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Torreón, Coahuila.- Los colectivos de personas desaparecidas en Torreón encabezados por Silvia Ortiz del Grupo Vida y Yolanda Morales del Colectivo “Búscame” dieron a conocer que en México existen aún más de 110 mil hombres y mujeres desaparecidas, por lo que exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador salir en su búsqueda y no volverlos a desaparecer como lo han hecho con los cerca de 13 mil que ya no aparecen en sus registros.
Dieron a conocer a través de un documento entregado a los medios de comunicación que “En el Informe presentado el pasado 14 de diciembre en la conferencia mañanera del presidente López Obrador sobre el supuesto Censo realizado por el gobierno federal a través de los Servidores de la Nación, violentando los supuestos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se miente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reducen a 12 mil 377 personas”, aseguraron.
Advierten hay una falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados.
“Rechazamos dicho informe porque desaparece a los desaparecidos: NO aceptamos que reduzcan a 12, 377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición, NO aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26, 090, NO aceptamos que de 36,022 personas digan que no tiene indicios para buscarlas, señaló Silvia Ortiz.
El presidente Obrador y sus subordinados desconocen la obligación legal que tienen como Estado mexicano y gobierno para investigar, a través de las fiscalías general y de las entidades, todos los datos suficientes y todos los indicios, para buscar, identificar y encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos y desconoce las atribuciones legales de las Comisión Nacional de Búsqueda y las de las entidades para realizar dicha tarea.
O acaso cree que las familias y colectivos de personas desaparecidas son las que tienen que seguir supliendo las obligaciones de investigar para conseguir datos suficientes y para conseguir los indicios para entregárselas a las autoridades.
Denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro, así como la falacia de las cifras que presentan como resultado. Porque además es una incongruencia que digan que son 12 377 personas desaparecidas confirmadas mientras en los Servicios Médicos Forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar lo que significa que están desaparecidas.
Rechazamos cualquier intento de elaborar lineamientos ajenos a nuestros derechos y de reformar la Ley en materia de desaparición de personas para desaparecer a las comisiones de búsqueda de las entidades federativas, aunque hemos cuestionado su eficacia y resultados, somos claros que se ha sumado la falta de investigación, de búsqueda y diligencias básicas que se evidenció con la fallida información mínima sobre las personas desaparecidas que le corresponden a las fiscalías general y locales y la terrible realidad de que no son autónomas, y en la mayoría de ellas están los perpetradores de las privaciones ilegales de la libertad o los cómplices de quienes desde los grupos criminales han desaparecido a nuestros seres queridos. No lo aceptaremos.
Exigimos que se cumpla con nuestros derechos adquiridos, como son las medidas de ayuda por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de las necesidades de sobrevivencia diaria, son recursos para las diligencias esenciales de búsqueda de nuestros desaparecidos, para las atenciones médicas. La Comisionada de CEAV, no sólo no convoca al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sino que instruye y alienta al personal para que se nos maltrate y no respondan ni atiendan los servicios que están obligados por ley para la dignidad de las víctimas. Su propuesta de reglas o lineamientos afectan nuestros derechos y violentan el principio de progresividad, así como el principio pro-persona y demandamos participación conjunta como familiares y colectivos en la construcción de propuestas legales, normativas o lineamientos que nos afectan.
Exigimos al gobierno federal que, en lugar de desaparecer a nuestros desaparecidos, con carácter urgente se elabore, conforme lo establece la legislación en materia de desaparición y nuestra participación directa, un plan y un proyecto para la búsqueda de todas las más de 110 mil 964 personas desaparecidas, así como la identificación de las más de 56 mil personas sin identificar, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales para atender la crisis de desapariciones que hay en su gobierno.
Exigimos al presidente, una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha, pues si nos vemos obligados a movilizamos y presentar recursos legales como los amparos, es porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localice sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad.
Son tantas las violaciones a nuestros derechos como familiares y a la dignidad de nuestros seres queridos desaparecidos que se han cometido que expresamos nuestra firme indignación por sus acciones y le exigimos que busque a las casi 111 mil personas desaparecidas y no las vuelva a desaparecer.
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