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Alétheia.
Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
Los médicos recién egresados completan su formación en un ambiente de abuso y humillaciones. Se encuentran en total indefensión al no definirse claramente su estatus; son, a la vez, estudiantes y trabajadores según convenga a los intereses de sus patrones, sean éstos del sector público o privado.
La relación del aprendiz de medicina con su tutor no ha cambiado en lo esencial desde el siglo XVIII. Es una especie de esclavitud con más de 100 horas de trabajo semanales, con guardias de 36 horas continuas sin descanso y sin derecho a quejarse so pena de ser sancionados.
Sin esta fuerza de trabajo barata el sistema de salud nacional colapsaría (más). Pero, lejos de cambiar la situación de los médicos en formación, tanto las autoridades gubernamentales como las académicas legalizan esta forma de explotación humana.
Al respecto, Francisco Domingo Vázquez Martínez, ganador del premio MEY 2022 de ensayo corto, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consigna en su ensayo “Los estudiantes de medicina en México: víctimas del abuso público”, lo siguiente:
“El atropello a los ‘médicos en formación’ se corona con la complicidad de las universidades e instituciones de educación superior que, además de participar en la elaboración de las NOMs (normas oficiales), delegan a las unidades médicas su obligación constitucional de garantizar la educación”.
Los médicos internos o pasantes (prestadores de servicio social) reciben una bicoca –algunos ni eso– equivalente a la tercera parte de lo recibido por los becarios del expolio Jóvenes Construyendo el Futuro e, incluso, menor a las becas Benito Juárez otorgadas a los estudiantes de los niveles medio superior y superior.
La situación de los médicos residentes (cursantes de una especialidad) no es diferente; reciben, a pesar de contar con título y cédula profesional, una beca –que no salario– equivalente ni siquiera a la mitad, sino a la tercera parte de lo que percibe un médico general de base.
Al no existir otra opción para titularse o especializarse, aceptan semejantes condiciones. No sin manifestar su descontento o estar dispuestos a defender su dignidad, sus derechos humanos y laborales.
Ejemplos de lo antes mencionado han sido el movimiento médico de 1964-1965 o el del año 2000, cuando un grupo contestatario de médicos, ante la abrumadora diferencia de salarios entre los residentes y los servidores públicos del sector salud, lograron la homologación de la “remuneración” a nivel nacional.
Sin embargo, el ciclo de abusos no cesa a pesar que desde hace más de 20 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha observado a las autoridades de salud por violentar sus derechos laborales, a la educación, a la salud, así como a una vida digna y libre de violencia.
El 21 de febrero de 2023, Zoé Robledo, en su columna publicada en el diario Milenio, titulada “Es la hora de los residentes”, textualmente expresó:
“Para llegar a los lugares más apartados, a donde nadie quiere ir, es la hora de las y los residentes (…) Para ellos, hemos integrado nuevas sedes (…) para que puedan acudir a formarse en zonas rurales, de alta marginación y con enormes necesidades (énfasis añadido)”.
Lo anterior, de conformidad a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-001-SSA3-2012, referente a la “Rotación de Campo” que debe realizar el médico residente del último año de la residencia médica correspondiente.
Sin lugar a dudas, la intención de brindar un servicio médico de calidad con especialistas a los más vulnerables es muy loable.
Sin embargo, para lograrlo las unidades médicas receptoras de residentes para rotación de campo, deben contar con la infraestructura, equipamiento y personal requerido para la práctica de la especialidad médica, entre otras formalidades.
Además del servicio prestado, los médicos deberán alcanzar los objetivos de formación académica de su especialidad. Lamentablemente, por las carencias en el sector salud, tan castigado su presupuesto año con año durante este gobierno (es un decir), ninguno de los objetivos se cumple satisfactoriamente. En su artículo, así como en múltiples entrevistas, Zoé Robledo se jactó que los residentes contarían con la mayor seguridad y un bono de 4 mil 800 pesos para renta por los seis meses de duración de su rotación en campo.
Como podría suponerse, no se ha cumplido con dicho apoyo de manera puntual. Los primeros residentes que fueron enviados a cumplir con su rotación, regresaron sin él y, en el mejor de los casos, se los entregaron retroactivamente e incompleto para cubrirles nada más 4 de los 6 meses.
Hoy día, en Colima, un grupo de valientes residentes se reveló y está tomando acciones para que la federación cumpla con su deber de cubrir las prestaciones ofrecidas en tiempo y forma, como se les exige cumplir rigurosamente con su labor.
Desgraciadamente, la respuesta a sus demandas fue una amenaza de ser sancionados administrativamente.
¿Hasta cuándo los legisladores o los juzgadores federales frenarán los abusos a los médicos en formación?.
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