Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
La intentona por desfalcarle seis millones y medio de pesos al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) apenas si se contuvo. Una serie de maniobras en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), encaminadas presuntamente a indemnizar a 21 exempleados del extinto Partido Joven, encendieron las alarmas en el organismo electoral, cuyo presidente, Rodrigo Paredes Lozano, quiso perpetrarlo a toda costa.
El expediente de la “indemnización” estaba cerrado desde 2019, y 20 de los 21 asuntos habían prescrito. Sin embargo, una maquinaria se echó a andar el 27 de junio último, cuando la JLCA requirió el pago de los seis millones 435 mil pesos al IEC, donde el propio Rodrigo Paredes presionó al secretario ejecutivo y a la directora de administración para que liquidaran ese dinero el 28 de julio inmediato.
De acuerdo con el oficio IEC/P/119/2023, dirigido al entonces secretario ejecutivo del IEC, Rodrigo Paredes –en su calidad de presidente del organismo– urgía la transferencia en los siguientes términos:
“Esta situación de carácter extraordinaria requiere de un minucioso cumplimiento a pagos estrictamente necesarios en el ejercicio presupuestal, por lo que se solicita que, de ser necesario, se suspenda el pago del tercer bono al personal del instituto por no contarse con condiciones de suficiencia presupuestal para su otorgamiento”.
Paredes Lozano pretendía que, a costa de los trabajadores, se realizara un pago que, días después, la propia JLCA consideraba un cobro infundado.
La historia data de seis años, pero fue el 10 de julio último cuando el asunto se abordó en la sesión de la Comisión de Vinculación del IEC, citada para tratar temas “extraordinarios” relativos al proceso electoral de 2023, que para entonces había concluido. Además se anunció que abordarían temas relacionados con las elecciones de ayuntamientos en 2024.
En esa sesión el consejero Óscar Daniel Rodríguez Fuentes tomó la palabra para exigir que el presidente Rodrigo Paredes aclarara un informe remitido por la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto Nacional Electoral (INE), en relación con el pago de seis millones 435 mil 750 pesos a 21 personas.
Las mencionadas 21 personas no eran exempleados del IEC, sino del Partido Joven, una efímera formación política con registro estatal que estuvo activa y recibió prerrogativas de 2012 a 2017, en ese último año perdió el registro y, en consecuencia, debió entrar a un proceso de liquidación instruido por el IEC que, al efecto, contrató a Humberto Domínguez Cabello ex profeso como liquidador.
Para el 14 de diciembre de 2017 las 21 personas firmaron acuerdos individuales ante la JLCA. Dichos acuerdos fueron suscritos por quienes se ostentaban como empleados del Partido Joven, así como por Esdras Cuauhtémoc de la Cruz, quien fungía como secretario general de dicho partido y al mencionado Humberto Domínguez Cabello, por el IEC.
El origen del problema para el IEC radica en que ese día Domínguez Cabello signó los acuerdos para “dar por terminada la relación de trabajo” con el Partido Joven y el IEC. Es decir, en el acuerdo quedó asentado que el IEC es patrón junto con el Partido Joven, como si el partido fuera un apéndice del IEC.
Los acuerdos signados por los extrabajadores y el Partido Joven enumeraban conceptos reiterados (por ejemplo, vacaciones y prima vacacional), y las cantidades pactadas fueron de los 21 mil 780 pesos a los 80 mil 372 pesos, para un total de 591 mil 126 pesos.
Dichos finiquitos debían pagarse el 16 de enero siguiente, es decir, en 2018, con una penalización de 88 pesos con 36 centavos por cada día de retraso del pago.
La anomalía del esquema era observable desde el momento en que el mencionado Esdras Cuauhtémoc de la Cruz aparecía como patrón, pero también era uno de los beneficiarios del acuerdo como empleado, es decir, que el representante de la patronal fungía a su vez como trabajador, para el caso, uno de los 21 demandantes.
A Esdras de la Cruz le tocaban originalmente 39 mil 539 pesos, pero la cifra aumentó hasta superar el medio millón conforme a la cláusula de penalización.
En los documentos, sin embargo, no aparecen todas las firmas de los demandantes y hasta hubo omisión en datos básicos de un procedimiento legal.
Una nulidad
La manera en la que el acuerdo signado el 14 de diciembre de 2017 incluía al IEC como patrón, no fue motivo de acción por el organismo electoral sino hasta cumplirse un año desde que se firmó.
El 14 de diciembre de 2018 el entonces secretario ejecutivo del IEC, Francisco Torres Rodríguez, pidió formalmente la nulidad del acuerdo en virtud de que el órgano electoral no tenía por qué cubrir los costos de los adeudos laborales.
El alegato era básico: el IEC nunca tuvo relación laboral con los 21 exempleados del Partido Joven, que era una organización política con personalidad jurídica y patrimonio propios. En tanto, el liquidador contratado por el IEC no debió signar el documento pues no tenía capacidad jurídica ni estaba facultado para hacerlo.
Hasta entonces ninguno de los 21 interesados se habían presentado a cobrar.
Y resultó que la JLCA le dio la razón al IEC en junio de 2019: declaró nulas todas las actuaciones, esto incluye los acuerdos individuales, por diversas causas entre las que destacan que no fueron firmados por todos los integrantes de la Junta, que Humberto Domínguez, el liquidador, carecía de facultades para signar al IEC como “deudor solidario”.
El recurso interpuesto por el secretario ejecutivo del IEC fue resuelto mediante un acuerdo de la JLCA –que no tiene fecha, pero habría sido dictado en junio de 2019– en el cual se declara “nulo todo lo actuado”, es decir, se determina que los convenios carecen de valor, entre otras causas porque no fueron firmados por todos los integrantes de la Junta.
También se reconoce que el interventor, Humberto Domínguez Cabello, no tenía capacidad jurídica ni facultades para firmar ese convenio, y, por si fuera poco, se establece que en los expedientes ni siquiera se acreditaba la relación laboral.
En sentido estricto y legal el asunto estaba cerrado para el IEC sin responsabilidad ni adeudo.
Intento de cobros raros
En la mencionada sesión del 10 de julio de 2023 el consejero Óscar Daniel Rodríguez solicitó que se aclarara el tema que, de repente, se había convertido en una exigencia de la JLCA: el pago de 6.43 millones de pesos, con cargo al IEC.
Rodríguez expuso que el caso “pareciera un asunto de corrupción. Pareciera que hay algo ahí que no cuadra” y realizó diversas puntualizaciones:
Que el requerimiento de la JLCA fue entregado directamente por Rodrigo Paredes, sin pasar por la Oficialía de Partes de la institución, como es el procedimiento ordinario.
Que el presidente del IEC actuó “de manera oficiosa” al “revivir” un asunto que, después quedaría claro, ya había sido archivado por la propia Junta.
Luego llamó a Rodrigo Paredes a denunciar el asunto porque parecía un fraude, y añadió:
“No es la primera vez que a este instituto se le intenta hacer un fraude. La primera vez la tuvimos hace un par de meses cuando a la Presidencia le hablaron supuestamente de la Secretaría de Finanzas diciendo que teníamos que depositar 980 mil pesos para que nos hicieran la liberación de un recurso por parte de Finanzas”.
Aquella vez, cuando le exigieron a Rodrigo Paredes denunciar, alegó que fue un asunto como particular, un intento de extorsión que, pese a haber solicitado una cantidad específica del organismo, redujo para librar su carácter de titular del IEC.
Paredes ofreció informar a detalle sobre los hechos relativos a las indemnizaciones y dijo que citaría al Comité de Administración para saber cómo actuar en el asunto de los 21.
Tras la sesión del 10 de junio, la situación fue a peor: el IEC emitió un comunicado informando que la JLCA requirió el pago, pero éste no se realizó porque la autoridad laboral se retractó.
Habría sido la JLCA que en su oficio, según el comunicado del IEC, notificó dejar sin efecto la orden de liquidar porque “no advirtió que los 20 convenios estaban prescritos”.
Un amparo interpuesto por Martín García Salinas, exempleado del Partido Joven, contra la nulidad declarada por la JLCA en 2019, regresó el asunto a la Junta, que aún no la resuelve.
Ante este escenario es notorio que el presidente del IEC, Rodrigo Paredes, haya enviado oficios entre el 27 y el 30 de junio a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Secretaría Ejecutiva solicitando que se cubriera el adeudo y se realizaran las adecuaciones presupuestales necesarias.
Fueron estas áreas las que, en lugar de autorizar la erogación, buscaron antecedentes y advirtieron en la sesión del 14 de julio que se estaba reabriendo, reviviendo, un asunto que estaba concluido desde 2019.
La conducta de la JLCA fue cuando menos sospechosa tanto por haber emitido dos órdenes contradictorias en apenas cuatro días, como por reiniciar un asunto que, en cualquier caso, estaba sujeto a un nuevo laudo.
Con el caso de los 21 exempleados cerrado, y acaso un litigio pendiente, después de intentar revivir el pago, sin mayores argumentos, el presidente del IEC, Rodrigo Paredes Lozano, terminó afirmando a reporteros que requería una ampliación presupuestal para, entre otras cosas, cumplir con el pago de abogados en ese litigio.
TE RECOMENDAMOS LEER:
