perse
El pasado 21 de junio, la defensora de derechos humanos, Soledad Jarquín Edgar, denunció las omisiones y violaciones del Estado mexicano en el caso del feminicidio de su hija, María del Sol Cruz Jarquín. La activista declaró ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. Se trata del primer caso de feminicidio de Oaxaca que llega ante el comité.
La fotorreportera María del Sol Cruz fue asesinada el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, lugar al que fue comisionada en contra de su voluntad para cubrir los actos de campaña de Hageo Montero, hermano de Francisco Montero, el titular de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), en donde trabajaba la joven.
Tras cuatro años de su asesinato, la justicia no ha llegado. Ante ello, Soledad Jarquín afirma que el caso de su hija es un ejemplo de las violencias y la impunidad que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes oaxaqueñas.
La organización feminista Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca (Consorcio Oaxaca) ha acompañado la lucha de Soledad Jarquín, por lo que dio a conocer la declaración de Soledad ante la CEDAW:
“En México esperamos cuatro años para que las autoridades cumplieran con su deber, pero la justicia no nos llegó. El camino, en cambio, estuvo caracterizado por la misoginia, plagado de actos de corrupción, abuso de poder, negligencias y omisiones.
Por largo tiempo hemos dicho que #JusticiaParaSolEsJusticiaParaTodas, por eso llegamos hasta aquí, a la casa de los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, para denunciar al Estado Mexicano por perpetuar y garantizar la impunidad, por violar repetidamente el derecho al acceso a la justicia, por investigar de manera parcial y sin perspectiva de género, por brindar protección a perpetradores intelectuales y materiales del artero crimen que costó la vida de mi hija y por negar la verdad histórica de lo sucedido el 2 de junio de 2018.
En casi mil 500 días, el deber de las autoridades se fue diluyendo. Un gobernador (Alejandro Murat), dos fiscales generales de Oaxaca, una fiscal de delito electoral y otro anticorrupción. Así como un presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), una Secretaría de Gobernación… En total suman alrededor de 20 funcionarios públicos estatales y federales que por acción u omisión contribuyeron a construir el crimen perfecto: el de la impunidad institucional.
Con mi hija María del Sol se cometieron varios delitos y la cadena sigue: el agravio más cruento fue arrebatarle la vida. Luego el robo de su equipo, un delito electoral y siguen porque al negar el acceso a la justicia siguen violando el derecho que como familia y sociedad tenemos de castigar, de acuerdo a la ley, a los perpetradores, incluyendo al funcionariado que sistemáticamente nos negó la justicia.
Todo ello a pesar de distintos llamamientos hechos por diputados de Oaxaca, del Congreso Federal y del Senado de la República. Así como al menos 20 llamados de organismos internacionales oficiales o de organismos de la sociedad civil.
Nada ni nadie pudo con la decisión de negarnos el derecho a la verdad histórica y con ello evitar que los hechos se repitan y de esta forma el Estado Mexicano faltó a su deber, por lo que junto con la organización civil Consorcio Oaxaca tomamos la determinación de buscar la justicia internacional.
Aunado a que, en noviembre del año 2021, la propia Fiscalía sobreseyó parcialmente la carpeta de investigación reconociendo las graves deficiencias que presenta y dejando en libertad al único detenido en este caso.
Además, en este mismo mes de noviembre 2021, sesionó el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca, un ejercicio de justicia ciudadana encabezado por cinco juezas, expertas en la materia, quienes emitieron una resolución en la que determinaron que el único camino para la justicia para María del Sol era el tocar las puertas internacionales.
Aquí estamos entonces, hoy en Ginebra, en busca de esa sanción internacional, estamos en las puertas del Palacio Wilson, este edificio histórico donde tiene su sede la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), para presentar el primer caso de feminicidio de Oaxaca. Buscamos que la ONU judicialice y sancione a los responsables de feminicidio de mi hija y abonemos con ello a detener un flagelo que lacera, lastima y tortura a las familias de las víctimas y a la sociedad mexicana, la impunidad en la que permanecen miles de feminicidio en México.
Impunidad que las madres no estamos dispuestas a permitir”.
Lee la nota original en CIMAC Noticias
Foto de Citlali López/CIMAC Noticias
TE RECOMENDAMOS LEER:
