha presionado renuncias amenazando a personal del que quiere deshacerse, mencionándoles sus domicilios particulares y hasta nombres de sus familiares.
En la protesta del 26 de septiembre en las oficinas centrales del Poder Judicial en Saltillo estuvieron presentes Estefanía Cedillo Villalobos, Ramón Ramírez Grijalva e Israel de la Rosa, quienes aseguraron que se trata de más de una veintena de casos que, por resistirse a abusos laborales, fueron presionados para presentar sus renuncias.
Beker Rodríguez no consiguió su objetivo mediante las presiones, pero a los tres se les dio de baja por diferentes motivos sin tomar en cuenta sus antigüedades ni trayectorias.
La conducta de Béker Rodríguez se ha convertido en motivo de atención y cotilleo, pues luego de presentar su examen para ser juez penal reprobó. De la burla, el personal titulado en derecho ha pasado a la indignación pues la mayor parte de los abogados ganan salario mínimo (poco más de 3 mil 800 pesos quincenales) mientras el funcionario y su equipo ganan entre el doble y el triple, constituyendo una burocracia dorada en el Poder Judicial.
No obstante, Beker Rodríguez goza de una presunta cercanía con el magistrado presidente Miguel Mery Ayup, y esta se sustenta en los despidos ejecutados y las quejas desoídas por el oficial mayor, Manuel Gil Navarro, creando un ambiente de miedo que, con la circular mencionada, inhibió la participación a la protesta.
Los abusos sin ley
Las condiciones de trabajo en el Poder Judicial de Coahuila son descritas auténticamente precarias y en condiciones degradantes para la función que deben cumplir al menos en la Laguna, pues van de tratos indignantes y violatorios de derechos laborales fundamentales a realización de trabajos que no corresponden con el perfil profesional de una abogado.
Los abusos laborales denunciados consisten en jornadas forzadas de hasta 15 horas sin pago de horas extra y, a quienes desatienden esa carga de trabajo, se les inicia procedimiento por abandono de funciones.
Aun peor: una vez que el personal expresaba su inconformidad con la Oficialía Mayor del Poder Judicial, iniciaban las mencionadas presiones para exigir sus renuncias.
De manera similar las quejas por acoso sexual se han archivado sin sanción a los responsables, entre los que destacan mandos medios y altos funcionarios de los tribunales regionales.
En tanto, las instalaciones no sólo están deterioradas, sino que carecen de mantenimiento y aseo, de manera que abogados con cédula y experiencia en el sistema judicial, actualmente realizan labores de limpieza en baños y áreas de trabajo.
Por lo anterior, los inconformes identificados y aquellos que hablaron con El Coahuilense a condición de anonimato han solicitado no sólo a Mery Ayup sino al gobernador de Coahuila, que atienda las condiciones y ayude a que se respeten sus derechos.
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