perse
Por Christian Luna
El 16 de noviembre último el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Rodríguez Briones, acudió al Congreso de Coahuila a entregar el Informe Anual de Resultados de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022, mismo que guarda las transacciones realizadas por las instancias públicas de la administración pública de la entidad.
En este informe se realizaron diversas auditorías de cumplimiento; entre ellas, las relativas a inversión y obra pública, que en su totalidad suman irregularidades por 215 millones 143 mil 202.37 pesos en 165 observaciones.
El reporte sobre la Cuenta Pública ocurre en un contexto en el que empresarios y funcionarios como Andrés Osuna Mancera, subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la Región Centro, denunció que el gobierno federal recortó a Coahuila más de 70% de la inversión para infraestructura desde 2018.
Fueron un total de 66 auditorías que registran las deficiencias normativas en los procesos de adjudicación de los contratos con proveedores y las deficiencias físicas y técnicas en la realización de los trabajos contratados durante la inspección de las obras públicas.
El informe lo recibió la diputada Edna Dávalos, coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Esta comisión tendrá que dictaminar y presentar al pleno los resultados de la revisión.
De acuerdo con la diputada Natalia Virgil, integrante de la Comisión de Finanzas y Hacienda, las observaciones de adjudicación significan que no se utilizó la Ley de Obras Públicas para asignar al ganador de la licitación. O que, siendo una obra por un monto determinado, se asignó en forma directa cuando debió haber sido mediante otro procedimiento.
En cuanto a las observaciones de deficiencias técnicas y físicas, éstas resultan cuando los materiales utilizados en las obras incumplen las especificaciones correspondientes. Los resultados se obtienen vía laboratorios. La legisladora puso como ejemplo el espesor de un pavimento ya que éste tiene que cubrir requerimientos específicos.
Saltillo, con más anomalías
Los procesos de adjudicación son regulados por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila. Las irregularidades que se publicaron en el informe de Rodríguez Briones obedecen a faltas en los procesos o normas expuestas en dicha ley sin precisar de qué trata cada observación pero sí revelando el monto.
En el tema de las irregularidades en los procesos de adjudicación el informe señala que se trata de 160 millones 13 mil 366.84 pesos en 88 observaciones de 30 auditorías que indican una cantidad.
El municipio de Saltillo es el que presenta la mayor cifra de observaciones, con un total de 87 millones 413 mil tres pesos. Este monto se encuentra dentro de siete observaciones otorgadas por la ASE.
Le sigue el municipio de Monclova, que durante el mismo ejercicio fiscal 2022 tuvo 15 observaciones por 33 millones 257 mil 541 pesos en procesos de adjudicación. Después el ayuntamiento de Múzquiz, por un monto de 21 millones 115 mil 254 pesos en 15 observaciones.
Entre los Poderes del estado y las entidades autónomas el único que presentó esta deficiencia en los contratos fue el Ejecutivo, representado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, con un monto de cinco millones 667 mil 945.16 pesos en cinco observaciones.
Deficiencias en obra pública
Otros tipos de resultados que arrojan las auditorías de cumplimiento en inversión de obra pública es la que señala las deficiencias en la realización de los trabajos contratados y que aparecen durante la inspección de las obras.
Estas deficiencias físicas y técnicas en la construcción de obras públicas o prestación de servicios también contienen montos millonarios por la cantidad de 55 millones 129 mil 835.53 pesos en 33 auditorías de este tipo que arrojan 72 observaciones.
El Poder Ejecutivo es la entidad con más deficiencias registradas en obras públicas y servicios recibidos: $35 millones 457 mil 172.25 en 22 observaciones.
Le sigue el ayuntamiento de Francisco I Madero, con un monto de un millón 465 mil 232 pesos en 12 observaciones; después el ayuntamiento de Viesca, por una cantidad de dos millones 164 mil 319 pesos.
De la revisión a la eventual sanción
En general, los 146 entes públicos que presentaron Cuenta Pública 2022 tuvieron observaciones por más de tres mil 913.14 millones de pesos.
En el Informe Anual de Resultados 2022, que contiene de manera individual los montos que no comprobaron en su gasto, principalmente, se reportan 146 entes públicos, entre los tres poderes, así como 38 municipios, Sistemas de Agua y organismos descentralizados del estado y los municipios, los cuales sumaron dos mil 478 revisiones.
De los tres mil 914 millones de pesos de irregularidades, dos mil 541.60 millones de pesos fueron en el rubro de cumplimiento, mil 72 millones por una mala expedición de los CFDI del SAT, y 299.49 millones de pesos por observaciones al gasto de inversión u obra pública.
El informe presentado al Congreso estatal será analizado por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y posteriormente se generará un dictamen que será presentado al Pleno.
En lo que corresponde a la Auditoría Superior del Estado, los resultados serán turnados al área de investigación, para que a su vez se hagan llegar al Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, para abrir los procesos que correspondan en caso de que las observaciones no sean subsanadas y se conviertan en irregularidades, generando una responsabilidad de tipo administrativo o incluso penal.
Una vez que el área de investigación de la Auditoría realice su función de determinar responsabilidades administrativas y penales, pasarán a formar parte de las notificaciones a los Órganos Internos de Control de los entes públicos obligados, a fin de que emitan la sanción correspondiente; en el caso de los montos que sean presumiblemente constitutivos de algún delito, serán informados a la Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción.
Cuello de botella
El Coahuilense, en ediciones anteriores, publicó el cuello de botella de carpetas abiertas que actualmente se encuentran en la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila. Las denuncias que surjan de este Informe Anual de Resultados de la Cuenta Pública 2022 se sumarán a las carpetas abiertas que el órgano especializado no ha podido resolver.
En el Informe de Seguimiento a los Resultados del Primer Semestre de 2023, la Auditoría Superior de Estado (ASE) publicó el estatus que guardan 382 denuncias ante dicha fiscalía. Los casos fueron interpuestos contra servidores públicos por irregularidades graves relacionadas con más de 10 mil millones de pesos en menos de 10 años, hasta 2021.
La información muestra que, de dicho número de denuncias, hay 296 carpetas de investigación aún abiertas, las cuales representan 77% del total.
De acuerdo con el plazo expuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estarían a punto de prescribir más 169 denuncias contando las registradas a partir de 2017, mismas que representan 44% del total.
Al respecto, el diputado independiente de la actual Legislatura, Rodolfo Walls, tachó de “caricatura” al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), encargado de vigilar e impartir justicia en el tema de las observaciones realizadas por la ASE.
“En Coahuila todo el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no es más que una caricatura. Ya sabemos que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas prácticamente no existe más que para voltear para otro lado, y, en general, todos los organismos encargados de combatir la corrupción están totalmente sumidos en ser cómplices del gobierno estatal”, denunció.
Mencionó como ejemplo de tráfico de intereses que hay dentro del SEA, lo que ocurrió con el exdirector del Consejo de Participación ciudadana Juan Adolfo Von Bertrab, quien después de su salida pasó a ser el director de Obras Públicas del municipio de Torreón.
Además, recordó que el 22 de noviembre último, en la sesión de Congreso, Jesús Homero Flores Mier, actual fiscal Anticorrupción, recibió el visto bueno por la mayoría de los legisladores locales para patentar una notaría pública.
Flores Mier no fue el único funcionario o exfuncionario que recibió la fiat notarial, en la lista también se encuentran Lizbeth Ogazón Nava, diputada local por Morena; José Guillermo Anaya Llamas, exlegislador federal y candidato del PAN a gobernador; Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública; y Azalea Maldonado Wong, directora del Instituto Coahuilense de la Juventud.
TE RECOMENDAMOS LEER: https://www.elcoahuilense.com/5-regiones/los-laguneros-de-riquelme-entre-el-exodo-y-el-chapulineo/
