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Expertos señalaron la falta de transparencia y la necesidad de una agenda ciudadana en la Sexagésima Segunda Legislatura.
Marco Antonio Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, resaltó la ausencia de herramientas para medir adecuadamente las acciones legislativas y aboga por la creación de mecanismos de participación ciudadana.
Zamarripa enfatizó que, en el actual contexto electoral, los congresos deberían acercarse más a los ciudadanos, y no solo basarse en el número de iniciativas presentadas, sino evaluar su impacto real.
“Es importante que contemos con una medición del desempeño legislativo y hoy no la tenemos desgraciadamente”.
Destacó la falta de instrumentos de monitoreo que proporcionen información suficiente para una evaluación objetiva de la labor legislativa.
Por otro lado, Jorge Espejel Lomas, integrante de la iniciativa Satélite Político, critica los vicios persistentes en la legislatura saliente, señalando la aprobación apresurada de temas cruciales al final del periodo ordinario.
“Esta legislatura refrenda la manera de trabajar que tiene el Congreso de Coahuila: que cuando termina un sexenio en el último periodo ordinario se aprueba de manera fugaz temas que trazan el futuro político del estado entre ellos la repartición de las notarías”.
Lomas destacó la presencia de legisladores con alta representación política pero escaso compromiso legislativo, señalando casos de inactividad durante tres años.
Espejel Lomas también subrayó que ambos congresos ya han firmado un convenio, pero insta a establecer bases reglamentarias y legislativas para una competencia más homologada y justa en la región.
A nivel nacional, el Informe Legislativo 2023 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) destaca pendientes y riesgos en los poderes legislativos estatales, como la falta de contrapeso, ausencia de estudio del presupuesto y falta de fiscalización.
Se sugiere la inclusión de reglas y sanciones para diputados y funcionarios que incumplen sus obligaciones, así como la revisión transparente y obligatoria de los informes de finanzas públicas por parte de los legisladores.
Además, se recomienda mejorar los mecanismos de supervisión y contrapeso, así como la participación de centros de estudios y comisiones en la verificación de informes para prevenir malos manejos de recursos públicos.
El informe revela que el Poder Legislativo tuvo asignados 437.21 millones de pesos para este año, con una contribución de 131.5 pesos por habitante.
Con información-KC
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