Expertos han planteado la posibilidad de que la aparente crisis de disponibilidad de agua en la Región Sureste de Coahuila tenga sus raíces en una práctica cuestionable: el «tráfico de registros de extracción».
De acuerdo con el análisis de documentos y estadísticas oficiales, propietarios de terrenos rurales en el municipio de Parras obtuvieron documentos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que amparan la operación de pozos inexistentes.
Esta hipótesis se desprende de una serie de acuerdos generales firmados por el expresidente Enrique Peña Nieto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2013.
La expedición de estos acuerdos supuestamente implicó la suspensión del «libre alumbramiento de las aguas subterráneas en todo el territorio nacional», según la Conagua.
Sin embargo, desde la promulgación de estos acuerdos, la Conagua ha continuado emitiendo registros de libre alumbramiento, lo que ha tenido un impacto significativo en la disponibilidad de agua en el acuífero Saltillo Sur. Este acuífero abastece tanto a la población urbana como rural de la capital coahuilense.
La situación deficitaria que se ha registrado en el acuífero Saltillo Sur podría estar en tela de juicio si se confirma la existencia de pozos inexistentes respaldados por documentos gubernamentales, por lo que la crisis podría ser ‘sólo de papel’.
Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión del agua en la región y la necesidad de abordar posibles irregularidades en la concesión de registros de extracción de agua subterránea.
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