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Por Renata Guzmán Collignon
Vianney apenas tenía 26 años, pero ya cargaba con un matrimonio violento. En el último año de su unión padeció violencias constantes y la intensidad de las agresiones cada vez eran más graves. En 2020 su marido la golpeó con tanta fuerza que debió ser internada en un hospital de Saltillo. Ahí permaneció durante varios días.
Su pesadilla se tornó tan insoportable al grado que rompió su silencio y denunció al agresor. Ella comenzó a reconstruir su vida cuando tomó a sus hijos para irse a un refugio. Ahí se resguardó hasta que su esposo fue detenido.
El caso de Vianney apenas es uno de los tres mil 500 de violencia familiar denunciados en Saltillo en ese 2020.
El delito con mayor incidencia en Coahuila es la violencia familiar, y Saltillo y Torreón son las ciudades donde más ocurre, de acuerdo con las denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
Coordinador del Observatorio Ciudadano de Seguridad de Coahuila, Gonzalo Villanueva Ibarra expone la evolución de la incidencia delictiva, basado en la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y en los recientes reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Expone que, a finales de 2018, el SESNSP publicó que en Saltillo dos mil 908 casos fueron denunciados, y en Torreón, dos mil 631.
En 2019 los casos en Saltillo se incrementaron en 20.07%, al registrarse 730 denuncias más para un total de tres mil 638. En Torreón este delito avanzó 4.40% alcanzando dos mil 752 denuncias.
En 2020 el índice se redujo levemente: en la capital del estado su comisión descendió 3.26% y en Torreón la baja fue de 14.10 por ciento.
En 2021 y 2022 la violencia familiar se desató con un aumento de 11.52% en Saltillo, con un total de cuatro mil 471 casos y en Torreón el incremento fue de 17.86%, con un total de tres mil 304 denuncias.
El fenómeno es tan grave que el gobierno ha creado diferentes instancias y establecido una coordinación interinstitucional para atenderla: el Instituto Coahuilense de las Mujeres, que depende directamente del gobernador; el Centro de Justicia y Empoderamiento, de la Secretaría de Gobierno; el Área Especializada en Mujeres, en la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se coordinan con el Registro Civil, las secretarías de Salud y Educación, así como con el Instituto Estatal de la Defensoría Pública.
Fue en esa red institucional en la que Vianney encontró la manera de salir del ciclo de violencia que sufría. Pero los datos reflejan que son miles de mujeres las que no denuncian.
Cifra negra
A sus 35 años Mayra sobrevivió a un oscuro capítulo marcado por la violencia familiar. Maltratos, golpes, insultos y humillaciones se convirtieron en su cruel realidad sumiendo su autoestima “por debajo de los suelos”. En medio de un calvario, Mayra llegó a pensar en el suicidio. Sintió que no había más puertas abiertas para ella.
En un estado donde el suicidio es una de las principales preocupaciones en las zonas urbanas, su historia estremece por ser el de una lucha contra la violencia doméstica. En un intento desesperado por escapar de ese infierno Mayra tuvo el coraje para buscar ayuda y después compartir su experiencia.
De acuerdo con Martha Rivera, directora de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), la alta incidencia reportada se relaciona, en parte, con la confianza que se ha despertado en la sociedad y que lleva a una víctima a interponer una denuncia.
“Si hay algo que es democrático en el mundo, es la violencia”, considera Rivera. La funcionaria se refiere a la abundancia de casos que llegan procedentes de cualquier lugar. Por ejemplo, en Saltillo puede haber una víctima en el exclusivo Residencial San Alberto y de igual manera de la colonia precarista Valle Escondido.
“Como sociedad creemos que la violencia es algo que tiene que ver con un carácter socioeconómico. Que en zonas que tienen un nivel socioeconómico menos favorable se da más la violencia, pero la realidad es que es un fenómeno tan grande e igualitario que lo encontramos en toda la sociedad. Lo que pasa es que no toda la sociedad lo denuncia”.
La denuncia es uno de los temas más complejos en ese tipo de delito. Si se contrasta la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) con los datos del SESNSP, el resultado es que en torno a 85% de las personas que sufre violencia familiar no denuncia.
En lo que va de 2023, a diferencia del índice de 2022, las denuncias han disminuido. Ante la Fiscalía de Justicia sólo en Saltillo se han registrado tres mil 795 delitos, pero se calcula que al finalizar el año cuatro mil 995 casos serán reflejados, lo que plantearía el indicador más alto de los últimos años. En Torreón van dos mil 180 denuncias y se prevé que al terminar el año 726 casos se sumarán, para un total de dos mil 906.
Hasta ahora no es posible determinar si hay una reducción en la violencia o sólo en las denuncias, pues, por otra parte, de acuerdo a la ENSU, las ciudades de Coahuila con mayores registros de casos son también las que tienen más información sobre las redes de apoyo institucional y los programas para atender el flagelo.
De acuerdo con su testimonio, Mayra asegura haber escuchado sobre el apoyo de organizaciones locales y profesionales especializados de las instituciones públicas cuando decidió enfrentar a su agresor, e iniciar un proceso de sanación. Hoy su valentía inspira a otras víctimas a romper el silencio y buscar ayuda ante situaciones similares. Su salvación fue animarse a denunciar.
Violencia en perspectiva
Catedrática con 25 años de experiencia, Martha Rivera Hernández, directora de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado, aborda las complejas dimensiones de la violencia doméstica, su origen histórico y los esfuerzos interinstitucionales para prevenirla y combatirla.
Se trata, expone, de un fenómeno arraigado en la sociedad, una realidad que afecta a personas de diversas clases sociales y ubicaciones geográficas. Destaca la importancia de comprender que su erradicación implica cambios fundamentales en la manera en que la sociedad aborda los conflictos.
La violencia –detalla Rivera– es un fenómeno aprendido, transmitido por generaciones.
La directora de Investigaciones Especiales aborda el origen biológico de la violencia, argumentando que, históricamente, las mujeres dependían de los hombres para su supervivencia durante el embarazo y el puerperio.
La desigualdad de género se intensificó con la colonización española desplazando los roles igualitarios de las mujeres prehispánicas hacia una posición de desventaja.
El surgimiento de métodos anticonceptivos, como la píldora, cambió el juego al dar a las mujeres el control sobre su reproducción y, por ende, sobre sus vidas.
Así que Rivera sostiene que ese cambio generacional ha llevado a una reconfiguración de los roles tradicionales de género, desafiando las nociones de masculinidad arraigadas en la sociedad.
Para la entrevistada, ante esos anclajes históricos hay instrumentos que, aun siendo sencillos, son eficaces, como por ejemplo el “Violentómetro”, una herramienta desarrollada por la UNAM que clasifica la gravedad de la violencia, desde amenazas leves hasta feminicidio. Esta herramienta visualiza cómo la agresión puede fluctuar y proporciona una comprensión más clara de su progresión.
En cuanto a la denuncia de casos de violencia, Rivera explica los diversos canales disponibles, desde denuncias presenciales hasta el uso de asistentes virtuales y predenuncias en línea. Sin embargo, destaca la importancia de salvaguardar la seguridad de las mujeres al facilitar mecanismos que eviten su revictimización.
En ese sentido, sostiene, mientras haya una mayor cantidad de denuncias los casos de feminicidio se reducen, algo que atribuye a la capacidad y velocidad de la respuesta institucional.
Es por ello que Rivera destaca la necesidad de denunciar y no perpetuar los estereotipos que alimentan la violencia.
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