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Ciudad de México.- Luego de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2019 e incorporarse a Movimiento Ciudadano (MC) Noé Castañón Ramírez, llega a uno de los máximos puestos políticos, al ser nombrado vicepresidente del Senado y lo hace con un legado de acusaciones desde el 2016 por presunta violencia intrafamiliar interpuesta por su ex esposa, Mayte López García quien hizo público el caso contra el legislador por «usar su poder para no permitirle acercamiento con sus tres hijos y violentarla institucionalmente».
Noé Castañón Ramírez, hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Noé Castañón León, fue acusado por su ex pareja de utilizar su poder para impedirle ver a sus hijos, según lo narrado a la prensa en 2016, el ahora militante de MC fue protegido por funcionarios públicos de Chiapas, al ser acusado de golpear a su mujer y ejercer falsedad al declarar que ella maltrataba a los niños, por lo que se los quitó de manera violenta y luego los trasladó ilegalmente de ciudad.
Entonces, Mayte López presentó una denuncia por violencia familiar y la sustracción de los menores de edad, pero los juzgados favorecieron a Castañón Ramírez con la custodia y con acuerdos de convivencia que lo beneficiaban principalmente a él.
Hasta 2018, previo a su toma de protesta como senador por el PRI, que Castañón Ramírez fue detenido por violencia familiar y trasladado a un penal en Chiapas, de donde pudo salir días después tras pagar una fianza de 20 mil pesos, por lo que en octubre del mismo año, tomó protesta como senador; aunque se giró otra orden de aprehensión en su contra por “falsedad de testimonio”, el Tribunal de Justicia del estado de Chiapas decidió no vincularlo a proceso y permitirle mantener a sus hijos, aunque les impidiera ver a su madre.
El 30 de agosto de 2018, Noé Castañón Ramírez, aún como militante del PRI, fue detenido en Nuevo León por presuntamente haber cometido violencia familiar hacia Mayte López González, por lo que fue el único que no rindió protesta ni asistió a la sesión constitutiva del Senado.
Incluso, se giró una orden de comparecencia contra él, luego de que ya no regresó a una audiencia sobre el caso, en Chiapas, luego de que fue detenido en Monterrey cuando regresaba de Las Vegas.
La acusación por violencia vicaria
En conferencia de prensa, luego de que fue arrestado el aún senador priista por Chiapas, Mayte López González, su ex esposa, exigió castigo legal por la presunta violencia familiar de la que ha sido víctima y por lo que dijo el rapto de sus tres hijos menores.
López González afirmó que el litigio contra el ex diputado local y ex dirigente local del PRI en Tuxtla Gutiérrez, ha sido largo y parcial, debido a las influencias del hijo del ex ministro, quien es abogado.
Aseguró también que el legislador federal le arrebató a sus hijos con violencia para trasladarlos de la Ciudad de México a Chiapas, y además interpuso una denuncia contra ella por supuestos actos violentos contra los niños, la cual no procedió, pero fue el argumento para mantenerla alejada de sus hijos.
López González abundó que fue separada de sus pequeños en septiembre de 2016, y se interpusieron diversas denuncias penales en contra de Castañón Ramírez por la sustracción de los infantes “y por las falsedades con que se conduce ante la autoridad judicial”.
A finales de octubre de 2022 la Sala Primera Familiar del Tribunal Superior de Justicia, ordenó al senador del partido Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez, que permitiera la convivencia inmediata de sus tres hijos con su mamá, a quien se le arrebató y escondió por seis años a sus hijos.
En ese momento, la Sala resolvió dicha sentencia por acreditar violencia vicaria en contra de Mayte López, ex esposa de Noé Castañón; quien además de interponer una denuncia por el arrebato de sus hijos, acusó al senador de MC de utilizar sus influencias en Chiapas para separarla de sus tres hijos por más de seis años, obligándola incluso a pagar una pensión alimentaria al legislador.
El 26 de octubre del 2022. Mayte López explicó que en una resolución emitida el 1 de septiembre del mismo año, la autoridad federal le pidió a la Sala 1° Familiar del Tribunal Superior de Justicia que cambie los lineamientos “donde claramente se demuestra y fundamenta con la verdad que todo lo dicho por el senador Noé Castañón ha sido manipulado a su favor ilegalmente”.
La Sala modificó la sentencia y dictaminó: un régimen de convivencias, inmediata, con mis 3 hijos, en un lugar donde él no pueda intervenir; serían cada 15 días, sábado y domingo, en un centro de convivencias en la actual ciudad de residencia de los niños.
Las convivencias son para volver a crear y sanar el vínculo materno filial, el cual está gravemente afectado por el daño psicoemocional que han sufrido en todos estos años.
Y es que refiere Mayte López que el senador Noé Castañón le puso una denuncia penal falsa por violencia familiar, “para obtener medidas de protección y mantenerme alejada de mis 3 hijos, medidas que han durado ilegalmente seis años”.
La sentencia definió también la guarda y custodia, para lo cual se determina se realicen estudios psicológicos a los 3 menores de edad a Castañón Ramírez.
La víctima de violencia vicaria señala que respecto “a la excesiva pensión que tenía determinada, se solicita se verifiquen mis ingresos”.
Senadoras se unieron en apoyo de Mayté
Las senadoras Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, presentaron un punto de acuerdo, el 18 de septiembre de 2018, para exhortar al Poder Judicial de la Federación para actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como es el caso de los hijos de Mayte López García.
En la justificación del punto de acuerdo, las legisladoras señalaron que Mayte López García denunció ante las autoridades ser víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex esposo, el exsenador del PRI y ahora está en la bancada de MC, Noé Castañón Ramírez, quien el 22 de septiembre de 2016, llegó con un comando de 10 personas al domicilio en la Ciudad de México, donde habitaba la señora con sus tres hijos, ingresaron por la fuerza y le arrebataron a sus pequeños de 3, 5 y 7 años de edad, evitando desde esa fecha que la madre de los niños tenga convivencia o contacto con ellos.
Indicaron que Mayte López acudió ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México, con la finalidad de que a través de su intervención se evitara la continuación de las arbitrariedades y el uso de la fuerza por parte de su ex pareja.
Sin embargo, reprocharon que la actuación de las autoridades en materia familiar de la Ciudad de México se había visto retrasada, porque la defensa de Castañón Ramírez interpuesto diversos juicios de amparo en la Ciudad de México y en Tuxtla Gutiérrez. La dilación en la resolución de estos juicios ha impedido que Mayte López pueda reencontrarse con sus hijos.
“Se presentó un juicio de amparo el 23 de marzo de 2017 el cual fue sobreseido y actualmente se encuentra recurrido a través del amparo en revisión 80/2018 presentado en febrero de 2018. Este juicio fue motivado por la cancelación de medidas de seguridad que había solicitado Noé Castañón Ramírez en contra de Mayte López García”, se precisa en el punto de acuerdo.
Las senadoras de Morena y PAN mencionaron que Mayte López ha denunciado públicamente que Noé Castañón Ramírez ha utilizado su poder político y económico para retrasar los juicios y evitar que las denuncias que ha presentado contra él por violencia familiar y otros delitos, prosperen en el ámbito penal.
Indicaron que Noé Castañón en el momento de los hechos era senador electo, por ello un grupo de senadoras y senadores lo exhortaron para que no rindiera protesta como senador y espere a que se resuelva su situación jurídica, ya que el fuero fue pensado como una inmunidad para proteger la labor legislativa, no para gozar de impunidad y utilizarlo para evadir responsabilidades personales.
Asimismo, pidieron a la Mesa Directiva del Senado de la República, presidida en ese entonces por Martí Batres Guadarrama, para que no le tomara protesta a Noé Castañón para evitar que el fuero se convirtiera en una herramienta para evadir responsabilidades legales y salvaguardar intereses personales.
Señalaron que el Senado de la República debe asumir la obligación de brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones y deslinden responsabilidades, respetando la presunción de inocencia, pero ponderando el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
También, incluyeron información sobre otro juicio de amparo indirecto presentado el 6 de octubre de 2016, que se tramitó ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 972/2016, juzgador que decretó la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado para el efecto de que no se llevara a cabo la plática con los menores hasta en tanto no se resolviera en definitiva el juicio de amparo. Este juicio, después de una revisión y diversos retrasos, fue resuelto en agosto de 2018. Es decir, casi dos años después.
Cabe mencionar que en la Suprema Corte de Justicia y de la Nación, así como en la Sala Primera Familiar del Tribunal Superior de Justicia, no se pudo localizar el número de expediente de la resolución con fecha 1 de septiembre de 2022, donde se modificó la sentencia y quedó: “Régimen de convivencias inmediatas de Mayte López con sus 3 hijos en un lugar donde Noé Castañón no pueda intervenir, por lo que serán cada 15 días, sábado y domingo, en un centro de convivencias, en la actual ciudad de residencia de los niños.
El presunto secuestro
Desde el momento en que el político de MC se llevó a los 3 hijos, Mayté López perdió todo tipo de contacto con los menores, hasta seis años más tarde, en 2022, cuando la Magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente, Ponente del 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, le otorgara un amparo a su favor.
En ese momento, López García denunció un prolongado proceso legal que tuvo diversas irregularidades a favor de su ex pareja, con el respaldo de lazos familiares de Noé Castañón León y solicitó que se diera cumplimiento a lo ya sentenciado:
“Después de 6 años de que el Senador Noé Castañon de Movimiento Ciudadano Chiapas me arrebató y escondió a mis 3 hijos, la #JUSTICIA de este país me da una luz de esperanza al concederme este amparo. Pido a todas y todos los ministros de la @SCJN se dé cumplimiento a lo ya ordenado en sentencia. Frente Nacional contra Violencia Vicaria”, señaló.
Sin embargo, a 7 años de haber sido acusado de violencia intrafamiliar y de secuestrar a sus propios hijos, incluso salir del PRI por dichas acusaciones, Noé Castañón Ramírez ocupa el cargo de vicepresidente del Senado, con respaldo de Movimiento Ciudadano, partido político encabezado por Dante Delgado.
«Intrigas y desinformación»
A través de sus redes sociales, Noé Castañón Ramírez escribió una serie de mensajes, donde agradeció el apoyo de su familia, especialmente de su padre, Noé Castañón León, y expresó que, para su familia, él había sido víctima de “una cámara que te fue hostil por intrigas y desinformación”.
“En una cámara que te fue hostil por intrigas y desinformación. Aquellos momentos fueron muy difíciles y lastimosos, como injustos, que solo la tenacidad, tus valores y tu gran templanza (sic) te impulsaron a superarlos y te permitieron brillar con encomiable capacidad”, publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
Así anunció el senador de MC su nuevo cargo político, el cual, destacó, es uno de los puestos más importantes para frenar a la oposición y remarcó que tardó cinco años, después de que salió del PRI y unirse a las filas de MC, en lograrlo:
“Hoy con el voto de mis compañeras y compañeros del Senado de la República asumo con responsabilidad el cargo de Vicepresidente, el más alto posible para la oposición. Costó 5 años demostrar con trabajo la verdad, que, aunque tarda siempre sale a relucir, frente a la crítica barata”, justificó en un mensaje en la red social.
Ley 3 de 3
El viernes 28 de abril, una ley histórica para las mujeres fue aprobada en el Senado de la República. La llamada “3 de 3” logró pasar por mayoría de votos pese a los obstáculos, y ahora está en los congresos locales esperando por su aprobación definitiva. Detrás de esta iniciativa nacida en el seno de la sociedad civil se encuentra una exigencia que, si bien surgió de una experiencia personal, pronto encontró eco en todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia en razón de género por parte de quienes ostentan el poder en México.
Desde 2018, la 3 de 3 está siendo impulsada a nivel local y federal por la colectiva Las Constituyentes Mx, un grupo de mujeres cuyo objetivo es incidir directamente en la construcción de la vida política de México para que nunca más haya leyes sin nosotras. Esta iniciativa de reforma constitucional es la número ocho en su lista y —como su nombre lo indica— consiste en hacer obligatorios tres requisitos para todo aquel que quiera ocupar un cargo público en México.
La 3 de 3 propone que para ser postulado o nombrado como funcionario público, una persona no debe tener una sentencia definitiva por:
1. Violencia sexual
2. Violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.)
3. Ser deudora alimentaria morosa
Esta propuesta comenzó a formarse luego de que Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes, fuera víctima de violencia y tortura ejercida por elementos policiales en el estado de Guerrero en 2017. Cinco meses después de los hechos —contó en entrevista para Cimacnoticias— la 3 de 3 comenzó a gestarse dentro de su colectiva. Todo inició con una publicación de la activista a través de redes sociales, donde convocó a las interesadas a unirse en la planificación de la medida que finalmente se está concretando a nivel federal.
¿Cuál era el mensaje que buscaba transmitir Yndira?
“Decir desde el dolor que atraviesa el cuerpo que ningún agresor puede estar en el poder cuando atenta contra ti el Estado, cuando quien te va a juzgar es el Estado, quien te va a investigar es el Estado y quien va a determinar si hay justicia o no para ti es el Estado”, afirma Yndira con la misma firmeza en esa voz que se escucha en mítines, manifestaciones y, más recientemente, en el Senado mexicano.
“¿Qué hace un agresor siendo parte de las estructuras del Estado?”
En México tenemos varios ejemplos de funcionarios que, pese a haber ejercido violencia contra las mujeres, siguen ocupando puestos públicos desde los cuales —se supone— tienen la tarea de impartir justicia. Un caso a nivel local es el de J.R.N, un juez en Oaxaca que lleva cerca de 12 años negándose a reconocer a su hijo y darle una pensión alimentaria. Él es juez de lo familiar y, por lo tanto, está encargado de dictar sentencias como las que él mismo ha estado evitando todo este tiempo.
A nivel nacional hay otros casos reconocidos públicamente como el de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación en 2021 por una mujer que era menor de edad al momento de la agresión. Salgado pretendía postularse como candidato para la gubernatura de Guerrero, pero en medio del escrutinio público, su meta se vio truncada por motivos que nada tenían que ver con la denuncia en su contra. Actualmente, el político defendido por Andrés Manuel López Obrador ocupa un curul en el Senado de la República.
“¿Qué hace un agresor siendo parte de las estructuras del Estado?”, se pregunta Yndira Sandoval ante situaciones como estas. La respuesta es cruda y dolorosa: estos hombres siguen ejerciendo el poder para estar bajo el cobijo de la impunidad. Pero, con la 3 de 3, estos privilegios van a terminar, y con ello se abrirá paso a la justicia para las víctimas de diferentes tipos de violencia.
Y es que, si bien Yndira fue atravesada por un tipo de violencia en específico, ella y sus compañeras de Las Constituyentes Mx decidieron no ceñir la iniciativa únicamente a esa expresión de la violencia de género. En su andar en el movimiento feminista, ellas reconocen otras violencias como la económica, la patrimonial, la psicológica, la física y la familiar, entre otras.
De igual forma, Yndira Sandoval (quien además es consultora especializada en género y derechos humanos) hace énfasis en la violencia sexual, y en el hecho de que cuando ésta es ejercida por funcionarios del Estado siempre se considera tortura. Esto, debido a la asimetría de poder entre la víctima y el victimario.
“Cuando las mujeres somos víctimas de las violencias perpetradas por agentes del Estado, éstas se vuelven violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, si bien la 3 de 3 viene de un tema sumamente personal, como siempre lo comentamos, es un tema político”, explica la activista al respecto, y agrega que esto “es un asunto de justicia para todas”, en el cual, actos como las disculpas públicas son insuficientes para garantizar la no repetición de estos hechos.
Así, la 3 de 3 tiene como objetivo sacar a los agresores de las cúpulas del poder, del manto de la impunidad y de aquellos sitios donde la impartición de justicia ha quedado truncada.
El problema que hoy presenta la Ley 3 de 3 es que necesita una sentencia firme para hacerse efectiva y la dilación de los procesos judiciales en México suponen un obstáculo para alcanzar esta consideración.
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