Redacción El Coahuilense
El proceso penal contra los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa sigue en curso, afirmó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a pesar de que fueron excarcelados por una juez ante «falta de pruebas” y pagar una fianza para alcanzar la libertad condicional.
La respuesta del PJF se da a partir de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de que la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó este martes una carta enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde advertía de la liberación de los ocho militares investigados por la desaparición de los 43 normalistas.
El CJF afirmó que “está comprometido con la transparencia de las resoluciones jurisdiccionales”.
Los militares aún “se encuentran sujetos a un procedimiento penal seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por el delito de desaparición forzada”, precisó.
Explicó que en el proceso judicial se expusieron los “argumentos que consideraron pertinentes para justificar sus pretensiones para enfrentar su proceso en libertad” y se les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, “tomando como sustento la naturaleza del delito referido y lo preceptuado al respecto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Asimismo, explicó que los militares promovieron un juicio de amparo indirecto que le correspondió al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México resolverlo y concederles el amparo.
En acatamiento a tal ejecutoria de amparo, el pasado 20 de enero, indicó que el juez encargado del caso resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva justificada y determinó medida cautelar, pero no privativas de libertad, al considerar que la Fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad.
Asimismo, el CJF dijo que si incumplen los militares las medidas cautelares, dejan abierta la posibilidad de la fiscalía para que solicite nuevamente su modificación.
El fin de semana, una jueza federal del Estado de México ordenó excarcelar a los ocho militares «por falta de pruebas», por lo que seguirán su proceso en libertad condicional al pagar 50 mil pesos cada uno.
Ante las críticas, el presidente López Obrador, sin embargo, cuestionó el actuar del Poder Judicial, al argumentar que en esta carta habían alertado a la titular de la Suprema Corte de las implicaciones de liberar a los militares.
El episodio representa un nuevo choque del Presidente con la Suprema Corte, pues en marzo pasado el mandatario afirmó que «apenas llegó» la nueva presidenta «se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes».
Pese a las quejas del Gobierno, han incrementado las acusaciones de las familias de las víctimas y organizaciones civiles sobre que el Ejército y el presidente están encubriendo a los militares.
Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, aseveró el domingo que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litigan contra la investigación.
La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares, echando por tierra la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto conocida como “Verdad histórica”.
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