Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Tras darse a conocer que una jueza ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) restaurar las Escuelas de Tiempo Completo, se informó que esta institución promoverá un recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria, para que el Tribunal Colegiado revoque la suspensión y la niegue, pues “nunca se dejó sin apoyo a niñas, niños y adolescentes beneficiarios”, aseguró la SEP en un comunicado.
Cabe destacar que el programa Escuelas de Tiempo Completo fue independiente hasta el año 2020. Para 2021 su presupuesto se integró al de La Escuela es Nuestra. Sin embargo, hubo un recorte considerable al programa, agravándose la situación en 2022, cuando finalmente se dio por desaparecido.
Lo anterior aún cuando el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su Evaluación del Servicio de Alimentación del Programa de Escuelas a Tiempo Completo, recomendó incrementar el presupuesto federal por estudiante.
La jueza Elizabeth Medina Alcántara ordenó a las autoridades federales restaurar las Escuelas de Tiempo Completo, con el objetivo de respetar los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, además de cubrir la responsabilidad de cuidados que el Estado debe brindar para reducir la carga de trabajo no remunerado que se delega en las mujeres madres de familia.
La organización Mexicanos Primero dio a conocer que dicho resultado se da tras una demanda de amparo presentada por sus integrantes luego de que el pasado mes de febrero la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó las Escuelas de Tiempo Completo de sus reglas de operación.
“En la demanda se reclama, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria, y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica”, destacó Mexicanos Primero en un comunicado.
La Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México también reconoció que tras la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de ellas para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando así la posibilidad de que las madres desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía.
Cabe destacar que dicho programa llegó a beneficiar a 27 mil escuelas y a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes recibían horas adicionales de clases, mientras que 1.6 millones contaban con un servicio de alimentación, de acuerdo con información de Mexicanos Primero.
Con la orden emitida por la jueza, llama al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas, incluyendo la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a “adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquellas Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”.
Es decir, incluso se pueden establecer nuevas reglas de operación para garantizar que el programa Escuelas de Tiempo Completo subsista con el plan actual: “La Escuela es Nuestra”
La existencia de espacios que cubran la tarea de cuidados no se trata de una dádiva, pues el Estado tiene la obligación de brindar garantías que permitan reducir la carga de trabajo no remunerado que ha sido delegada principalmente a las mujeres.
Al respecto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, destaca que el trabajo de cuidados es una cuestión de derechos humanos y políticas públicas, el cual debe ser abordado como tal y no como “filantropía o benevolencia”. En ese sentido, las Escuelas de Tiempo Completo deberían ser un componente esencial por parte del gobierno federal para contribuir en la redistribución del trabajo de cuidados.
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